La depuradora de Pinedo, situada en València, presta servicio a una amplia parte del área metropolitana y está siendo objeto de una profunda renovación para mejorar la eficiencia energética, la calidad del agua tratada, la fiabilidad de sus instalaciones y las condiciones ambientales de su entorno.
La instalación también es conocida por el caso Emarsa, una macrocausa de corrupción relacionada con la gestión de la planta entre 2004 y 2010, durante la cual se acreditó el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público mediante facturas por servicios inexistentes o infladas.
Qué es la depuradora de Pinedo
La depuradora de Pinedo da servicio al área metropolitana de València y es la mayor de la Comunitat Valenciana y una de las más grandes de España.
La instalación gestiona las aguas residuales de Valencia y de numerosos municipios próximos, y sus vertidos tratados contribuyen al estado del curso bajo del río Túria, perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Municipios servidos
La población servida incluye Paiporta, Paterna, Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla y Valencia.
| Elemento | Información |
|---|---|
| Instalación | Estación Depuradora de Aguas Residuales de Pinedo |
| Ubicación | Pinedo, València |
| Masa de agua beneficiada | Curso bajo del Túria |
| Organismo hidrográfico | Confederación Hidrográfica del Júcar |
| Población servida | Paiporta, Paterna, Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Burjassot, Catarroja, Llocnou de la Corona, Massanassa, Mislata, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla y Valencia |
Objetivos de la reforma de la depuradora
El objetivo perseguido con la actuación cofinanciada por la Unión Europea es mejorar el estado de las aguas y la gestión de los recursos hídricos europeos, para lo que se va a reformar la Estación Depuradora de Agua Residuales de Pinedo, mejorando la eficiencia de los procesos y la calidad del agua tratada.
La depuradora se someterá a una profunda renovación con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y su funcionamiento, además de reducir las molestias que los vecinos del entorno llevan años padeciendo.
Las obras de remodelación de la depuradora, presupuestadas en 34 millones de euros, han recibido propuestas de cinco empresas durante el periodo de licitación pública, con una importante presencia de compañías valencianas.
Se espera que la fase de estudio técnico finalice en los próximos meses pudiendo producirse la propuesta de adjudicación antes del verano.
Principales líneas de actuación
Según explicó Navarro, una parte de las medidas a ejecutar mediante este contrato estarán encaminadas a minimizar los impactos por olores y ruidos y a garantizar la calidad del vertido, otras a la optimización, acondicionamiento y aumento de la fiabilidad de las instalaciones, y, finalmente, otro paquete de medidas estará destinado a aumentar la eficiencia energética de las instalaciones, su automatización y la actualización del sistema de control.
- Minimización de los impactos por olores y ruidos.
- Garantía de la calidad del vertido.
- Optimización y acondicionamiento de las instalaciones.
- Aumento de la fiabilidad del sistema.
- Mejora de la eficiencia energética.
- Automatización de los procesos.
- Actualización del sistema de control.
Producción de biogás y aprovechamiento de fangos
Durante la visita, personal técnico de Epsar explicó las características del tratamiento por hidrólisis del fango que se ha instalado en la depuradora de Pinedo y que va a permitir maximizar la producción de energía mediante el incremento de la obtención de biogás.
Gracias a una inversión de 2,34 millones de euros se aumentará en 1,25 gigavatios-hora el aporte energético propio.
Asimismo, este sistema va a permitir la reducción de la producción de fangos en casi un 12 %, de manera que se eliminarán necesidades de transporte y gestión posterior.
Parque solar y autoconsumo energético
Al mismo tiempo se visitó otra nueva instalación de carácter energético: el parque solar instalado en las azoteas de los edificios de la depuradora.
Con una inversión de 1,43 millones de euros va a suponer una capacidad de generación de otros 1,53 gigavatios-hora por año.
