El conflicto de la empresa depuradora vinculada a Florentino Pérez se centra en la estación depuradora de aguas residuales de Cabo Prioriño, en Ferrol, gestionada por Emafesa, una empresa mixta cuyo socio privado es Urbaser, filial del grupo ACS. La instalación no habría depurado correctamente las aguas residuales durante un periodo prolongado, aunque los vecinos continuaron pagando una tasa de saneamiento.
El Ayuntamiento de Ferrol calificó la situación como una posible estafa a la ciudadanía y anunció auditorías, reclamaciones económicas y la posibilidad de acudir a la Fiscalía. Urbaser, por su parte, presentó una demanda contencioso-administrativa contra el Concello para reclamar la reposición de la tasa suspendida.
Qué originó el conflicto de la depuradora de Cabo Prioriño
Una visita sorpresa del alcalde de Ferrol a la depuradora de la ría, el pasado 25 de agosto, confirmó sus peores temores: la planta que gestiona Urbaser, del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, no depura. A través de un bypass, el agua que entra sucia por un conducto se devuelve a mar abierto también sucia, a pesar de que los vecinos pagan una tasa de entre 80 y 140 euros anuales.
La pasada semana el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, visitó por “sorpresa” la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cabo Prioriño acompañado por dos técnicos municipales. Al llegar, el regidor comprobó lo que resume afirmando que “todo era un fraude”.
Según el Gobierno local, que sustentan Ferrol en Común y PSdeG, el “anuncio público” de que la infraestructura ya “había depurado un millón y medio de metros cúbicos” de agua, lanzado por el PP poco antes de las elecciones municipales, cuando gobernaba el municipio con mayoría absoluta, no se correspondía con la realidad.
“Todas las aguas residuales fueron vertidas sin tratar directamente al mar”, asegura el nuevo gabinete, dispuesto a exigir “responsabilidades políticas” de los anteriores gestores municipales y también a elevar el asunto a los tribunales para hacer lo propio con Urbaser, la filial de ACS, grupo presidido por Florentino Pérez, que controla el 49% de la empresa municipal de aguas, EMAFESA.
El funcionamiento mediante bypass
El alcalde ferrolano explica que los servicios jurídicos municipales le han recomendado esperar a la celebración del Consejo de Administración de EMAFESA “antes de acudir a los juzgados”. En esa reunión, prevista para el próximo miércoles, indica, el Ayuntamiento escuchará “las explicaciones del socio privado” a la que le expondrá los resultados definitivos de los “análisis de la muestra de agua” recogido en la depuradora durante la visita de la pasada semana.
El dictamen “preliminar” de ese análisis ya “indica que el nivel de bacterias coliformes, indicativas de contaminación, es muy superior a los parámetros permitidos”. Esta situación, según el Gobierno local, es resultado directo de que “hasta enero de 2015 toda el agua que llegó a la EDAR para su tratamiento, por el que el socio privado de EMAFESA cobraba una tasa al vecindario, salió directamente por bypass a mar abierto”.
Desde enero y “hasta hoy” sólo ha existido “un pretratamiento para apartar sólidos en momentos puntuales y de forma discontinua, en horario de 8 a 15 horas”, cuando la estación recibía suministro eléctrico. “Bombear -evidencia Suárez- no es depurar y las responsabilidades no se pueden eludir”, dice, en un contexto en el que, recuerda, existen varios espacios naturales en la zona que son zonas protegidas.
“Nos encontramos ante una situación que roza no solo la negligencia, sino también el posible delito ecológico”, resalta.
Una infraestructura inaugurada sin estar operativa
“Por una ría más limpia, una ciudad mejor”. Con tan atractivo nombre, el Ministerio de Medio Ambiente abrió en marzo de 2014, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, una exposición informativa sobre las obras de saneamiento en la castigada ría de Ferrol, en la que están instaladas una petroquímica, una siderúrgica y varios astilleros, entre otras industrias.
La obra clave, la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Prioriño, se inauguró en agosto. No tenía electricidad, no depuraba, pero ese año recaudó 800.000 euros a través de los recibos de los vecinos.
Cinco meses después se instaló un grupo electrógeno, que permitía un pretratamiento de ocho a tres y el bombeo al emisario submarino, pero tampoco depuraba. Seguía cobrando.
La EDAR la construyó Acciona con un presupuesto de 37 millones de euros, financiados en un 85% por la Unión Europea y en un 15% por la Xunta, a través de Augas de Galicia.
Su inauguración parecía el final de un largo proceso que arrancó en 1997, cuando la obra fue declarada de Interés General del Estado, pero fue más bien el principio de un nuevo conflicto, ante la decisión del entonces alcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela, del PP, de encomendar la gestión de la obra a Emafesa, la empresa mixta controlada por Urbaser que ya se encargaba del abastecimiento de agua.
