La comisión de investigación del Congreso sobre las mascarillas tuvo como objetivo esclarecer «los hechos, responsabilidades y enseñanzas» relacionados con la contratación de material sanitario durante la pandemia por parte de la Administración del Estado, sus organismos y otras administraciones públicas. El órgano fue impulsado por el PSOE tras el estallido del conocido como «caso Koldo» y centró sus trabajos en los contratos de emergencia, las posibles irregularidades y la gestión de las compras realizadas en un contexto de urgencia sanitaria.
La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitario en pandemia ha aprobado este martes un listado de 134 comparecientes que incluye a nombres relacionados con el «caso Koldo», entre los que está el exministro de Transportes José Luis Ábalos, pero también a una treintena de miembros del PP, incluyendo cinco presidentes autonómicos. El pleno del Congreso ha aprobado este jueves por mayoría, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, la creación de una nueva comisión de investigación sobre presuntos casos de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, que empezará por el caso Koldo.
Origen y mandato de la comisión
La comisión de mascarillas del Congreso fue impulsada por el PSOE el pasado mes de abril tras el estallido de conocido como 'caso Koldo', y tenía de plazo para presentar sus conclusiones hasta el próximo 2 de octubre. La comisión de investigación del Congreso tendrá una duración de cuatro meses prorrogables y estará formada por tres representantes de cada grupo parlamentario de más de cien diputados, dos por cada grupo con un número superior a ocho e inferior a cien, y un representante de cada uno del resto de grupos.
El Congreso ha constituido este martes la comisión que se encargará de investigar los contratos de emergencia de distintas administraciones para la compra de material sanitario durante la pandemia, un órgano que contará con un diputado de Vox en la mesa que dirigirá sus trabajos, en virtud del pacto que esta formación ha cerrado con el PP. El presidente de la comisión ha mostrado su deseo de que se programen aquellas comparecencias que “entre todos” entiendan como las “más adecuadas” y así como que todos, “con el mayor respeto y persiguiendo el objetivo último” de la comisión, puedan «trabajar conjuntamente en los próximos meses”.
El también presidente de la Comisión de Hacienda, el socialista Alejandro Soler Mur ha sido elegido para la Presidencia; su compañera la exdirectora general de la Guardia Civil Mercedes González ocupará la secretaría primera y Engracia Rivera, de Sumar, ha sido designada vicepresidenta primera. En concreto, el diputado de Vox por Baleares Jorge Campos ejercerá como secretario segundo de la mesa, gracias a los votos de su compañero Carlos Flores Juberías, que será el portavoz de su grupo, y de los diputados del PP.
Composición y funcionamiento
PSOE y Sumar cuentan con mayoría en la mesa de este órgano, pues se han hecho con tres de sus cinco puestos con el apoyo de ERC, Junts, PNV, Bildu y Coalición Canaria. A cambio, Vox ha apoyado la candidatura del ‘popular’ y también balear José Vicente Marí para la vicepresidencia segunda.
La previsión es que la semana que viene se abra un plazo para que los grupos registren sus propuestas de planes de trabajo. Tanto éstos como las comparecencias, deberán ser aprobados por la comisión, para lo que serán necesarios acuerdos previos entre los grupos.
Soler ha recalcado durante su primera intervención ante la comisión que el objetivo de este órgano, impulsado por el PSOE tras el estallido del caso Koldo, es «investigar sobre los hechos, las responsabilidades y las enseñanzas de los procesos de contratación del material sanitario en las distintas Administraciones públicas en la etapa de pandemia”.
La votación de creación
La nueva comisión de investigación del Congreso, solicitada por el PSOE, ha recibido 175 votos favorables, los de los socios parlamentarios de Sánchez, más CC, UPN y el exdiputado socialista José Luis Ábalos, mientras que se han abstenido 136 diputados del PP y han votado en contra los 33 diputados de Vox.
Se trata de la tercera comisión de investigación, tras las creadas en el Senado y en el parlamento balear, y en este ocasión el objetivo es esclarecer "los hechos, responsabilidades y enseñanzas" sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia por parte de la Administración del Estado y sus distintos organismos, así como de otras administraciones públicas.