En conjunto, ambas medidas suponen un incremento del 15,5% en el aporte energético propio, que se detraerá del consumo de la red general.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Demanda anual de la depuradora | Unos 43 gigavatios-hora |
| Autoconsumo actual | Unos 15,3 gigavatios-hora |
| Autoconsumo previsto | Más de 18,1 gigavatios-hora |
| Porcentaje previsto del consumo total | 41,5% |
| Aumento de producción por hidrólisis | 1,25 gigavatios-hora |
| Generación del parque solar | 1,53 gigavatios-hora por año |
| Reducción de fangos | Casi un 12% |
| Reducción de la huella de carbono | 717 toneladas de dióxido de carbono/año |
El sistema de depuración de Pinedo requiere cada año de unos 43 gigavatios-hora, de los cuales actualmente unos 15,3 gigavatios-hora son autoabastecidos.
Con las nuevas medidas puestas en marcha ascenderá a más de 18,1 gigavatios-hora, es decir, un 41,5% del consumo energético total de la planta.
Además, estas medidas van a reducir en 717 toneladas de dióxido de carbono/año la huella de carbono de la estación depuradora.
Las depuradoras de la Comunitat Valenciana autogeneran el 22,5% de la energía que consumen, por encima de la media nacional, que es del 15%.
De hecho, con estas nuevas medidas la depuradora de Pinedo producirá un 44% de las energías verdes generadas en las depuradoras del territorio, situándose como una de las principales a nivel estatal.
Relación con la reutilización del agua y la gestión ambiental
La consellera Navarro, comentó también el posicionamiento puntero de la depuración en territorio valenciano: “la Comunitat Valenciana es el territorio de Europa que más agua reutiliza, a lo que ahora hay que sumarle la autogeneración de energía y el aprovechamiento de fangos”, por ello ha recordado que EPSAR al cumplir 30 años se “ha convertido en una fuente de recursos para nuestro campo, regadío y medioambiente, elementos fundamentales para la lucha contra el cambio climático y las crisis energéticas”.
La mejora de la eficiencia energética, la producción de biogás, la instalación de paneles solares y la reducción de fangos integran una estrategia destinada a disminuir el consumo de la red general y a aprovechar mejor los residuos generados por el proceso de depuración.
Molestias vecinales y problemas pendientes
Una decena de vecinos de la plataforma de afectados por la depuradora de Pinedo se concentró este martes a las puertas del recinto para reivindicar diferentes aspectos que siguen sin solucionarse pese a que en el año 2016 obtuvieron una sentencia favorable por la cual se decretó “el cierre de la fase III de la Estación depuradora de aguas residuales de Pinedo” al no disponer de la necesaria licencia ambiental.
La denuncia la pusieron 18 familias que llevaban años soportando los malos olores, gases tóxicos y tráfico de camiones con lixiviados junto a sus viviendas.
La sentencia, sin embargo, se declaró inejecutable tres años después por las graves consecuencias ambientales que tendría el cierre de la depuradora, la más grande de la Comunitat Valenciana, por lo que el juzgado estableció una serie de compensaciones en forma de mejoras en la depuradora para atenuar las molestias, así como indemnizaciones.
Aunque las obras que se ejecutarán en breve mejorarán en parte la situación, los residentes consideran que los niveles de emanaciones seguirán por encima de los de otras instalaciones y que los camiones siguen pasando por delante de sus casas.
Situación urbanística de las viviendas
Además, aseguran que siguen sin poder ejecutar obras de rehabilitación o mejora de sus casas, como por ejemplo instalar placas solares, puesto que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València así lo establece al estar en la zona de influencia de una posible ampliación de la depuradora.
Esta situación se solucionó con la entrada en vigor del Plan de Acción Territorial (PAT) de L'Horta de València, pero aún así pese a las promesas de las autoridades políticas, aseguran que el Ayuntamiento les sigue denegando cualquier permiso de obras en sus viviendas.
Además, siguen sin resolverse las indemnizaciones que marcó la sentencia.