Protestaron los ecologistas, la oposición, ayuntamientos como Narón y grupos parlamentarios como el de AGE, que llevó la decisión al Parlamento gallego.
La inspección municipal y las deficiencias observadas
Cuando el sucesor de Rey Varela, Jorge Suárez -de la marea Ferrol en Común- se presentó por sorpresa en la depuradora, solo había un operario en la planta, junto con otros dos de la subcontrata eléctrica.
El primero de ellos se apresuró a encender los botones de los equipos, pero la situación era indisimulable: equipos precintados, laboratorio cerrado, el material embalado y los manuales en sus cajas.
En el primer consejo de administración celebrado tras la inspección, Urbaser no negó lo innegable, pero atribuyó el caso a deficiencias en la ejecución de las obras.
“Así sale al agua al mar después de la depuración”, titulaba un post en su Facebook Jorge Suárez, acompañado de una foto de un líquido de color negro saliendo por una cañería.
El alcalde recordaba un hecho fundamental: el anuncio, realizado en marzo de este mismo año, de que la EDAR ya había depurado un millón y medio de metros cúbicos.
“Hemos constatado que todo era un fraude, que hoy podemos comunicar a los vecinos después de tener el informe técnico oportuno que avala la falta de depuración”.
El Ayuntamiento se pregunta ahora cómo el anterior gobierno local y la Xunta recepcionaron una obra “inhabilitada”. “Bombear agua residual para verterla a mar abierto en lugar de en la ría no es sanear ni depurar”, lamentó Jorge Suárez.
Impacto ambiental en la ría de Ferrol
Y no es una ría cualquiera, la de Ferrol. Sus peculiaridades orográficas, una bocana estrecha que se ensancha, la convierten en un vivero natural especialmente productivo, que da de comer a más de 500 familias que viven de la actividad extractiva.
El dictamen “preliminar” de ese análisis ya “indica que el nivel de bacterias coliformes, indicativas de contaminación, es muy superior a los parámetros permitidos”.
El Gobierno local consideró que los hechos podían tener consecuencias ambientales, económicas y administrativas, especialmente por la existencia de espacios naturales protegidos en la zona.
El Ayuntamiento ha pedido una auditoría externa para determinar responsabilidades penales, con el objetivo de elevar una denuncia ante la fiscalía.
La tasa de saneamiento cobrada a los vecinos
Los problemas de funcionamiento de la depuradora de Cabo Prioriño han generado un problema para todos los actores implicados. Para los ciudadanos de Ferrol, que abonaron unos 800.000 euros por la tasa de saneamiento cuando, en realidad, la EDAR no funcionaba al 100%; Acciona, la constructora, que podría enfrentarse a una demanda si se detectan errores de construcción en las instalaciones; y Emafesa, la empresa de aguas que la gestiona y que tiene como socio privado a Urbaser, la filial del grupo ACS.
La suspensión de la tasa se produjo después de conocerse la falta de tratamiento de las aguas de la depuradora, que el propio Concello califica como «una gran estafa a la ciudadanía», ya que se estaba cobrando a los vecinos por un hecho imponible que no se estaba realizando.
A pesar de que Suárez reconoció que el cobro de la tasa es obligatorio por una normativa europea, considera procedente analizar con Augas de Galicia los informes técnicos de la EDAR que «justifican o no» el cobro de la misma en la situación de inactividad en la que se encontraba la estación de Prioriño.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Importe recaudado en un año | 800.000 euros |
| Tasa anual por vecino | entre 80 y 140 euros anuales |
| Participación pública en Emafesa | 51% |
| Participación privada de Urbaser | 49% |
| Coste de construcción de la EDAR | 37 millones de euros |
La suspensión del cobro y la demanda de Urbaser
La empresa de aguas mixta, participada en un 51% por el Concello de Ferrol, ya está pagando los platos rotos, que tuvieron como fecha simbólica el pleno del 27 de agosto del año pasado.
Entonces, el Gobierno municipal, conformado por Ferrol en Común y PSdeG, tumbó las cuentas de Emafesa con el apoyo del BNG.
Las discrepancia fundamental no era de carácter técnico o contable, sino el rechazo a la gestión de la empresa por cobrar por un servicio que se realizaba de manera deficiente.
El Gobierno municipal decidió suspender el cobro de la tasa en un pleno extraordinario celebrado el 18 de septiembre, por lo que los ingresos han aminorado.
Por este motivo, Urbaser, la empresa de Florentino Pérez, decidió emprender un contencioso administrativo contra el Concello solicitando la reposición del tributo.
Florentino Pérez libra una nueva batalla con el Concello de Ferrol por la EDAR de Cabo Prioriño. Urbaser, del grupo ACS, propiedad del empresario, ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento para reclamarle la reposición de la tasa de saneamiento de la depuradora, suspendida en el pleno extraordinario del pasado 18 de septiembre.
