Una filtración dejó al alcance de cualquiera cerca de 700 páginas de información confidencial de Europol sobre decenas de investigaciones antiterroristas internacionales, entre ellas los atentados de Madrid de 2004. Los documentos contenían cientos de nombres y números de teléfono de personas vinculadas con el terrorismo, además de datos sensibles sobre el 11M y sobre varios intentos de atentado contra aviones con explosivos líquidos.
La información correspondía principalmente al periodo comprendido entre 2005 y 2008, incluía 54 investigaciones desarrolladas en ocho países miembros de Europol y fue localizada por la televisión holandesa Zembla en un disco de copia de seguridad conectado a una red privada sin conexión segura. Europol calificó el caso de «incidente extremadamente grave» y puso en marcha una investigación para determinar cómo se produjo la fuga.
Qué contenía la filtración relacionada con el 11M
La información filtrada incluía 54 diferentes investigaciones en ocho países miembros de la organización, especialmente con análisis de organizaciones terroristas. También contenía múltiples datos sensibles sobre los atentados en los trenes en Madrid en 2004, y el registro de varios intentos de atentados contra aviones con explosivos líquidos.
Los documentos correspondían principalmente al periodo de 2006 a 2008 y contenían cientos de nombres y números de teléfono de personas vinculadas con el terrorismo. Eso sí, asegura que la información con la que cuenta también se refiere a «investigaciones de terrorismo» que nunca antes se habían hecho públicas.
Estos registros están ahora mismo en manos de la televisión holandesa Zembla, una situación que la propia Europol ya ha calificado de «incidente extremadamente grave». Zembla se ha comprometido a revelar solo parte del contenido de los documentos y sin mencionar los nombres de los sospechosos, porque algunas de las personas que aparecen en los archivos son todavía parte de las investigaciones de Europol.
Cómo se produjo la fuga de información
Los documentos fueron filtrados por una ex trabajadora de la policía europea, que ha violado su cláusula de confidencialidad y ha guardado toda esa información en una red de seguridad privada conocida como iOmega, sin conexión segura. Había trabajado en la agencia policial durante 11 años, aunque ahora es funcionaria de las fuerzas de seguridad holandesas.
Zembla solo ha informado de que «ha encontrado» los archivos en un disco de copia de seguridad, pero no da ha dado más detalles sobre cómo ha sido alertada sobre su presencia. La facilidad con la que se podía acceder a los documentos hizo posible que quedaran en manos de cualquiera que hubiera intentado consultarlos, sin necesidad de grandes conocimientos informáticos.
La respuesta de Europol
El subdirector de Europol, Wil van Gemert no tardó en reaccionar a esta situación. «Esto es un daño a la confidencialidad y por ello hemos puesto en marcha una investigación inmediata para averiguar cómo pudo suceder», advirtió a la televisión holandesa.
Además, añadió que esta fuga de información no afecta a las investigaciones en curso, aunque no puede asegurar que alguna otra organización o persona esté en posesión de estos documentos. Europol es una organización con sede en La Haya que este año ha inaugurado un nuevo centro especializado en la lucha contra el terrorismo.
Los documentos desclasificados sobre el 11M
El Gobierno volvió a desclasificar documentos el 18 de marzo de 2004, cuatro días después de las elecciones generales. Esta vez fueron dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid.
El 2 de julio de 2004, el Consejo de Ministros desclasificó o permitió el acceso al contenido de casi todos los documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11M, salvo seis del CNI sobre su propio funcionamiento y servicios secretos extranjeros.
El 16 de septiembre de 2005 el Ejecutivo acordó de nuevo una desclasificación de informes secretos para remitir al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo los documentos relacionados con los atentados del 11M y con el posterior suicidio de supuestos terroristas el 3 de abril de 2004 en Leganés (Madrid) que obraban en poder del Ministerio del Interior y del CNI.