Los diputados no sólo se centrarán por tanto en el caso Koldo, sino también en las presuntas estafas de otros contratos de mascarillas vinculados a la Comunidad de Madrid o a su ayuntamiento "sin doble vara de medir, con transparencia absoluta y con convicción, caiga quien caiga".
El caso Koldo como eje inicial
Entre las comparecencias aprobadas figuran los principales implicados en el caso Koldo, empezando por Koldo García Izaguirre y el ministro de quien era asesor, José Luis Ábalos. Están también los supuestos cabecillas de la trama Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, así como representantes de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, epicentro de la red, como Iñigo Rotaetxe y José Ángel Escorial, y Jacobo Pombo García, un empresario vinculado al PP a quien la investigación sitúa como intermediario para intentar parar la reclamación de Baleares.
Se llamará también a Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos; a Joseba García Izaguirre, el hermano de 'Koldo' colocado en una empresa del Ministerio; y los guardias civiles José Luis Rodríguez y Rubén Villalba, detenidos por su conexión con la trama.
Figuran asimismo responsables de administraciones públicas que contrataron con la empresa de 'Koldo', empezando por el exministro de Sanidad y ahora candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, y su jefe de gabinete y luego responsable de Deportes, Víctor Francos; y los expresidentes autonómicos de Baleares, Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso, y de Canarias, Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial.
La comisión de investigación arrancará el lunes 22 de abril con las comparecencias de Salvador Illa, y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, según han acordado la mayoría de los grupos parlamentarios. Chicano acudirá por la mañana, e Illa irá por la tarde.
Comparecientes de los gobiernos autonómicos
La lista ha salido adelante con el apoyo del PSOE y sus aliados parlamentarios. Para sacar adelante esta lista, el PSOE ha aceptado sumar a los 84 nombres que registró, otro medio centenar de propuestas de los demás grupos, entre ellos el de Ábalos, que no aparecía en su listado inicial.
La comisión ha acordado llamar además a cinco presidentes autonómicos del PP: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Marga Prohens (Baleares), Alfonso Rueda (Galicia) y Fernando López Miras (Murcia), además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y con ellos se incluye a varios de sus colaboradores y numerosa petición de documentación.
No sólo cita a Isabel Díaz Ayuso, sino también a su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; su número dos en el PP, Alfonso Serrano; sus consejeras Fátima Matute Teresa y Ana Dávila-Ponce de León; su exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero; y el ex director general de Proceso Integrado de la Salud, Manuel Ángel De la Puente Andrés.
Además, se citará a los comisionistas Luis Medina Abascal y Javier Luceño, acusados de delitos de estafa y falsedad documental por sus comisiones millonarias en la venta de material sanitario, y que contrataron con el Ayuntamiento de Madrid, y a María Díaz de la Cebosa, la profesora que les facilitó el contacto del primo de Almeida.
Asimismo se llamará a varias personas que han aparecido en la prensa vinculadas con el novio de Ayuso, como el presidente de Quirón Salud, Víctor Madera, y Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, el grupo con el que trabajaba la pareja de la presidenta.
Personas y organismos incluidos
El listado se completa con el portavoz del comité de crisis en pandemia, Fernando Simón; los periodistas Pedro Águeda y José Precedo; y con los responsables de la consultora Civio David Cabo y Eva Belmonte, así como la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero; el fiscal contra la corrupción Alejandro Luzón.
Los 134 personas incluidas en el listado comparecerán a lo largo de cuatro meses de trabajo con posibilidad de que sean más, según ha informado este martes a los medios a la salida de la comisión su presidente, el diputado socialista Alejandro Soler. La comisión también ha dado luz verde a las peticiones de documentación del PSOE sobre las declaraciones de la renta de la mujer de Feijóo y del hermano y pareja de Ayuso, a lo que no se ha puesto impedimento.
Los 'populares' habían requerido en el Congreso las actas de los Consejos de Ministros en los que se aprobó el rescate de Air Europa con dinero público para ver si el presidente del Gobierno se había inhibido y aunque su petición no ha sido aprobada este martes, podrían solicitar la misma documentación en la comisión del Senado.
Personas que quedaron fuera
Aunque la lista ha sido pactada entre el PSOE y sus socios, ha habido discrepancias con otros nombres que han quedado fuera. Es el caso de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, a quien los socialistas se han negado por el momento a citar, pese a que así lo había solicitado Sumar.