El alcalde ferrolano, Jorge Suárez, afirmó tener constancia de la demanda de su socio en la empresa mixta de aguas de la ciudad, Emafesa, sólo de manera extraoficial, ya que todavía no fue notificada al Concello.
La situación económica de Emafesa
Desde aquel pleno, el balance de resultados de Emafesa correspondiente al ejercicio 2014 continúa sin aprobar.
En principio, debería presentar unos beneficios de 125.000 euros, con un patrimonio neto de 5,6 millones. Sin embargo, la supresión de la tasa de depuración podría empujarlo hacia las pérdidas.
La situación ha generado un problema económico a Emafesa. El Gobierno municipal decidió suspender el cobro de la tasa en un pleno extraordinario celebrado el 18 de septiembre, por lo que los ingresos han aminorado.
El conflicto sigue en pie y, este mes, la empresa remitió al Registro Mercantil la «justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediante certificación del organo de administracion».
Las responsabilidades atribuidas a los anteriores gestores
“Todas las aguas residuales fueron vertidas sin tratar directamente al mar”, asegura el nuevo gabinete, dispuesto a exigir “responsabilidades políticas” de los anteriores gestores municipales y también a elevar el asunto a los tribunales para hacer lo propio con Urbaser.
Después de que, como informa Ferrol 360, la Xunta derivara al Ayuntamiento cualquier responsabilidad en este asunto, Jorge Suárez advierte de que la actitud del Gobierno gallego no hace más que apuntar “a la antigua Corporación, porque esta situación se vino dando durante un año en el que no se depuró ni un solo metro cúbico de agua”.
“Los indicios son de que durante un año se estuvo engañando a la ciudadanía, porque si no eran capaces de depurar el agua” el Gobierno local tendría que tener “conocimiento” de lo que estaba sucediendo.
Por eso, enfatiza, “todas las responsabilidades van a ser demandadas judicialmente”.
La auditoría y la posible vía judicial
Lo que no pudo parar la parte privada de Emafesa es la auditoría “independiente, técnica y económica” sobre las deficiencias en la planta de Prioriño y sobre el “incumplimiento de la encomienda hecha desde el Ayuntamiento para la explotación, mantenimiento y conservación” de la planta.
Ese documento servirá de base a la denuncia que Suárez presentará ante la Fiscalía, ante lo que considera presuntos delitos “ambientales, económicos y de derecho público”.
El Ayuntamiento ha pedido una auditoría externa para determinar responsabilidades penales, con el objetivo de elevar una denuncia ante la fiscalía.
El gobierno local quiere recuperar la gestión de la planta y analizar con detalle las cuentas de la empresa, para estudiar la eventual devolución de la tasa de saneamiento cobrada a los vecinos.
En el próximo pleno municipal se debatirá la derogación del impuesto.
La respuesta de Urbaser y Emafesa
En el primer consejo de administración celebrado tras la inspección, Urbaser no negó lo innegable, pero atribuyó el caso a deficiencias en la ejecución de las obras.
La propia Clece había realizado prácticas parecidas en Pontevedra.
La empresa de aguas mixta, participada en un 51% por el Concello de Ferrol, ya está pagando los platos rotos, que tuvieron como fecha simbólica el pleno del 27 de agosto del año pasado.
El Ayuntamiento intentó destituir este martes a Pisa, pero el peculiar sistema de representación en el Consejo de Administración de la empresa mixta permitió a Urbaser bloquear el cese, pese a que posee solo el 49% del capital social.
La falta de comunicación institucional
Según se ha sabido esta semana, la Xunta realizó una inspección a la depuradora el pasado 1 de septiembre, cuando el alcalde ya había denunciado sus deficiencias, pero ni el ente autonómico Augas de Galicia ni los directivos de Emafesa informaron al Gobierno local de Ferrol.
Un mes después de la crisis del agua A revelación de que la EDAR ferrolana estuvo un año sin depurar agua se produjo apenas un mes después de la crisis que dejó sin agua potable más de 100.000 personas en la comarca de Ferrolterra durante tres días.
En aquella ocasión el campo meramente técnico se mezcló con la falta de comunicación de la Xunta hacia el Ayuntamiento y también de las disfunciones en la labor de EMAFESA que, según el Gobierno local, “no comunicó absolutamente nada” de la detección de los niveles de contaminación a pesar de ser la Administración municipal quien posee el 51% de la empresa.
Este mismo verano, Emafesa dejó cuatro días sin suministro de agua a cuatro ayuntamientos de la zona, tras detectarse parámetros excesivos de trihalometanos.
Se abrió entonces un conflicto a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Xunta y Urbaser en el que el Gobierno gallego y la empresa de Florentino hicieron frente común contra el nuevo alcalde ferrolano.