Principales fechas de desclasificación relacionadas con el 11M
| Fecha | Contenido |
|---|---|
| 18 de marzo de 2004 | Dos informes del CNI sobre los atentados del 11 de marzo en Madrid. |
| 2 de julio de 2004 | Acceso al contenido de casi todos los documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11M. |
| 16 de septiembre de 2005 | Informes secretos remitidos al juez Juan del Olmo sobre los atentados y el suicidio de supuestos terroristas en Leganés. |
El informe de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar el informe relativo a los atentados del 11M elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de la Policía Nacional. Según el ministerio público, el documento en cuestión «no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo o distinto de los ya incorporados en su día al procedimiento judicial que justifique una reapertura de la misma a los efectos de iniciar nuevas líneas de investigación o esclarecer nuevas responsabilidades en la planificación y ejecución de los atentados».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional «estima que no es útil ni pertinente la práctica de nuevas diligencias» de investigación basadas en el informe del 11M elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos, motivo por el que ha decretado el archivo al considerar «innecesaria» la remisión del documento a los juzgados centrales del alto tribunal.
«La resolución de archivo será notificada, con entrega de copia íntegra del informe, a todas las asociaciones de víctimas personadas en el procedimiento judicial seguido por tales atentados», ordena Zaragoza en la misma nota que da carpetazo al asunto, firmada por el fiscal jefe hoy mismo.
Origen y tramitación del informe
El informe había sido remitido a la Fiscalía por orden del actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que desmanteló hace dos semanas el mencionado grupo de repaso de asuntos ya investigados, rodeado de polémica por ser considerado una herramienta política dirigida por el propio exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, al servicio directo de Jorge Fernández Díaz, antecesor de Zoido.
El exnúmero 2 de la Policía había ordenado elaborar el citado informe del 11M además de otros sobre el caso Faisán o Marta del Castillo. El informe sobre los atentados fue localizado la semana pasada después de que el ministro del Interior confesara públicamente que no sabía dónde estaba.
Tras las declaraciones de Zoido, la BARC decidió entregárselo al nuevo director adjunto operativo, Florentino Villabona. En un primer análisis realizado por Villabona antes de remitir el documento a la Fiscalía, éste ya estableció que el informe no abría «ninguna línea de investigación» nueva, a pesar de lo cual el departamento de Zoido decidió remitirlo al ministerio público con el fin de salir de toda duda, como ahora ha ocurrido.
El polémico documento fue dado a conocer por el propio Pino en una entrevista concedida al diario El Mundo. «Encargué un informe que aclara las nebulosas del 11M», señalaba el anterior director adjunto del cuerpo en una conversación en la que también revelaba la existencia de los otros dos análisis mencionados sobre el caso Faisán y la desaparición de Marta del Castillo.
La filtración y la investigación judicial del 11M
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar el informe relativo a los atentados del 11M elaborado por la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) de la Policía Nacional. Según el ministerio público, el documento en cuestión «no contiene ningún dato, indicio o elemento incriminatorio nuevo o distinto de los ya incorporados en su día al procedimiento judicial que justifique una reapertura de la misma a los efectos de iniciar nuevas líneas de investigación o esclarecer nuevas responsabilidades en la planificación y ejecución de los atentados».
El informe no fue considerado útil ni pertinente para practicar nuevas diligencias, por lo que su remisión a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional se consideró innecesaria. La resolución de archivo debía notificarse a las asociaciones de víctimas personadas, junto con una copia íntegra del documento.
Qué ocurrió el 11 de marzo de 2004
Ese jueves 11 de marzo de 2004 fueron muchos los que recibieron una llamada similar si vivían en Madrid (España). Diez bombas empezaron a detonar en cuatro trenes distintos a partir de las 7:37 de la mañana, hora punta en el Madrid de extrarradio que se prepara para ir al trabajo.
192 muertos y más de 2.000 heridos fue el saldo en crudo del mayor atentado yihadista que se ha cometido en Europa. Más tarde, la policía detonó de forma controlada dos artefactos que no habían estallado y posteriormente desactivó un tercero que sería clave para la investigación que condujo a la identificación de los autores.
La posible autoría intelectual y el motivo
En el juicio del 11M, que se celebró en 2007, no se estableció una conexión concluyente de quién fue el autor intelectual del atentado. Pero en el documental, según la investigación de Reinares, se pone foco en alguien: Amer Azizi, de origen marroquí y quien, según la CIA, llegó a ser mano derecha de Abu Hamza Raia, jefe de operaciones externas de al Qaeda.