Tampoco aparece en la lista el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que presidía la Xunta de Galicia durante la pandemia y cuya presencia solicitaban ERC, Bildu y BNG; ni Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitada por Vox.
Tampoco aparece en la lista Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, pero sí a personajes próximos, como Daniel Alcázar, administrador de una empresa que vendió mascarillas a la Comunidad.
Las investigaciones sobre Madrid, Andalucía y Galicia
Desde Ferraz no han avanzado su lista de comparecientes, pero no descartan citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este martes, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha insistido en que “todo está abierto” y en que su intención es que se “clarifique todo lo que ha tenido que ver con la compra de material sanitario por parte de la Administración General del Estado” y de otras en las que parece haber habido “irregularidades” y ha citado Madrid, Andalucía y Galicia.
Los diputados no sólo se centrarán por tanto en el caso Koldo, sino también en las presuntas estafas de otros contratos de mascarillas vinculados a la Comunidad de Madrid o a su ayuntamiento. El caso de las mascarillas de la Diputación de Almería ha sido otro de los ejes principales en las comparecencias de estos dos meses.
Entre los citados han estado el actual presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, o el que fuese su vicepresidente, Oscar Líria, que fue detenido por el presunto cobro de mordidas durante la pandemia.
El intento de investigar a Alberto Núñez Feijóo
Desde el PSOE, consideran que sigue habiendo cuestiones que "revisar" y, de hecho, lo socialistas querían enfocar la comisión hacia la gestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia para investigar la concesión de contratos por parte del Gobierno autonómico a "empresas en las que hay familiares" de Feijóo.
"Queremos requerir de la Xunta toda la información que tenga que ver con los contratos de Eulen, con la cuantía de esos contratos, con cuáles eran las otras ofertas, cuántos contratos menores hay sobre esta cuestión para, en base a esa información, actuar en consecuencia y adoptar las medidas que sean necesarias", explicó en su día Patxi López.
Tras la desconvocatoria de la reunión de la comisión prevista para el martes, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, anunció que sería el PSOE el que solicitara la prórroga y justificó esta petición en la necesidad de que se les dé más tiempo para investigar la concesión de contratos por parte de la Xunta de Galicia a "empresas en las que hay familiares" del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El vencimiento del plazo
El Congreso debe decidir esta semana si da más tiempo para trabajar a la comisión que investiga la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia de Covid-19, pues su mandato está a punto de caducar y su continuidad está en el aire. Esta comisión, impulsada por el PSOE tras el estallido de conocido como 'caso Koldo', se creó el pasado 4 de abril y tiene de plazo para presentar sus conclusiones el próximo 2 de octubre.
Se trata de una fecha prorrogable y por eso la comisión se convocó para el pasado martes con el debate sobre la solicitud de una prórroga en su orden del día. Sin embargo, esa reunión se desconvocó unos 20 minutos antes de su inicio, cuando Coalición Canaria, que tiene la representación de todo el Grupo Mixto en este órgano, comunicó al PSOE que iba a votar en contra de solicitar una ampliación del plazo para la aprobación de las conclusiones.
La diputada de CC, Cristina Valido, explicó públicamente que no pensaba apoyar la solicitud de ampliar el plazo porque su partido considera que la prioridad ahora debe ser "dedicar todo el tiempo a resolver el drama migratorio".
El voto de Coalición Canaria
Las decisiones en el seno de la comisión se toman por voto ponderado, es decir, teniendo en cuenta el peso de cada grupo en el hemiciclo, por lo que el voto de CC era determinante y, junto con el PP y Vox, daban mayoría absoluta en contra de la continuidad de la comisión.
Las decisiones en el seno de la comisión se toman por voto ponderado, es decir, teniendo en cuenta el peso de cada grupo en el hemiciclo, lo que otorgaba a CC los ocho votos de todos los integrantes del Mixto. Si unía su 'no', al de PP y Vox, habrían sumado 178 --dos por encima de la mayoría absoluta-- y se habrían impuesto a los partidarios de la prórroga.
