La Comisión Europea mantiene la presión sobre España para que complete el tratamiento de las aguas residuales de las aglomeraciones urbanas que todavía no cumplen la normativa comunitaria. Entre los casos más relevantes se encuentra Gijón Este, la instalación que debe resolver la depuración de las aguas de la cuenca este de la ciudad.
En su última comunicación, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión certifica que la entrada en funcionamiento de las plantas de depuración de Gijón-Este e Isla Cristina permite aminorar la cuantía de la sanción semestral, que pasa a ser de 3,1 millones de euros frente a los 10,3 millones de la multa inicial.
Las multas coercitivas se impusieron en 2018 por ocho aglomeraciones urbanas. De ellas, cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado (AGE): Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este; estas dos últimas ya cumplen con las medidas solicitadas. Las otras cuatro son responsabilidad de las Comunidades Autónomas: Alhaurín el Grande, Valle de Güimar, Coín e Isla Cristina.
La sanción europea y su reducción
Hasta la fecha se han abonado 12M€ de la suma a tanto alzado y seis pagos semestrales de la multa coercitiva por un importe total de 59.725.687,35€. En total, 71.725.687,35€.
En estos momentos la Comisión Europea ha requerido el séptimo pago reduciendo la cifra semestral a los citados 3.130.872,85€.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Suma a tanto alzado abonada | 12M€ |
| Seis pagos semestrales | 59.725.687,35€ |
| Total abonado | 71.725.687,35€ |
| Séptimo pago requerido | 3.130.872,85€ |
La sanción permanecerá -con las actualizaciones y rebajas pertinentes- hasta que la última aglomeración urbana de las cuatro pendientes se ajuste a los estándares y requisitos de calidad en la depuración de aguas residuales establecidos por la normativa comunitaria.
La entrada en funcionamiento de las plantas de depuración de Gijón-Este e Isla Cristina permite aminorar la cuantía de la sanción semestral, que pasa a ser de 3,1 millones de euros frente a los 10,3 millones de la multa inicial.
Esta segunda sanción se liquidará cada seis meses, y se fija en un importe máximo de 10,95 millones, suma que es regresiva: cada vez que uno de los enclaves señalados logre poner en marcha sus depuradoras, habrá que descontar a la multa un importe proporcional a la población afectada.
Por qué Gijón Este tiene un peso decisivo
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, las nueve aglomeraciones incluidas en la sentencia tienen adjudicados 433.342 «habitantes equivalentes», unidad que corresponde a la contaminación que un ciudadano produce cada día.
En poblaciones con mucha afluencia turística, el «habitante equivalente» da una dimensión mejor de la contaminación generada que el padrón.
El ministerio atribuye 161.800 habitantes equivalentes a Gijón Este, lo que representa el 37% del problema.
La cuota asturiana queda así aclarada. Por cada seis meses que España tarde en solventar el saneamiento de la ciudad, deberá pagar a Bruselas 4.051.500 euros.
Gijón Este es la mayor de las aglomeraciones afectadas por la condena y concentra una parte muy significativa de la contaminación pendiente de tratamiento. Tiene el honor este relato, entre otros récords, de representar el 37% de la mayor sanción medioambiental de la historia impuesta desde las instituciones europeas al Estado español.
El origen del conflicto con la Unión Europea
El origen del conflicto con la UE está en que la citada directiva marcaba que a más tardar el 31 de diciembre del año 2000 todas las aglomeraciones urbanas con más de 15.000 habitantes debían recoger sus aguas sucias y limpiarlas antes de echarlas al mar.
La directiva europea 91/271 de saneamiento y depuración de aguas residuales obligaba a hacer lo propio en las aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes.
El Tribunal de Justicia de la UE declaró en 2011 que había 38 enclaves españoles incumpliendo la norma, entre ellos Gijón y Llanes. La sentencia recriminaba el comportamiento sin imponer castigo alguno.
España no aprovechó esas oportunidades y agotó la paciencia de la Comisión Europea, que en 2017 denunció de nuevo al país ante el Tribunal de la UE.
Exponía que se seguía incumpliendo en 17 aglomeraciones, permaneciendo Gijón Este en la lista.