Estados Unidos, Reino Unido y España, bajo los gobiernos de George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar respectivamente, formaron la triada que promovió la guerra de Irak, que arrancó el 19 de marzo de 2003. Casi un año después ocurrieron los atentados del 11M, y en una parte de la opinión pública española se forjó la idea de que, al haber entrado en el conflicto, se puso al país europeo en el punto de mira de los terroristas.
«La guerra de Irak no ayudó, pero no es la razón», sostiene Gómez. «La motivación es la venganza». Es rotunda la analista Carola García-Calvo, del Real Insituto Elcano y experta en radicalización violenta y terrorismo global.
La relación de Amer Azizi con España
Antes de llegar a al Qaeda, Azizi estaba en España, donde era lugarteniente de Abu Dahdah, líder de una célula terrorista radicada en Madrid, creada en los años 90. Es aquí donde empieza la historia y el motivo de los ataques del 11M, según el documental.
«España era muy activa en la lucha contra el terrorismo internacional», cuenta la profesora. Y destaca la Operación Dátil, la más importante que ha habido en Europa para desmantelar células del yihadismo y que, en noviembre de 2001, se saldó con el arresto de más de 20 miembros de al Qaeda en suelo español.
Ahí fue detenido Dahdah. No así su mano derecha, Azizi, que en ese momento estaba entre Irán y Afganistán para después huir a Pakistán, donde se unió a la matriz de al Qaeda.
«Decidió que llevaría algún acto de venganza contra España por la operación que había desmantelado la célula de Abu Dahdah a la que él perteneció hasta noviembre del año 2001», señala Reinares en el documental.
La decisión de atacar a España se tomó en Karachi, Pakistán, y el plan fue aprobado por el liderazgo de al Qaeda en una reunión que se celebró en Turquía en febrero de 2002, sostienen los expertos.
Las fuentes de la CIA usadas en el documental y en la investigación de Reinares dicen que la inteligencia estadounidense sabía cuál era el papel de Azizi. En el juicio del 11M se dijo que su paradero era deconocido.
Pero el documental revela un documento que los servicios de inteligencia de Estados Unidos remitieron a las autoridades españolas «por primera vez en septiembre de 2006» donde se comunicaba que Azizi murió en un ataque de EE.UU. en diciembre de 2005.
«De nuevo volvió a remitirse una notificación más amplia acerca de Azizi, las actividades yihadistas en España y la relación con el 11M en septiembre de 2007», explica Reinares en el documental. Al Qaeda reconoció e hizo pública la muerte de Azizi en 2009.
La conexión entre el 11S y el 11M
Entre los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono del 11 de septiembre de 2001 y el de Madrid, el 11M de 2004, hay una relación directa, muestra el documental. No solo por quiénes los organizan y los resultados fatales.
Bruce Riedel, quien fue analista de la CIA, la agencia de inteligencia de Estados Unidos, cuenta en el documental que «la infraestructura en España fue el apoyo más importante que hubo para planear el 11S fuera de Afganistán y Pakistán».
Dos meses antes del 11S, Mohamed Atta, uno de los pilotos suicidas, se encontró en Tarragona (Cataluña) con Ramzi bin al Shibb para organizar el atentado. Así, la célula de Hamburgo (Alemania) de la que formaba parte Atta entraba en relación con la de Dahdah en España.
Tras los atentados en EE.UU., la Comisaría General de Información de la Policía Nacional de España, que ya trabajaba en temas de yihadismo, se puso sobre la pista de al Qaeda en el país y eso dio lugar a la ya mencionada Operación Dátil, la detención de Dahdah y la idea de venganza de Azizi.
Por tanto, de acuerdo con el documental, primero fue la planificación del 11S, parte de ella con infraestructura en España; posteriormente ocurrió el 11S y, tras él, se intensificó la investigación contra yihadistas hasta la desarticulación de la célula de Dahdah en Madrid en noviembre de 2001. Azizi, que escapó de esa redada, planeó la venganza y, finalmente, el 11M.
La gestión de la información durante los días posteriores
El contexto es importante: los atentados fueron un jueves y, apenas tres días después, el domingo 14 de marzo, los españoles iban a las urnas para votar en unas elecciones generales. También es importante señalar que, hasta el 11M, en el imaginario colectivo español, así como en las fuerzas de seguridad, los atentados eran cometidos por la banda separatista vasca ETA.