El debate sobre la gestión pública del servicio
Una vez superada esa crisis el propio alcalde de Ferrol mantuvo en una entrevista con este diario que lo sucedido permitía “abrir una nueva vía” para una posible “remunicipalización”, la del “incumplimiento del contrato”.
“Darle toda la parte técnica a una empresa privada hace que estemos a merced de ellos. Con una gestión pública el control de la salubridad, al menos, quedaría garantizado”, aseguraba.
El gobierno local quiere recuperar la gestión de la planta y analizar con detalle las cuentas de la empresa, para estudiar la eventual devolución de la tasa de saneamiento cobrada a los vecinos.
La controversia sobre la remunicipalización se relaciona con el reparto de responsabilidades dentro de Emafesa, donde el Concello de Ferrol posee el 51% del capital, mientras que Urbaser controla el 49% y mantiene capacidad de bloqueo en el consejo de administración.
Acciona y las posibles deficiencias de construcción
Los problemas de funcionamiento de la depuradora de Cabo Prioriño han generado un problema para todos los actores implicados.
Acciona, la constructora, podría enfrentarse a una demanda si se detectan errores de construcción en las instalaciones.
Urbaser atribuyó el caso a deficiencias en la ejecución de las obras, mientras que el Ayuntamiento impulsó una auditoría “independiente, técnica y económica” para determinar si el origen de los problemas estaba en la construcción, en la explotación o en ambas circunstancias.
La EDAR la construyó Acciona con un presupuesto de 37 millones de euros, financiados en un 85% por la Unión Europea y en un 15% por la Xunta, a través de Augas de Galicia.
Otros conflictos relacionados con empresas del grupo ACS en Galicia
El Gobierno local de A Coruña ha abierto un expediente a la empresa Clece, concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad, después de que haya comprobado diferentes «incumplimientos» en el contrato y tras no haber implementado las mejoras que desde el Ayuntamiento le habían solicitado en una reciente reunión.
Esta filial de la multinacional ACS, constructora propiedad de Florentino Pérez, se enfrenta a un nuevo conflicto con una administración pública gallega después de numerosas quejas, denuncias y problemas por incumplir con lo pactado o cobrar por servicios que no había realizado en ayuntamientos e instituciones.
No parece extraño en un grupo empresarial cuya filial Urbaser fue denunciada en Ferrol tras admitir que su depuradora del Cabo Prioriño no realizaba su función a pesar de facturar por hacerlo durante un año.
La propia Clece había realizado prácticas parecidas en Pontevedra. El Ayuntamiento reconoció hace más de dos años que la filial de ACS le había facturado 38.000 euros por servicios no prestados después de que a la empresa se le abriesen varios expedientes.
El expediente de Clece en A Coruña
La Administración local anunció en el mes de enero que había iniciado «la tramitación de un nuevo contrato para el Servicio de Ayuda a Domicilio» tras rechazar la posibilidad de prorrogar el contrato cuatro años más.
Ahora, en A Coruña, la Concejalía de Justicia Social y Cuidados le ha abierto un expediente a la espera de sus alegaciones y podría imponerle sanciones o incluso cancelar el contrato si continúa con los incumplimientos.
«Es un desastre», dicen fuentes municipales sobre el funcionamiento de una empresa cuyo contrato le fue adjudicado el pasado año por el anterior Gobierno del PP y que supondría para el Ayuntamiento más de 7,5 millones de euros en tres años.
En este caso, los problemas llegan por un servicio insuficiente para los dependientes -a algunos incluso no se los ofrecieron-, falta de coordinación o demasiados cambios de auxiliar.
Quejas laborales y conflictos sindicales
Desde los sindicatos, Alejandra Gesto, responsable de la Federación de Construcción, Madera y Afines (Fecoma) de CCOO, explica que los incumplimientos por parte de esta empresa «son continuos», también en el plano laboral.
Impagos de horas extras, incumplimiento de los descansos obligatorios o del reglamento de prevención de riesgos, labores fuera del horario laboral, negativa a cubrir una baja de manera inmediata, denegación de los días de asuntos propios o regulación mediante el convenio estatal cuando ya hay uno a nivel autonómico.
Y tanto en lo que tiene que ver con la ayuda en el hogar como en la limpieza.
Tal y como aclara Gesto, los conflictos con los trabajadores de ayuda en el hogar «son aún más complejos» porque la Inspección de Trabajo «tiene muchos problemas por las limitaciones a entrar en un domicilio».
La responsable de CCOO dice que la situación «es gravísima» en Clece y advierte incluso de la «importante incidencia de las bajas» en la firma y de la «incapacidad laboral» que ya tiene alguna trabajadora por los rigores de unos trabajos «en los que hasta se privó de grúas para ayudar los enfermos».
