José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama son los personajes centrales del denominado caso «Mascarillas» o caso «Koldo», que ha investigado presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante el periodo de pandemia, en 2020.
El caso saltó a la opinión pública el 21 de febrero de 2024, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes y entonces diputado del PSOE, José Luis Ábalos. También fueron detenidas en la misma operación otras 19 personas, entre ellas el empresario Víctor de Aldama.

Quiénes son los principales protagonistas
Koldo García
Koldo García era asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La investigación de la UCO lo situó como una de las figuras centrales de la presunta trama relacionada con la contratación de mascarillas durante la pandemia.
Koldo García indicó, poco después, en abril de ese mismo año, en la comisión de investigación en la Cámara Alta por este caso tener la «conciencia tranquila».
También el exasesor ministerial Koldo García estaba en prisión desde noviembre por las mismas razones que Ábalos. Durante el juicio, se pudo ver que mantienen la buena sintonía que ya tenían de etapas anteriores. Es más, durante el juicio García se deshizo en elogios hacia el que fuera su jefe.
También durante su declaración en el juicio, apuntó que el PP, que lideraba la acusación popular, le había ofrecido que colaborara «mintiendo y engañando a todos los españoles» para no entrar en la cárcel.
José Luis Ábalos
José Luis Ábalos fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. En febrero de 2024 era diputado socialista por Valencia y negó conocer el caso, además de asegurar que las contrataciones se habían hecho «a través de mecanismos legales».
Solo unos días después de la detención del exasesor ministerial, el PSOE pidió a Ábalos que entregara su acta, al considerar que como exministro tenía una «responsabilidad política» en el caso, aunque en aquel momento no estaba ni investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figuraba en la investigación.
El exdirigente socialista decidió mantener el escaño y pasar al Grupo Mixto para defender su «honorabilidad». «Me hubiera gustado tener el respaldo de la dirección de mi partido», dijo en la rueda de prensa en la que anunció que seguiría de diputado y en la que también lamentó la «falta de compañerismo».
Tras conocerse su decisión, el PSOE decidió suspenderle cautelarmente de militancia.
Víctor de Aldama
Víctor de Aldama era considerado por la Guardia Civil como el «nexo corruptor» y estaba estrechamente vinculado con Soluciones de Gestión, empresa que se ubica en el centro de la trama.
El empresario fue detenido junto con Koldo García en la operación de febrero de 2024.
En el juicio, Aldama señaló que él no constituyó ninguna organización criminal, sino que se integró en una que venía «funcionando desde 2015», y admitió que llevaba «mordidas» de constructoras al Ministerio de Transportes y a casa de Ábalos.
Cómo comenzó el caso de las mascarillas
El 21 de febrero de 2024, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvo a Koldo García y a otras 19 personas por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia.
Las operaciones investigadas estaban relacionadas con la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif, organismos dependientes del Ministerio de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama.
El 29 de febrero de 2024, el juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama señaló al exministro José Luis Ábalos como «intermediario» del caso «Koldo».
En la comisión de investigación del Senado, José Luis Ábalos puso en duda la existencia de una trama «Koldo».
El papel atribuido a Ábalos, Koldo García y Aldama
La sentencia firme, adoptada por unanimidad y cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Martínez Arrieta, concluye que los tres acusados «constituyeron una organización, en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario».
La sentencia recalca que «pronto vieron» los tres «la oportunidad de obtener un común beneficio económico» y que, «con tal ánimo de enriquecimiento», convinieron que, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE, «este podría favorecer, a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas».
A lo largo de 224 páginas de sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE, el magistrado considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.
| Persona | Posición o relación con el caso | Pena impuesta |
|---|---|---|
| José Luis Ábalos | Exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE | 24 años y tres meses de prisión |
| Koldo García | Exasesor de José Luis Ábalos | 19 años y ocho meses de prisión |
| Víctor de Aldama | Empresario y presunto conseguidor de la trama | Cuatro años y medio de cárcel |
Las comisiones y las contraprestaciones investigadas
La sentencia afirma que Aldama canalizó las comisiones percibidas a través de dos sociedades por un importe de 6,6 millones de euros.
Según la resolución, Ábalos y su exasesor le pidieron 2,5 millones de euros, respectivamente, que el comisionista incluyó en sus previsiones de gastos.
El alto tribunal da por acreditado también que Aldama abonó 10.000 euros al mes a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022.
Contratos y beneficios vinculados a empresas públicas
El Tribunal Supremo también condena a Ábalos por el «enchufismo» en la contratación de dos conocidas suyas en empresas públicas.
En el caso de su examante Jessica Rodríguez, en INECO y TRAGSATEC. Y en el de la ex miss Asturias Claudia Montes, en LOGIRAIL.
Del mismo modo, constata el pago del piso a la primera de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.
La investigación sobre Ábalos
Ocho meses después de que estallara el caso con la detención de García, en octubre de 2024, un informe de la UCO situó a Ábalos en el epicentro del caso y al borde de la imputación, al apuntar a su «papel relevante y responsabilidad».
En octubre de 2024 se conoció un informe de la Guardia Civil en el que se apuntaba a Ábalos por su papel relevante y su responsabilidad en la trama, el cual habría recibido contraprestaciones por conseguir contratos públicos para el empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama.
Entonces, el juez preguntó al Congreso por la condición de diputado de José Luis Ábalos, paso previo para solicitar al Tribunal Supremo poder investigar al exministro.
La petición de imputación en el Tribunal Supremo
El 16 de octubre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción pidió al Tribunal Supremo la imputación de Ábalos, algo que solicitó el juez al Alto Tribunal.