El gobierno del entonces presidente José María Aznar, del conservador Partido Popular, sostuvo desde el principio como hipótesis más fiable que la autoría era de ETA. Pero, además, Aznar, citan en el documental, llamó a los directores de los periódicos para decir que «el gobierno tenía la certeza de que había sido ETA».
«¿El presidente llamando a la gente? El gobierno presionaba para que dijeran algo antes de que la policía aportara pruebas», señala Katya Adler, periodista de la BBC entrevistada en el documental y que, al momento de los atentados, vivía en Madrid.
Hubo titulares cambiados a última hora, entrevistas que no se emitieron, información que daba la policía que no concordaba con lo que decían los portavoces, que insistían hasta el último momento que era ETA.
Hasta que, dentro de esos tres días vertiginosos, apareció publicada en un diario londinense una carta donde al Qaeda reclamaba la autoría. En España se tardó en informar sobre esto.
Era posiblemente la primera vez en la historia del país que había que mirar a la prensa del exterior para saber qué pasaba dentro. También fue la primera vez que, con unas incipientes redes sociales, se convocaba a una manifestación en jornada de reflexión, el día antes de las elecciones.
En las urnas, contra todo pronóstico, salió elegido José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), hasta entonces en la oposición.
La teoría de la conspiración
A pesar de las pruebas que fueron saliendo, hubo una parte de la prensa española que entró en lo que el documental llama la «teoría de la conspiración» donde se trató de mezclar a ETA con el yihadismo.
«Los medios de comunicación entraron en una guerra tóxica. El manejo de la información fue tóxico desde el principio», señala Gómez. En ese proceso, la controversia política y mediática desplazó parte de la atención que debía centrarse en las víctimas y en el esclarecimiento judicial de los hechos.
Las víctimas y las consecuencias humanas
Iñaki Gabilondo, reconocido periodista español, comenta en el documental que en el camino de la manipulación mediática «se va diluyendo el drama de los muertos». También el drama de los familiares, de quienes estaban en los vagones y sufrieron las secuelas físicas y psicológicas, y del personal que acudió a asistir a heridos, moribundos y muertos.
El documental abre y cierra con decenas de testimonios, seguidos uno detrás de otro, sin identificar quién habla. «Es el mejor homenaje, ponerlos al principio y sin narrativa, sin créditos. Lo que interesa es lo que cuentan, es lo más impactante», apunta el director del filme.
Cuenta Gómez que en la grabación, que cuenta con personas de varias nacionalidades, entre ellas de Ecuador, Perú o Marruecos, se cuidó que las víctimas estuvieran en un entorno protegido, íntimo. Se prescindió de maquilladores, por ejemplo, pero sí hubo psicólogos para hacer ese necesario acompañamiento, ya que, al fin y al cabo, contar un trauma es revivirlo.
«El entrevistado es una persona con trauma, [tras la entrevista] queda destrozada. Hay que reconfortarles, llamar, estar pendiente. Una víctima no puede ser utilizada», sostiene.
Por ese cuidado a las víctimas se decidió que la fecha de estreno del documental no coincidiera con el 11M. También fue una decisión editorial no usar los metrajes de vídeo que existen sobre el momento de la explosión en Atocha o fotos de los momentos posteriores. Se prefirió usar ilustraciones.
Aunque en los créditos finales aparecen los nombres de las 192 víctimas directas de los terroristas, en la cinta se reconoce además a una víctima colateral que no suele entrar en el conteo oficial: se trata de la mujer de Rodolfo Ruiz, quien era comisario de policía en Vallecas, un punto donde explotó una de las bombas y se encontró una mochila con explosivos.
«Él fue carne de cañón para la prensa conspiratoria. Su mujer entra en estado de depresión y se suicida. Faltó mucha delicadeza por parte de sectores de la prensa. No se midieron las consecuencias».
El 11M dentro de la historia de las desclasificaciones en España
España ha desclasificado papeles secretos en solo once ocasiones en los últimos 58 años, la primera vez en 1997 sobre los GAL y la última en 2024 sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.