Conflictos en la Universidad, Compostela y el Arsenal de Ferrol
El último conflicto, además de en el Ayuntamiento de A Coruña, surgió también en la Universidad con sede en la misma ciudad.
Hay varias denuncias presentadas por los sindicatos y «movimientos de personal que provocaron varios despidos».
La Inspección ya ha acudido a comprobar si se cumplía o no con todos los deberes legales tras las demandas de los trabajadores de limpieza.
No hace mucho, en Compostela, la Junta de Gobierno dio cuenta de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba la adjudicación de las escuelas infantiles de Conxo y Fontiñas a Clece aprobada en 2013 y que llegó cuando estaba a punto de expirar la prórroga del contrato con la firma, lo que puede suponer «una reclamación patrimonial al Ayuntamiento».
En verano de 2014, el Gobierno local del PP había abierto expediente a la filial del grupo de Florentino Pérez por la gestión de dichas escuelas por incumplimiento «grave» de las condiciones del contrato y tras las múltiples quejas presentadas por los padres de los niños.
El caso finalizó en una mínima sanción de 3.000 euros a la compañía.
En el pasado verano, Inspección de Trabajo, después de una demanda de CCOO, había calificado como «grave vulneración de los derechos fundamentales» la cláusula de subrrogación formulada por Clece, adjudicataria del servicio de limpieza del Arsenal Militar de Ferrol.
La compañía había obligado a las trabajadoras a firmar una cláusula en la que renunciaban expresamente a reclamar a la nueva empresa las deudas salariales de la anteriores.
La expansión de las concesiones y las críticas sindicales
Según Alejandra Gesto, de CCOO, estas prácticas «son habituales» en Clece que «pasa absolutamente de la ley y todo lo lleva al juzgado».
«Busca siempre ganar tiempo e individualizar los conflictos», explica quien conoce de buena tinta muchos de los problemas laborales y de incumplimientos legales que rodean a la compañía de Florentino Pérez, que suele emplear «toda su maquinaria legal», que es mucha y amplia.
Además, en Vigo, la Oficina de Dereitos Sociais de Coia lleva tiempo denunciando que esta empresa del grupo ACS, a pesar de las denuncias y problemas que acumula, «se lleva la mitad del presupuesto de la Concejalía de Bienestar Social» (más de 5 millones de euros) al gestionar el Pograma de Infancia, el Servicio de Ayuda en el Hogar y una parte de los servicios y personal de Cedro.
No es un caso único en Galicia. Las concesiones a compañías filiales de la constructora madrileña se extienden por docenas de ayuntamientos y administraciones públicas en Galicia, a pesar de las continuas irregularidades denunciadas por muchas de ellas.
Este diario se puso en contacto con la empresa Clece y está aún a la espera de su respuesta.
El conflicto de la desaladora de Escombreras en Murcia
La cuestión de la depuradora de Ferrol se relaciona con un contexto más amplio de controversias sobre infraestructuras hidráulicas gestionadas por empresas vinculadas al grupo ACS y a Florentino Pérez.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha desvelado en un extenso informe de más de 200 páginas que el PP de Murcia amañó la adjudicación de la desaladora de Escombreras (Cartagena) y se la entregó a la empresa ACS.
De este modo, se desarrolló una 'trama del agua' con la que a través de contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados y una larga lista de irregularidades contables, el PP cargaba las deudas de ACS a los presupuestos regionales de Murcia.
Así lo recoge El Confidencial, que ha tenido acceso al informe remitido en enero al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, después de que la UDEF investigara en secreto desde hace dos años la tramitación de la planta en el llamado caso La Sal.
Cómo se estructuró la operación de Escombreras
La 'trama del agua' se desarrolló a través de contratos falsos y facturas simuladas en las que el PP cargaba las deudas de ACS a las arcas públicas.
Esta trama implica al exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015) y a una decena de empleados de ACS y su filial Cobra.
Además, la mayor parte de las decisiones bajo sospecha se tomaron bajo el mandato del expresidente Ramón Luis Valcárcel (1995-2014), actual vicepresidente del Parlamento Europeo.
En concreto, la trama comenzó cuando la compañía de Florentino Pérez pagó 1,1 millones de euros en facturas ficticias para negociar con inversores locales que querían construir una desalinizadora que paliara el déficit de agua en la región.
Entonces, el Gobierno de Valcárcel creó la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizó para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA.
Este proyecto se convertía por tanto en un trabajo gestionado en su mayoría por la Administración regional.
Tras alirse con el PP, ACS constituyó el 25 de enero de 2006 la Desaladora de Escombreras SA, con el 100% de las acciones en su poder.
La UDEF concluye ahora en su informe que el proceso estuvo diseñado desde el principio para que la Administración regional entrara en el proyecto.