No acatar la normativa «entraña graves riesgos de contaminación del medio ambiente que pueden tener serias consecuencias para la salud humana», exponía.
Los abundantes requerimientos sin atender evidenciaban «la existencia de un comportamiento ilícito recurrente de dicho Estado», anotó.
Por todo ello solicitaba elevar a 46,5 millones la multa a España por los seis años transcurridos sin acatar la anterior sentencia, y una sanción «coercitiva» de 171.217,2 euros por cada día que pase sin resolver la situación.
España tachó de «desproporcionado» el castigo y defendió estar trabajando para arreglar el asunto.
La condena de 2018
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) condenaba la semana pasada a España al pago de una multa de 12 millones de euros y otros 10,95 millones por cada semestre de retraso que se vaya acumulando hasta que quede resuelto el tratamiento de las aguas residuales de nueve de las 2.083 aglomeraciones urbanas españolas.
Una razón de peso para que, tras conocerse la multa millonaria, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegara a afirmar que no se explica «por qué no se ha sido capaz de abordar con anticipación y tiempo» un problema que este verano, sin duda, ha alcanzado la gota que colma el vaso.
En la vista celebrada el 19 de abril el abogado del Estado demostró que el incumplimiento persistía, pero ya solo en Gijón, Tenerife y siete aglomeraciones andaluzas.
También persuadió al representante de la Comisión para que rebajara un 68,7% la sanción coercitiva reclamada.
Finalmente la Sala Octava reconoció ayer en su sentencia los «importantes esfuerzos» hechos, pero encuentra que la directiva sigue sin cumplirse.
«La inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de las aguas residuales urbanas o la insuficiencia de los mismos pueden perjudicar al medio ambiente y deben considerarse particularmente graves», afea.
El varapalo es de consideración aunque menor al que sugería inicialmente la Comisión.
Transición Ecológica destaca que el 99,3% de las aglomeraciones cumplen ya los requisitos, y que Francia, Grecia, Italia, Bélgica, Reino Unido y Portugal afrontan procedimientos similares.
Con todo, el departamento admite su «preocupación».
En una reciente comparecencia, la ministra Teresa Ribera lamentó que «nos ha costado 20 años entender lo que es la directiva comunitaria marco del agua».
La red de saneamiento de Gijón
Esta segunda sanción y, en cierto modo, esta fábula podría servir para relatar la historia de la depuradora de la cuenca este de Gijón, la pieza clave que sigue faltando para completar la red de saneamiento local diseñada en 1991, el mismo año en el que entró en vigor la directiva europea 91/271 de saneamiento y depuración de aguas residuales.
Fue ese mismo año, en el 91, cuando el ayuntamiento de Gijón, el Principado de Asturias y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, todos gobernados por el PSOE, acordaron un programa integral de saneamiento de Gijón, con el objetivo de construir una serie de infraestructuras esenciales.
En el este, una planta de pretratamiento, un emisario submarino en Peñarrubia y una depuradora. En el oeste, otro emisario submarino y otra depuradora.
El acuerdo se publicó en el BOE del 17 de junio del 91.
«En la ciudad de Gijón, las aguas residuales se vierten directamente al mar, provocando un deterioro del medio especialmente grave y que afecta a la primera línea de costa e incluso a su principal playa, la de San Lorenzo; lo que significa decir que se ve dañado su patrimonio más importante. Esta situación constituye el obstáculo más serio para la mejora urbanística de la ciudad, basada en la recuperación de su fachada marítima. Paliar esta situación exige cuantiosas inversiones y planteamientos técnicos complejos», exponía en preámbulo del acuerdo.
La contaminación del río Piles y de la costa
Sin embargo, entre 1991 y 2016 pasaron muchas cosas que permiten entender por qué en Gijón se sigue sin poder depurar las aguas residuales de algo más de 150.000 de sus casi 275.000 habitantes.
De mano, se puso en marcha ese plan del saneamiento integral para adaptarse a las directrices de la UE evacuando los residuos mediante un tratamiento de depuración que permitiera controlar su emisión al medio natural.