Abarcan desde casos judiciales de espionaje político hasta documentos de relevancia histórica vinculados a los GAL, el 11M y la represión en Chile y Argentina entre otros.
| Fecha | Asunto |
|---|---|
| 18 abril de 1997 | Los papeles del CESID relacionados con la actividad de los GAL. |
| 18 de marzo de 2004 | Dos informes del CNI sobre los atentados del 11M. |
| 2 de julio de 2004 | Documentos reclamados por la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11M. |
| 16 de septiembre de 2005 | Documentos sobre los atentados del 11M y el suicidio de supuestos terroristas en Leganés. |
| 9 de febrero de 2007 | Documentos del CNI sobre vuelos de aviones de la CIA en territorio español. |
| 20 de marzo de 2009 | Documentación del accidente del helicóptero Cougar en Afganistán. |
| 16 de diciembre de 2011 | Documentos sobre españoles desaparecidos durante la dictadura argentina. |
| 7 de diciembre de 2018 | Documentación sobre la Operación Kitchen. |
| septiembre de 2023 | Documentos relativos al golpe de Estado en Chile de 1973. |
| 16 de enero de 2024 | Documentación sobre el espionaje con Pegasus. |
| 23 de diciembre de 2024 | Documentos sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. |
Otros precedentes de desclasificación
En 18 abril de 1997, cuando era presidente José María Aznar, después de que el Tribunal Supremo reclamara 13 documentos relacionados con la actividad de los GAL en su guerra sucia contra ETA. Los llamados «papeles del CESID» habían sido sustraídos por el excoronel Juan Alberto Perote, exjefe de la Agrupación Operativa del CESID (el antecedente directo del Centro Nacional de Inteligencia), y fueron incorporados a los sumarios de los casos Lasa y Zabala, Oñaederra y Lucía Urigoitia.
El 9 de febrero de 2007 se aprobó la desclasificación de los documentos del CNI solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre los vuelos de aviones de la CIA en territorio español con presuntos terroristas detenidos.
El 20 de marzo de 2009 se levantó el secreto a la documentación del accidente del helicóptero Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Herat (Afganistán) en 2005.
El 16 de diciembre de 2011 el Gobierno desclasificó documentos archivados en la Embajada y Consulados de España en Argentina sobre varios cientos de españoles desaparecidos en 1970-1980, durante la dictadura militar, así como los expedientes de las denuncias de españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas, a petición de la Audiencia Nacional.
El 7 de diciembre de 2018 se ordenó desclasificar documentación sobre la «Operación Kitchen», supuestamente diseñada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos al extesorero del PP Luis Bárcenas, tal como solicitó la Audiencia Nacional para poder continuar con la instrucción.
En septiembre de 2023 el Gobierno decidió desclasificar una serie de documentos relativos al golpe de Estado en Chile de 1973 en un intento de «recuperar la memoria democrática», cuando se cumplía medio siglo de uno de los sucesos más graves en la historia del país latinoamericano.
El 16 de enero de 2024 el Gobierno español acordó desclasificar la documentación secreta sobre la intervención del teléfono del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el programa de espionaje Pegasus.
La última vez que el Gobierno desclasificó documentos fue el 23 de diciembre de 2024 sobre los atentados yihadistas de 2017 en Barcelona y Cambrils, aunque los papeles fueron entregados a la comisión del Congreso que investiga esos hechos, es decir, no se hicieron públicos.
La desclasificación y el acceso público a los documentos
La desclasificación de los documentos del 23F ha sido una reivindicación histórica por parte de partidos, investigadores y periodistas para conocer los pormenores de lo que sucedió en ese intento de golpe de Estado.
Los sucesivos gobiernos que ha habido desde entonces se han amparado en la ley de secretos oficiales para no hacer públicos esos documentos, y el Ejecutivo actual ha venido emplazando para la desclasificación a la aprobación de la ley que debe sustituir a esa norma de 1968, es decir, vigente desde la dictadura de Francisco Franco.
El Gobierno aprobó ya en julio de 2025 el nuevo proyecto de la ley de secretos oficiales, pero la falta de apoyos suficientes en el Congreso ha impedido que se avanzara en su tramitación.
La decisión se enmarca en una política más amplia de transparencia iniciada con el proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado el 22 de julio de 2025, que sustituye a la antigua Ley de Secretos Oficiales del franquismo de 1968.
La nueva norma establece plazos automáticos de desclasificación -entre 4 y 45 años según el nivel de secreto- y prohíbe clasificar información sobre violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Atentados 11M - Cuarto Milenio - Iker Jiménez
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