La ampliación del plazo debe ser aprobada por el Pleno del Congreso y la única sesión plenaria prevista antes del 2 de octubre es la de la semana viene, cuyo orden del día ya está cerrado y para cambiarlo se requiere la unanimidad de la Junta de Portavoces, algo que el PP no concedería.
Opciones estudiadas para prolongar los trabajos
Según informaron fuentes parlamentarias a Ep, desde el PSOE, barajaban varias opciones para intentar ampliar del plazo, entre ellas intentar convocar la comisión pero que en lugar de Valido acuda la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que es la suplente del Grupo Mixto, pero siempre que ella estuviera dispuesta a votar a favor de pedir la ampliación.
También estudiaron la posibilidad de que la prórroga se votara directamente en el Pleno, donde cada diputado del Mixto podría ejercer su voto sin intermediarios, pero finalmente optaron por no solicitar más tiempo.
Siempre existe la posibilidad de convocar un segunda sesión plenaria inmediatamente después de que concluya la del próximo jueves, 26 de septiembre, pero para ello la comisión debería haber aprobado la solicitud de la prórroga y ahí sigue el escollo de Coalición Canaria.
Comparecencias pendientes
De hecho, los socialistas están pensando en renunciar también a presentar conclusiones, alegando que se ha podido investigar muy poco y que las mismas serían muy parciales -de las 131 comparecencias aprobadas y se van a dejar pendientes unas 110, entre ellas al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor y epicentro de la trama Koldo García-.
Además de los asuntos relativos a Galicia sobre los que el PSOE quiere poner el foco si la comisión puede continuar, este órgano tiene otros muchos asuntos por investigar. De hecho, tiene aprobadas 137 comparecencias y aún no ha citado ni al 25% de integrantes de esa lista.
Por ejemplo, quedan pendientes los principales protagonistas del 'caso Koldo', incluidos el propio Koldo García ex asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos y el ahora diputado del Grupo Mixto. Pero también varios dirigentes del PP, como el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, porque su nombre aparece en el sumario de la investigación; el portavoz del PP en la comisión de investigación, Elías Bendodo, que fue consejero de la Junta de Andalucía en los meses de la pandemia.
En ese listado están igualmente pendientes de citación varios presidentes autonómicos 'populares' además del gallego Alfonso Rueda, como son Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Fernando López Miras (Murcia) o Isabel Díaz Ayuso (Madrid) y varios de sus consejeros.
Las posiciones de los grupos parlamentarios
Partido Popular
El PP ha criticado que se cite a múltiples cargos 'populares' para tapar una trama que "afecta al entorno" del presidente del Gobierno y critican que los socios de Sánchez, "incluido el PNV blanqueen" la corrupción del PSOE, y han tachado la comisión del Congreso de "ventilador".
Tras una bronca intervención, el PP ha decidido abstenerse al poner como condición a su "sí" la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por considerarla una de las implicadas en el caso Koldo, y ha recordado que será en el Senado, donde el PP tiene una mayoría absoluta, donde se celebre una "comisión verdaderamente independiente".
La diputada del PP Macarena Montesinos ha lanzado duras críticas a Armengol, a varios ministros y exministros y hasta a la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, al decir que "sería impresentable" que su agenda "pudiera influir en las decisiones del Ejecutivo".
"Todos los implicados, todos los nombrados en el sumario, todos los que tienen algo que decir tienen una gran oportunidad de explicarlo antes de comparecer en la comisión de investigación. Cuanto antes den esas explicaciones, mejor para todos y evidentemente si no lo hacen voluntariamente tendrán que venir a la comisión a explicarlo", ha apuntado el portavoz del PP en la comisión, Elías Bendondo.
Eso sí, ha remarcado que la intención de su grupo es que la comisión se centre en el caso Koldo, y que para el Partido Popular, los demás asuntos son «cortinas de humo que el Gobierno impone para no hablar de la gravedad” del asunto que afecta al exasesor del exministro José Luis Ábalos.
Vox
Igual opina Vox, que cree que el PSOE está incapacitado para exigir responsabilidades en una comisión de investigación sobre corrupción, porque tienen "145 años de historia y ninguno de honradez", según su diputado por Baleares Jorge Campos, que también ha pedido la dimisión de Armengol.