Correos electrónicos hallados en registros así lo demuestran. Existen documento redactados hasta ocho días antes de que el Gobierno del PP anunciara la creación de la empresa pública.
Coste económico y problemas financieros
Murcia llegó a pagar a empresas del grupo ACS, de Florentino Pérez, casi 600 millones de euros en total por una desaladora que casi no funciona, lo que supone el quíntuple de su coste.
Los datos extraídos en la comisión de investigación parlamentaria de la Asamblea Regional, indican que el Gobierno regional del PP ya ha pagado a empresas de ACS por la desaladora "al menos 122".
La desaladora de Escombreras ya quemaba en las manos al poco de nacer y de mostrar que no iba por buen camino.
Nadie en el Gobierno regional ha querido hacerse cargo de este 'marrón, que no se ha podido enmendar.
Nadie ha dado la cara por esta infraestructura de la etapa de Valcárcel tan problemática y gravosa para las arcas públicas, y menos cuando LA VERDAD publicó hace diez años, en febrero de 2013, que esta desaladora -una instalación pequeña que apenas ha alcanzado los 20 hectómetros, y que últimamente ha estado paralizada y a medio gas- va a tener un coste final de 600 millones de euros, cuatro veces más que su valor inicial, debido a unos contratos leoninos firmados con un grupo privado controlado por la constructora ACS propiedad de Florentino Pérez.
El contrato, las reclamaciones y el lucro cesante
En 2010 la Desaladora de Escombreras SA atravesaba por graves problemas financieros que eran “causa de disolución” y la compañía de Florentino Pérez buscaba salir de la sociedad como fuera.
Entonces el PP decidió comprarle su 49%.
Poco después de salir del proyecto, ACS denunció al PP por el incumplimiento del plan de pagos.
Poco después de salir del proyecto, ACS denunció al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos.
Reclama a la Administración los fondos que debía recibir hasta 2034.
Esto podría suponer un total de 600 millones de euros, cuando solo invirtió 1,1 millones.
Las revelaciones de la UDEF pueden frustrar esas exigencias si se demuestra que toda la operación se basa en una cadena de engaños.
Florentino Pérez vuelve a blindarse. El empresario reclama 600 millones de euros al gobierno de Murcia por no poder explotar la desaladora de Escombreras.
El grupo ACS es dueño del 80% de Hydro Management, la empresa constructora de la planta productora de agua.
La sociedad de Florentino Pérez firmó un acuerdo en 2009 con el ejecutivo del entonces presidente Ramón Luis Valcárcel por la construcción y gestión de la planta por 500 millones de euros.
El acuerdo iba acompañado por una cláusula indemnizatoria por 559 millones de euros si finalmente se rescindía el contrato.
Sin embargo, cuando el Gobierno regional incumplió en los primeros pagos a la empresa Hydro Management, el grupo ACS contraatacó con la petición de 600 millones de euros.
La petición se dividió en 400 millones por la construcción de la planta -aunque la edificación está valorada en 125 millones según refleja la empresa auditora de las cuentas de la sociedad- y otros 200 millones, por lucro cesante, según recoge la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Murcia por presunta corrupción en la gestión de la desaladora, presentada por el abogado Diego de Ramón.
La planta y el fracaso del proyecto urbanístico
La construcción de la planta desaladora de Escombreras fue promovida desde 2005 por el Gobierno murciano, entonces encabezado por el hoy eurodiputado del PP Ramón Luis Valcárcel, con la intención de evitar un parón en la construcción por la falta de agua para las urbanizaciones.
En esas fechas, el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por la socialista Cristina Narbona, obligaba a los constructores a justificar la existencia de recursos hídricos suficientes para permitir la edificación.
Y ese permiso lo emitían las diferentes confederaciones hidrográficas.
Las confederaciones hidrográficas del Segura y del Júcar habían firmado, en diciembre de 2005, resoluciones desfavorables sobre la disponibilidad y la existencia de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de cerca de 450.000 viviendas previstas en cerca de 50 municipios de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, Murcia y Almería, según se desprende de los informes realizados tras la modificación de la Ley de Aguas.
En el caso de la Región de Murcia y el sur de Alicante, el entonces comisario de Aguas de la Confederación del Segura (CHS), Manuel Aldeguer, rechazó dar el visto bueno a miles de viviendas de estas dos Comunidades Autónomas.
Y fue entonces cuando el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel creó un Ente Regional del Agua, que se encargó de la construcción de una planta desaladora en Escombreras (Cartagena) que tenía como finalidad suministrar agua a todas las viviendas promovidas en el Campo de Cartagena.
El Gobierno de Valcárcel inauguró en dos ocasiones la planta, la primera de ellas en abril de 2007, en vísperas de las elecciones autonómicas del mismo año, y cuando la desaladora no tenía conexión al mar, adjudicó la construcción a dos empresas del grupo ACS, de Florentino Pérez.