El caso Emarsa o caso Depuradora Pinedo
El Caso Emarsa, también conocido como Caso Depuradora Pinedo, es uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
El caso salió a la luz pública a finales de 2011 cuando fueron imputados los directivos de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima), empresa pública creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos que gestionaba la depuradora de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España.
Entre 2004 y 2010, los gestores de Emarsa y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) diseñaron y ejecutaron un sistema fraudulento de facturación mediante el cual desviaron 23,5 millones de euros de dinero público.
El fraude consistía en pagar cantidades millonarias a una red de unas 35 empresas por servicios y suministros hinchados o inexistentes, para luego redirigir el dinero a los cabecillas de la trama.
Además, los responsables cargaban a la empresa pública sus compras de artículos de lujo personal.
El Tribunal de Cuentas cifró el saqueo entre 2004 y 2010 en 20.490.817 euros, aunque el fraude total podría superar los 30 millones.
Cómo funcionaba el presunto sistema fraudulento
La instrucción de este caso ha determinado la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo.
La supuesta trama corrupta de Emarsa operó en torno a dos "negocios": uno basado en el incremento de los costes de explotación que contó con el visto bueno de la EPSAR y que se basó en el desvío de fondos inicialmente dirigidos a como pequeñas reformas, mantenimiento, electricidad, personal, gastos de reactivos y otras materias primas.
El otro, el de tratamiento de lodos, se basó igualmente en un encarecimiento artificial de las operaciones, sustentado en varias empresas pantalla controladas por varios de los procesados.
La trama de facturación del caso Emarsa se desarrolló a través de tres vías: la retirada y gestión de lodos con elevados sobrecostes, la entrega de bienes o prestación de servicios inexistentes y el cómputo de gastos que no son fiscalmente deducibles, como viajes y regalos, que no tenían relación directa con su actividad.
Los principales responsables de la empresa pública que gestionaron la depuradora de Pinedo (Valencia) articularon «un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público ».
«Para ello se concertaron con varios empresarios para que emitieran facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real , de modo que incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado», añade la sentencia.
Personas y entidades relacionadas con la causa
Entre los principales imputados en esta causa están el ex presidente de Emarsa, ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; el gerente de Emarsa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal.
También figuran el ex gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat, José Juan Morenilla; y el ex jefe de departamento de Epsar, Ignacio Bernácer.
El juicio por la pieza principal del caso Emarsa, en el que se juzgará a 25 personas por el desvío de más de 20 millones de euros de la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia), empezará el próximo martes tras dos aplazamientos y cerca de siete años de instrucción.
Entre los acusados figuran exdirectivos de la empresa pública municipal Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) así como varios empresarios, procesados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad.
Desarrollo del juicio y aplazamientos
La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha previsto 93 sesiones, por lo que la vista oral se podría prolongar hasta diciembre, si bien las confesiones de algunos de los investigados podrían acortar el proceso.
El calendario elaborado por la sala establece los tres primeros días para resolver cuestiones previas.
Por tanto, la declaración de los acusados dará inicio el 9 de mayo y se prolongará durante 11 sesiones.
El Tribunal prevé además tres días para resolver posibles incidencias o demoras.
El 6 de junio empezarán las comparecencias de testigos, que superan los 200, para las que se reserva el mayor número de sesiones, 56 más cuatro días para posibles incidencias.
Posteriormente, el 14 de noviembre comenzarán las declaraciones de peritos, que se prolongarán durante 6 sesiones.
Finalmente, la exposición de conclusiones e informes está prevista para el 27 de noviembre y se prolongará durante 10 sesiones.
El juicio iba a celebrarse inicialmente el pasado 2 de noviembre con la ausencia de uno de los acusados, el empresario José Ignacio Roca Samper, que se encontraba huido de la Justicia desde el inicio de la investigación, pero tras su detención en Moldavia se celebró una instrucción complementaria y se fijó la fecha del pasado 13 de marzo.