"La chorizoesfera en la que ustedes se integran es colosal, es casi más grande que el ego y las mentiras de Pedro Sánchez", ha denunciado.
Desde Vox insisten en que será una comisión "paripé". La portavoz de esta formación en el Congreso, Pepa Millán, ha manifestad que la única operatividad de la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas es que el PSOE y el PP "se lancen los trastos a la cabeza", por lo que a su partido le gustaría que estas "irregularidades" se dirimieran ante la Justicia.
Sumar
Sumar ha reconocido que la comisión es "necesaria" pero ha pedido "ir más allá, caiga quien caiga": no sólo "castigar a los corruptos", sino intentar "que nunca más vuelva a ocurrir".
Su diputada Aina Vidal ha aludido al "hastío de la calle" ante la clase política y ha defendido a las "personas decentes que no se aprovecharon" en lo peor de la pandemia, frente a los "cuatro golfos" que se lucraron "en los momentos más duros".
Otros grupos
A diferencia de PP y Vox, sí que ha votado a favor de la comisión UPN, para hacer "frente al oscurantismo" y que los ciudadanos sepan "la verdad" de lo que ocurrió. La comisión ha obtenido asimismo el respaldo del PNV, que ha abogado por el "esclarecimiento" de lo sucedido, y de EH Bildu, que ve en esta iniciativa "una magnífica oportunidad para abrir las puertas y ventanas de las instituciones" y ver "quién y cómo se ha forrado con una coyuntura especialmente difícil" para los ciudadanos.
Toca esclarecer, ha defendido por su parte Coalición Canaria desde el Grupo Mixto, donde Podemos ha abogado, en un discurso crítico con el bipartidismo, por "sacar a la luz todo tipo de trama corrupta, venga de donde venga", y el BNG ha pedido ser "implacables" contra la corrupción.
Por su parte, Flores Juberías (Vox) ha avanzado que su formación va a plantear citar a “todos los responsables autonómicos y de órganos de gestión de las distintas comunidades” que son, a su juicio, quienes tienen “los datos y pueden ofrecer información fidedigna».
Tras recordar que Vox votó en contra esta comisión porque cree que las “responsabilidades se tienen que evacuar en los tribunales” y que tiene «poca fe» en los resultados de la investigación ha expresado su temor de que el PSOE pretenda imprimir un “ritmo tranquilo” a sus trabajos.
La tramitación de los contratos sanitarios
La comisión debía investigar la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia de Covid-19. Su ámbito incluía los contratos de emergencia de la Administración General del Estado, de sus organismos y de otras administraciones públicas.
El caso Koldo, las contrataciones vinculadas a la Comunidad de Madrid y a su ayuntamiento, la adquisición de mascarillas por la Diputación de Almería y los contratos de gobiernos autonómicos formaban parte de los asuntos examinados por los diputados.
Entre abril y junio fueron citados a comparecer los responsables de instituciones que contrataron con la 'trama Koldo' como el exministro de Sanidad y ahora presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. También se ha interrogado ya a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su condición de exmandataria de Baleares, a su sucesora en ese puesto, la 'popular' Marga Prohens, y al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue expresidente de Canarias durante la pandemia, además de algunos de sus consejeros.
Asimismo han tenido la oportunidad de exponer ante la Cámara las conclusiones de sus informes de fiscalización sobre contratos de emergencia tanto la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, así como algunos de sus homólogos autonómicos.
El debate sobre la utilidad de la comisión
La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha lamentado que "el próximo 2 de octubre va a decaer, pero nosotros seguiremos intentando por todas las vías que se esclarezcan los hechos", ha asegurado en una entrevista en el programa Parlamento de RNE.
No obstante, Peña cree que se han visto "muchas cosas" durante los cuatro meses que ha durado la comisión de investigación y se ha puesto "negro sobre blanco" la actuación de las administraciones durante la pandemia, ya que, según ha dicho, lo que sucedió con las mascarillas no fue "un momento y un lugar concreto", sino que sucedió en "todas" las comunidades autónomas.
El documento destaca la importancia de la coordinación entre los servicios de salud pública autonómicos y el Ministerio de Sanidad, así como la necesidad de evaluar periódicamente la situación epidemiológica para adaptar las respuestas.
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