Además, al parecer la infraestructura fue utilizada para impulsar 26 convenios urbanísticos en pleno 'boom' inmobiliario.
Con la producción extra de la desaladora, el Gobierno de Valcárcel recalificó más de 180 millones de metros cuadrados de suelo para construir hasta 250.000 casas.
El objetivo era producir 50 hectómetros cúbicos anuales, y actualmente sólo genera cuatro.
El proyecto nació al fulgor del boom inmobiliario. Situado en plena costa, a tan sólo 20 kilómetros al sur de Cartagena, la planta iba a abastecer de agua a todo el desarrollo urbanístico del complejo bautizado como 'Novo Carthago'.
El plan proyectaba una macrourbanización de 10.000 viviendas, dos campos de golf y hoteles.
Casi diez años después, hay desaladora, pero no complejo urbanístico.
La investigación judicial de la desaladora
La instructora del procedimiento, la jueza Azuar, ha imputado ya a varios de los 32 implicados en la tramitación del proyecto.
Entre ellos, los directivos del grupo ACS Alfonso Aguirre Díaz Guadarmino y Eugenio Llorente, y los empresarios locales Juan Martínez Martínez, José Carvajal Conesa, Tomás Bourchert Muñoz, Juan Jódar Martínez y Miguel Caballero Sandoval.
El caso se inició tras la denuncia interpuesta por el entonces fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, que ahora es el fiscal superior de la Región de Murcia en sustitución de Manuel López Bernal.
Tras aceptar a trámite el caso, la jueza ordenó el registro de la propia planta desaladora, construida por una filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez, y el despacho de un abogado.
Según La Verdad de Murcia, se trata del letrado Andrés Arnaldos, que habría desarrollado un papel relevante en las operaciones, ya que trabajó para las sociedades que pusieron en marcha la desalinizadora y más tarde ejerció como secretario de la planta de Escombreras, la empresa pública que se hizo cargo de la explotación del agua.
La jueza ordenó el registro de la propia planta desaladora y el despacho de un abogado. El informe de la Policía debía analizar el contenido de la documentación requisada a los implicados.
Retrasos en la investigación
El informe de la Policía sobre el agujero de 600 millones de euros en la construcción de la planta desaladora de Escombreras sigue sin llegar a la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, según explicaron a Vozpópuli fuentes del caso, que aseguran que esta situación supone un importante contratiempo para la instrucción.
Esta redacción se ha puesto en contacto con la Dirección General de la Policía, que ha declinado hacer cualquier aclaración al respecto, alegando que la UDEF sólo tiene que dar explicaciones a la instructora, si así lo requiriera.
Además, recuerdan que los procedimientos son secretos.
Sin embargo, fuentes del caso explican que el informe policial, que debe analizar el contenido de la documentación requisada a los implicados, tendría que estar a disposición de la jueza antes de que se lleven a cabo los interrogatorios de los imputados, que un año después de los registros todavía no han sido citados por el juzgado.
Precisamente, el propio Díaz Manzanera admitió el pasado 6 de julio, en declaraciones a Onda Regional de Murcia recogidas por el diario La Opinión de Murcia, un excesivo retraso en la resolución de los procedimientos sobre corrupción abiertos en la región murciana.
Entre estos expedientes que han sufrido retrasos incluyó el de la desaladora de Escombreras, que se está dilatando por culpa, dijo Díaz Manzanera, de la escasez de recursos que sufre la Fiscalía.
La carga económica para las administraciones
El Gobierno de Murcia paga un alquiler anual de 16 millones de euros, y además podría verse obligado a abonar 600 millones de euros a ACS, de Florentino Pérez, cuya situación, según el Tribunal de Cuentas, es insostenible.
El gobierno murciano pudo hacer frente inicialmente a la petición de Florentino Pérez llegando a un acuerdo.
El Ejecutivo pagó a la empresa que construyó la desaladora los 22 millones de euros que le debía por los años 2012 y 2013.
Sin embargo ahora la viabilidad de la planta vuelve a estar en cuestión tras un informe interno del nuevo ejecutivo regional, otra vez en manos del PP tras las últimas elecciones autonómicas.
El informe presentado por los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia de Murcia asegura que la planta de agua es "inviable" y propone la disolución de la misma para frenar los "daños patrimoniales".
Las cuentas de la empresa no salen. La desaladora de Escombreras se ha convertido en un agujero por el que se cuela el dinero de las arcas municipales.
La sociedad acumuló unas pérdidas de más 13 millones de euros en 2013, según las últimas cuentas depositadas.
A esa cantidad se suma el dinero anual que tiene que pagar el ejecutivo regional a la empresa del presidente de ACS, Florentino Pérez, según el contrato firmado con el anterior gobierno de Valcárcel.