Sin embargo, en la primera vista, cinco letrados defensores del turno de oficio pidieron más tiempo para poder estudiar los 200.000 folios que componen la causa, de modo que la sala decidió posponer por segunda vez el inicio del juicio.
Solicitud de suspensión por la declaración de Roca
Tanto la fiscalía como varias defensas y una acusación particular habían solicitado la suspensión de la vista hasta que se tome declaración al acusado Jorge Ignacio Roca, el empresario fugado y detenido en Moldavia pendiente de extradición.
Los solicitantes de la suspensión han explicado que en juego está la tutela judicial efectiva, de juzgarse a Roca individualmente podrían producirse sentencias contradictorias o que quienes hoy están imputados podrían dejar de estarlo y quienes son testigos podrían acabar como imputados.
También han puesto sobre la mesa jurisprudencia del Supremo y del Constitucional.
La fiscalía apostaba por un aplazamiento hasta que se incorpore la declaración de Roca.
Y las defensas se han sumado alegando que en juego está el principio de "tutela judicial efectiva".
El tribunal ha aceptado la petición de la fiscalía y ha dictado la resolución "in voce" en la primera jornada de la vista oral, la primera de las tres destinadas a priori a cuestiones previas.
Investigación, condenas y recursos
En junio de 2018, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a los 24 acusados a penas que oscilaban entre 9 meses y 12 años y medio de cárcel, sumando 97 años, 8 meses y 8 días de prisión en total.
El Tribunal Supremo confirmó en octubre de 2020 el grueso de las condenas.
La sentencia del Supremo confirmó el grueso de las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Valencia.
Se trata de condenas de 12 años de cárcel para Esteban Cuesta, exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) y exalcalde pedáneo de Benimàmet; o 10 años para Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises.
Además de los principales responsables políticos, las condenas fueron de 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar); 8,5 años para el ex director financiero Enrique Arnal; o 7 años para el exresponsable de informática Sebastián García.
Las penas afectan a un total de 24 personas, entre ellas al cerebro financiero de la trama corrupta, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, detenido tras cuatro años fugado de la justicia en los que se refugió en Moldavia.
Su condena también es de 7 años de cárcel.
| Persona | Responsabilidad o cargo señalado | Pena indicada |
|---|---|---|
| Esteban Cuesta | Exgerente de Emarsa | 12 años de cárcel |
| Enrique Crespo | Expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia | 10 años de prisión |
| José Juan Morenilla | Exgerente de Epsar | 9 años de cárcel |
| Enrique Arnal | Exdirector financiero de Emarsa | 8 años y seis meses de prisión |
| Sebastián García | Exresponsable de informática de Emarsa | 7 años de prisión |
| Jorge Ignacio Roca Samper | Empresario | 7 años de cárcel |
La resolución considera que los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público.
Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real.
De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.
Las penas impuestas oscilan entre los 9 meses y los doce años y medio de cárcel para los 24 acusados y, además, considera partícipe a título lucrativo a la exmujer de uno ellos.
En total, las condenas establecidas para los acusados suman 97 años, 8 meses y 8 días.
Asimismo, fija indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, asó como otras de menor cuantía a título particular.
Principales condenas detalladas
Así, al exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de la entidad se le han impuesto 10 años de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio durante la condena y 20 años de años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial y mercantil y malversación de caudales públicos en su modalidad agravada.
Se le absuelve del delito de falsedad en documento oficial y malversación de caudales relativo a la Epsar.
En el caso de José Juan Morenilla, exgerente de la Epsar, la pena es de 9 años de prisión y también 20 años de inhabilitación absoluta por prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales.
Entre otros condenados por el fraude también se encuentra el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, a quien se le han impuesto 12 años y medio de cárcel, la pena más alta.
En concreto, son 4 de cárcel, 9 de inhabilitación para empleo o cargo público y multa de un año a 10 euros diarios por un delito de cohecho en concurso medial con falsedad en documento mercantil; y otros 8 años y seis meses por prevaricación, falsedad y malversación.