Ábalos solicitó declarar de forma voluntaria y aseguró que no recibió comisiones.
El ingreso en prisión de Ábalos y Koldo García
El 27 de noviembre de 2025, tanto Ábalos como Koldo García ingresaron en la cárcel madrileña de Soto del Real después de que el juez apreciara «riesgo extremo» de fuga ante la proximidad del juicio.
Era la primera vez que un diputado nacional en ejercicio entra en prisión.
El exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien fuera mano derecha del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, lleva en prisión desde el pasado mes de noviembre, cuando el juez instructor decretó su encarcelamiento provisional por el riesgo de fuga ante las elevadas penas a las que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.
También el exasesor ministerial Koldo García estaba en prisión desde noviembre por las mismas razones que Ábalos.
El juicio del caso Koldo
El juicio por el caso «Koldo» arrancó el 6 de abril de 2026 en el Tribunal Supremo.
En el banquillo se sentaron el exministro y ex número tres del PSOE, José Luis Ábalos, su antiguo asesor, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama.
El proceso se prolongó un mes y en él comparecieron 75 testigos y una veintena de peritos.
Durante 14 sesiones celebradas a lo largo de un mes en el Tribunal Supremo, se pudo escuchar a más de 70 testigos, así como a los tres acusados que se sentaron en el banquillo por concertarse para obtener «un común beneficio económico» en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE.
La declaración completa de Koldo en el Supremo
Las declaraciones de los acusados
El exministro aseguró en su declaración que por él no pasó ninguna oferta económica y apuntó a que había «mucha televisión» en el proceso judicial.
En el juicio, Ábalos denunció haber sufrido un «juicio paralelo».
Durante el juicio, Aldama señaló que él no constituyó ninguna organización criminal, sino que se integró en una que venía «funcionando desde 2015», y admitió que llevaba «mordidas» de constructoras al Ministerio de Transportes y a casa de Ábalos.
Testigos y peritos
El proceso se prolongó un mes y en él comparecieron 75 testigos y una veintena de peritos.
El fallo se conoce dos meses después de que quedara visto para sentencia uno de los juicios que mayor expectación ha generado de los últimos tiempos.
La sentencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia y la contratación de dos conocidas suyas en empresas públicas.
El Alto Tribunal también condena a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio de cárcel.
Lo hace por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
La situación de Víctor de Aldama
En el caso de Aldama, el Supremo suspende la ejecución de la pena por su colaboración con la justicia tras aportar al descubrimiento de los delitos y con una serie de condiciones: no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
A su salida, el empresario ha dicho estar «satisfecho con la sentencia».
Las peticiones de pena de la Fiscalía
Tras el juicio, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo sus peticiones de pena para los acusados.
| Acusado | Pena solicitada por la Fiscalía | Multa solicitada |
|---|---|---|
| José Luis Ábalos | 24 años de prisión | 3,81 millones de euros |
| Koldo García | 19 años y medio de prisión | 3,78 millones de euros |
| Víctor de Aldama | Siete años de cárcel | Superior a 3,71 millones de euros |
En el caso de Ábalos, reclamaba 24 años de prisión para Ábalos, así como una multa de 3,81 millones de euros y la inhabilitación para cargo público.
Para Koldo García, el Ministerio Público solicitaba 19 años y medio de prisión, multa de 3,78 millones e inhabilitación para ejercer cargo público.
Y en cuanto a Aldama, la Fiscalía reclamaba una pena de siete años de cárcel, inhabilitación para cargo público y una multa superior a 3,71 millones de euros.
La lectura de la sentencia
Los acusados estaban citados para la lectura de la sentencia en el Tribunal Supremo a las 12.00 de este lunes, aunque Ábalos y Koldo García la han tenido que seguir de forma telemática desde prisión.
El magistrado ha decidido previamente blindar la sala ante posibles filtraciones y hacer la lectura en sala con la retirada de todos los teléfonos móviles.
El impacto institucional de la corrupción
La sentencia destaca «el grave deterioro de la confianza ciudadana» en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.
El Tribunal Supremo tiene en cuenta que uno de los condenados era «una autoridad de especial relevancia» en su condición de ministro y, «al tiempo, secretario de organización del partido que sustenta al Gobierno».
En los fundamentos de Derecho, el Supremo hace constar que la corrupción quiebra «la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía».
Eso provoca que la sociedad perciba que quienes ocupan posiciones de poder «actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio».
Eso lleva, añade, a experimentar «una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema».
El Supremo esgrime que los actos de corrupción «guardan una conexión directa con el ejercicio de la autoridad política, y, por ello, poseen un potencial desestabilizador mucho mayor».
Son «actos que socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho», lamentan los magistrados, que recuerdan que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ya adujo en su alegato final que la corrupción «estaba carcomiendo nuestro sistema democrático».
Otros ministros condenados durante la democracia
El de Ábalos no es el único caso en el que un ministro es encarcelado en democracia.
De hecho, es el quinto que entra en prisión tras José Barrionuevo, Jaume Matas, Eduardo Zaplana y Rodrigo Rato, aunque el exministro de Transportes es el que más pena ha recibido.
Ninguno de ellos estaba en el cargo cuando fue condenado.
Además, otros tres -Ana Mato, Virgilio Zapatero y José Antonio Griñán- han sido también condenados a ingresar en prisión, pero no llegaron a entrar por diferentes motivos.
Además, Manuel Chaves también fue condenado a una pena de inhabilitación, pero no de cárcel.
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