La falta de concurso y la opacidad contractual
"La construcción no le costó dinero al gobierno regional porque pactó que la edificación se pagaría con la producción de agua. Esta operación nos produce dudas sobre su legalidad porque es una obra pública sin concurso", explica Joaquín López, diputado socialista de la Asamblea de Murcia.
El contrato entre comunidad y grupo garantizaba el pago de los 500 millones de euros al grupo ACS por 25 años.
La empresa de Florentino Pérez cobraría dicha cantidad fracturada hasta 2034.
El primer desembolso se haría en 2009 por 4 millones de euros, una cifra que crecería con la actualización del IPC hasta alcanzar los 26 millones de euros para 2034.
Según el contrato, en 2015, la comunidad debería haber abonado 13,9 millones de euros.
La poca transparencia respecto al contrato entre el gobierno y la empresa constructora ha llevado a los partidos de la oposición a pedir una comisión de investigación en la Asamblea regional.
El socialista Joaquín López confirma que aún no está aprobada y que habrá que esperar a septiembre, mientras que fuentes del partido Ciudadanos denuncian que no tienen datos de la gestión y exigen conocer los pormenores de la obra, desde las licencias concedidas, hasta su bajo rendimiento.
La comparación con otros contratos públicos
Los blindajes del presidente de ACS son ya conocidos.
El grupo constructor cobró en noviembre de 2014 una compensación de 1.350 millones de euros por el cese de la actividad de la plataforma Castor, situada en Vinaroz (Castellón).
Tras cerca de 500 seísmos sufridos entre 2013 y 2014 en la zona de Castor, el Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2014 que Enagás asumiera la gestión de la instalación y que se encargara de realizar la operación financiera para abonar los 1.350 millones a ACS, una cantidad que realmente tendrá que pagar los ciudadanos en su factura del gas durante los próximos 30 años.
Enagás está ya en proceso de hibernación de esta instalación y percibirá una retribución menor a 20 millones anuales.
La relación entre los dos conflictos
En Ferrol, el problema se originó por el cobro de una tasa vinculada a un servicio de depuración que, según el Ayuntamiento, no se estaba prestando correctamente. En Murcia, la disputa se desarrolló alrededor de una desaladora con una producción muy inferior a la prevista, contratos de larga duración y reclamaciones millonarias a la Administración.
En ambos casos aparecen infraestructuras hidráulicas vinculadas a empresas del grupo ACS, administraciones públicas encargadas de supervisar los contratos y controversias sobre el coste real de servicios que no habrían alcanzado los resultados anunciados.
La diferencia principal es que el conflicto de Cabo Prioriño se concentra en el funcionamiento de una instalación, la legalidad del cobro de la tasa y la posible contaminación de la ría, mientras que el caso de Escombreras se centra en la adjudicación, la estructura societaria, el coste financiero y las responsabilidades derivadas de la contratación pública.
La disputa ferrolana también incluye la posible responsabilidad de la constructora Acciona por deficiencias de ejecución, la responsabilidad de Emafesa por la gestión y la posición de Urbaser como socio privado de la empresa mixta.
En Murcia, la investigación de la UDEF analiza si la operación fue diseñada desde el principio para que la Administración regional asumiera las obligaciones económicas de la infraestructura.
¿Sabes cómo funcionan las DEPURADORAS de AGUA? | con VLADIMIR SÁNCHEZ @BreakingVlad | Campus
Situación institucional y próximos pasos
Así las cosas, y a la espera de determinar el inicio de la vía judicial el Ayuntamiento de Ferrol “le exigirá” a la filial de ACS “que, en primer lugar, reintegre a los vecinos la tasa de saneamiento que ya fue cobrada” y que “se anule el próximo cobro, previsto para julio y retrasado por petición del Gobierno local”.
Además, afirma, “se reclamarán las destituciones que procedan en Urbaser por una gestión nefasta y la reformulación de las relaciones con EMAFESA”, que “no informó al Ayuntamiento de que no se estaba depurando el agua”.
El Ayuntamiento intentó destituir este martes a Pisa, pero el peculiar sistema de representación en el Consejo de Administración de la empresa mixta permitió a Urbaser bloquear el cese, pese a que posee solo el 49% del capital social.
El Ayuntamiento se pregunta ahora cómo el anterior gobierno local y la Xunta recepcionaron una obra “inhabilitada”.
El ejecutivo de Murcia remitió la pasada semana el informe de los servicios jurídicos a la Fiscalía que lleva el caso.
"Queremos que cierre la desaladora, que envíen los documentos necesarios al juzgado y que caiga quien tenga que caer -insiste Pedro García-.
A Florentino le da igual que la desaladora cierre. Él va a exigir que se le pague y, si no se paga, ya se resolverá en los tribunales.
Si el contrato está bien hecho, el gobierno deberá seguir pagando aunque no se produzca agua".
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