Queda absuelto de la prevaricación y la falsedad en lo referente a Epsar.
Para Ignacio Bernácer, exjefe de Explotaciones de Epsar, la pena, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y devolver parte del dinero saqueado, se le ha quedado en 3 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 9 años por un delito continuado de prevaricación, otro de falsedad documental y malversación.
Al empresario Jorge Ignacio Roca, único que está actualmente en prisión por este procedimiento, se le han fijado 6 años y un día como cooperador necesario de un delito de malversación de caudales público y como autor de otro de falsedad documental.
A Enrique Arnal, ex director financiero de Emarsa, se le han fijado 8 años y seis meses de prisión y 20 años de inhabilitación por prevaricación, falsedad y malversación.
A su hermano Antonio José, le caen 11 meses de prisión e inhabilitación durante un año y siete meses por falsedad y cooperador de malversación; mientras que a Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformático de la entidad, 7 años y seis meses y 20 de inhabilitación por malversación y falsedad.
Así mismo, a Rafael Quiles, asesor del grupo de empresas de 'Chanín', se le han impuesto 2 años y seis meses de prisión y 5 años de inhabilitación total como cooperador de la malversación y falsedad.
A Daniel Calzada, de la mercantil Llar Calzada, 4 años y seis meses de cárcel y 6 de inhabilitación, como cooperador necesario de los delitos contemplados.
A José Ramón Cuesta, hermano del exgerente, un año, nueve meses y un día de prisión como cooperador de un delito de cohecho y delito de falsedad; nueve meses de multa a 6 euros diarios.
A Adolfo Polo, exjefe del área medioambiental, 2 años y seis meses de cárcel y 5 años de inhabilitación al considerarlo cooperador de un delito de malversación y autor de uno de falsedad.
En cuanto a Santos Peral, exjefe de contabilidad y con responsabilidad políticas en el PP de València, nueve meses y un día de cárcel e inhabilitación durante dos años por malversación.
Ignacio Martínez Maiques, exjefe de compras e igualmente miembro del PP, recibió nueve meses y un día y dos años de inhabilitación por la misma infracción.
Para Enrique Sena y Vicente Ros Bartual, relacionados con Notec, se han impuesto 6 años y un día de cárcel para el primero y 6 años y seis meses de cárcel para el segundo como cooperadores de la malversación y autores de falsedad en documento mercantil.
Para María Paz García Martínez, hermana de 'Chanín', tres años de cárcel y más de 7 de inhabilitación como cooperadora necesaria de malversación en concurso con falsedad.
Para la administradora del Grupo Mas, Eva Marsal Gil, 2 años y seis meses e inhabilitación de 5 años, también por ser cooperadora necesaria.
Para Juan Manuel García, administrador de Arrima Centre d'Estudis, 10 meses y tres días de cárcel y un año y seis meses de inhabilitación.
Para Juan Carlos Gimeno, que fue encargado de gestión ambiental de la planta y posteriormente administrador de Area Este y CRM Adecua, 4 años y seis meses de prisión y 6 años de inhabilitación, también por su cooperación en delitos de malversación y falsedad.
Para Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet, 11 meses de cárcel y un año y seis meses de inhabilitación.
Por su parte, Ana María Ríos Solaz, periodista contratada por Emarsa, ha sido condenada a 11 meses de cárcel e inhabilitación absoluta de un año y medio por falsedad y como cooperadora de malversación; la misma pena que ha recaído en Leonor Moreno, abogada de la entidad, y Luis Antonio Botella, abogado y ex primer teniente alcalde de Moncada.
Indemnizaciones y responsabilidad civil
En cuanto a las indemnizaciones, la sentencia determina que en conjunto y de forma solidaria deberán pagar hasta 23,5 millones Esteban Cuesta, Enrique Crespo y Enrique Arnal.
Mientras que hasta 13 millones deberán indemnizar Morenilla, Bernácer, Roca, Ros y Sena; y hasta 7,2 millones, 'Chanín' y su hermana.
Asimismo, fija indemnizaciones a pagar de forma solidaria hasta los 23,5 millones de euros, así como otras de menor cuantía a título particular.
La Emshi, la entidad metropolitana de servicios hidraúlicos, denunció ante ese tribunal el saqueo de más de 20 millones de euros para recuperar ese dinero.
Resolución del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha confirmado las penas para los principales acusados del conocido como caso Emarsa, una de las causas por corrupción de mayor trascendencia en los últimos años tanto por la cantidad de procesados, un total de 24, como por los fondos públicos desviados, cerca de 23,5 millones de euros.
En una sentencia de 834 folios, el alto tribunal confirma la condena de doce años para el exgerente de la empresa pública que gestionaba la principal depuradora de Valencia, Esteban Cuesta, y de diez para el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo.
También ha condenado al exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas, Epsar, dependiente de la Generalitat, José Juan Morenilla a nueve años de prisión; al ex director financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique Arnal a ocho años y seis meses, y al exresponsable de informática de Emarsa Sebastián García a siete años.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha desestimado de esta forma los recursos de casación interpuestos por los principales acusados en esta macrocausa, con un total de 24 personas en el banquillo.
En una sentencia fechada el 30 de septiembre y conocida este viernes, la sala sí estima parcialmente las alegaciones interpuestas por algunos de los implicados, lo que supone algunas variaciones en las penas.
Modificaciones introducidas por el Supremo
El Supremo únicamente realiza cuatro modificaciones respecto a las condenas impuestas a los procesados: absuelve a Eva María Marsal del delito de falsedad documental y la condena por malversación a dos años y tres meses de prisión.
Condena a Sebastián García como cooperador necesario de un delito continuado de malversación, en concurso con falsedad, con la atenuante de confesión a siete años de prisión, anteriormente siete años y seis meses.
También condena a María Paz García Martínez como cómplice de malversación y como autora de falsedad documental, a dos años de prisión.
Y a Adolfo Polo como cómplice de un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad, con las atenuantes de reparación del daño y confesión, a un año y cuatro meses.
En una segunda sentencia de la Sala de lo Penal del TS, también dictada el 30 de septiembre, se recoge que hubo un auto aclaratorio de julio de 2018 de acuerdo al cual se modificaron algunos aspectos de la sentencia de instancia.
La responsabilidad civil se ajustará al importe de 3.434.516,66 euros.
El límite de la indemnización de la que debe responder Adolfo Polo Baixauli, en la forma establecida en la sentencia de instancia, como cómplice y de conformidad con el artículo 116 CP, se establece en 205.192,72 euros.
Asuntos judiciales todavía pendientes
Pero el caso tiene todavía asuntos por resolver que podrían llevarlo hasta el Tribunal Constitucional.
Uno de los condenados, Juan Carlos Gimeno, extrabajador de Emarsa y titular de varias sociedades con las que contrataba la empresa pública, ha presentado un incidente de nulidad ante el Supremo al considerar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.
En concreto, denuncia la falta de respuesta a determinadas cuestiones planteadas a lo largo del proceso.
Afirma que la sentencia del Supremo se limita a reproducir literalmente, en la totalidad de sus razonamientos jurídicos, los hechos probados del pronunciamiento de la Audiencia de Valencia, “omitiendo las consideraciones” planteadas en su recurso.
El condenado a 4 años y medio subraya que ha aportado documentación para acreditar la veracidad del 99% de los trabajos que sus empresas facturaron a Emarsa.
Esos documentos, según explica, incluso sirvieron para que la Emshi le abonara facturas pendientes estando ya en marcha la investigación a la empresa pública.
Gimeno destaca también que los inspectores de Hacienda acreditaron el preceptivo pago de IVA e Impuesto de Sociedades por parte de sus firmas, de modo que, en cualquier caso, la cantidad que a él se le reclama debería ser un 40% inferior, circunstancia que reduciría en dos años su pena.
Además, según expone, en el proceso quedó probado que Emarsa no realizaba correctamente copias de seguridad de los trabajos que encargaba y que la empresa destruyó documentación sobre los mismos.
Por ello, considera que la falta de documentación en una empresa que incumplía los protocolos no puede servir para condenarle, máxime cuando él sí aporta la documentación al respecto.
“Podemos decir, sin riesgo de equivocarnos, que no se toman en consideración las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado. Por todo ello, no cabe una apreciación que ignore las garantías que configuran el proceso penal como un proceso justo, que olvide las alegaciones que inciden en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, que soslaye las reglas de la lógica y la experiencia conforme a las cuales han de realizarse las inferencias que permiten considerar un hecho como probado”, argumenta el incidente de nulidad.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, fijó para el próximo 16 de noviembre como plazo límite para que once condenados por el conocido como caso Emarsa escojan centro penitenciario e ingresen voluntariamente en prisión.
“Entrarán en la cárcel personas muy distintas a las que se empezó a juzgar hace diez años”, denuncia Gimeno en alusión a la lentitud de la justicia.
La causa ante el Tribunal de Cuentas
Por otra parte, una de las defensas ha solicitado la suspensión porque en el Tribunal de Cuentas está abierta una causa por alcance del mismo caso.
Aunque esa petición no ha prosperado.
En esa causa figuran como imputados los principales encausados en este caso y está previsto que en breve se active un procedimiento que según la fiscalía podría caminar en paralelo al que nos ocupa, puesto que el Tribunal de Cuentas ve sólo la parte civil.
Impacto institucional y político
El Caso Emarsa, pese a copar menos titulares que otros escándalos como Gürtel, la visita del Papa o los protagonizados por Carlos Fabra, es por volumen el mayor saqueo de la Comunidad Valenciana vinculado a cargos del PP, al suponer un quebranto acreditado de 23,5 millones de euros.
Este caso está conectado con la gestión de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de València, ya que según declaraciones de uno de los condenados, desde la depuradora se financió irregularmente al PP valenciano con cerca de 100.000 euros.
El escándalo de Emarsa salió a la luz al proceder en 2010 a la liquidación de esta empresa encargada de gestionar la depuradora de Pinedo, que se encontraba en quiebra.
Se inició entonces una investigación judicial que analizó lo ocurrido desde 2004 y que detectó un quebranto millonario provocado por un sinfín de irregularidades.
La transformación de la planta
La vicepresidenta recordó que la gestión de la depuradora de Pinedo en pasadas legislaturas “supuso uno de los escándalos económicos y judiciales más importantes de la Comunitat Valenciana, saldándose con 24 personas condenadas y un fraude estimado en 23,5 millones de euros”.
Mas comentó que “las nuevas actuaciones en la depuradora de Pinedo evidencian cómo la enorme losa reputacional de gestiones anteriores ahora se ha transformado en ejemplo de buena gestión e inversiones imprescindibles para el medio ambiente y la ciudadanía”.
Asimismo, recordó que “si la gestión e inversiones realizadas en Pinedo hubiesen sido las que ahora sí se están haciendo, muchos de los problemas actuales ya estarían resueltos.
En un tiempo pasado aquí se defraudaron más de 23 millones, ahora se invierten 34 en ser un referente medioambiental y de servicio público”.
La renovación de la depuradora combina la mejora del tratamiento de aguas residuales, la reducción de olores y ruidos, el aumento de la eficiencia energética, la generación de biogás, el aprovechamiento de fangos, la producción solar y la actualización de los sistemas de control.
¿Sabes cómo funcionan las DEPURADORAS de AGUA? | con VLADIMIR SÁNCHEZ @BreakingVlad | Campus
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