Y para que no volvieran a ocurrir episodios como el que se recoge en el libro con el que la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de Gijón celebraba sus 40 años de trayectoria: en 1983 el río Piles, que desemboca en la playa de San Lorenzo, sobrepasaba en 41 veces los índices de contaminación tolerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En el verano de 2016 empezaron a verse unas manchas marrones por la costa gijonesa, por la zona de Peñarrubia, que es donde está el emisario submarino por el que salen las aguas sucias sin depurar de la zona este.
En el tiempo que se tarda en leer este reportaje, alrededor de quince minutos, la ciudadanía tendrá que pagar unos 234 euros de multa a la Unión Europea por el vertido reiterado sin depurar de las aguas residuales del este de Gijón al mar Cantábrico.
Dentro de una hora, serán 936 euros. Al final del día, cerca de 22.500 euros. En el plazo de un mes, 675.250 euros.
La Plantona, primer pretratamiento de la cuenca este
Entre todas las ubicaciones posibles, al menos tres más (la vaguada de Peñarrubia, la playa de El Rinconín y la playa de Cagonera), se eligió la zona de El Pisón, a unos metros de una urbanización de viviendas unifamiliares, para construir la planta de pretratamiento de aguas (EPAR) de la cuenca este, un equipamiento de menor magnitud que una depuradora (EDAR), donde se llevan a cabo procesos de desengrasado y desarenado.
Pronto empezaría a ser conocida con el nombre de «La Plantona».
El caso es que uno de los primeros pasos del plan de saneamiento en la cuenca este fue la inauguración de la planta de pretratamiento de aguas residuales ubicada en la zona del Pisón, conocida como la Plantona, en 1994.
El ayuntamiento otorgó la primera licencia de funcionamiento a la planta de pretratamiento en octubre de 1996, con la infraestructura ya funcionando desde el año anterior.
Los vecinos recurrieron esta legalización al Tribunal Superior de Justicia.
La oposición vecinal a la ubicación de El Pisón
Desde el primer momento se encontró con la oposición de los vecinos de la urbanización de El Pisón.
Manuel Llano es uno de los vecinos de El Pisón que ha vivido este proceso desde el inicio. Su casa está, precisamente, a unos metros de la estación depuradora.
«El primer año, ya se empezó a rumorear que iban a hacer una depuradora en el este. Pronto se dijo que en Somió, y enseguida salió el nombre de El Pisón. Era una urbanización nueva y estaba muy de moda. No hay duda de que gustaba a la gente porque era una especie de pueblín grande, muy cerca de Gijón. Gustaba y sigue gustando. ¿Y por qué no? ¿Es que hay que avergonzarse?», se pregunta el vecino en conversación con miGijón.
Y añade: «Entonces, la urbanización era un caramelo ideal para la demagogia política: una depuradora y, encima, en El Pisón… Que se fastidien los de Somió, que se fastidien los ricos… Primero te estigmatizan, te convierten en un insolidario. Después ya te venden el producto. ‘Churruca’ [Jesús Montes Estrada, concejal de Izquierda Unida en el gobierno bipartito liderado por la alcaldesa socialista Paz Fernández Felgueroso] nos llamaba la burguesía del este. En fin, había que acarrear con todo eso. Y luchar.
La urbanización ya existía
¿Las casas estaban allí cuando se decidió construir la planta de pretratamiento?
Marcelino Abraira, el abogado que ha representado a la comunidad de propietarios de El Pisón desde el comienzo, aporta los datos a miGijón, por otra parte recogidos en las diferentes sentencias judiciales.
«Las licencias del ayuntamiento para construir cien viviendas unifamiliares son de 1988. En los pleitos me he cansado de decirlo. Si tú vas a vivir a un sitio y ya existe una planta de pretratamiento de aguas, te la tragas, pero no es el caso», apunta el abogado.
Y continúa: «En el año 88, la promotora El Pisón S.L. hace la urbanización de la zona: preparan los elementos de alcantarillado, traída de aguas, aceras… Luego contratan a otra empresa para la construcción de los chalets, pero las licencias son de 1988.
«Las obras de La Plantona acabaron en 1994, tres años después de la preparación del plan de saneamiento de Gijón, pero seis años después de las licencias y cinco años después de que ya hubiera 60 viviendas. Cuando empiezan a construirla ya hay más de 90 chalets. Y eso es muy importante, de ahí la relevancia que ha tenido en los tribunales», señala el abogado.
«Su baza siempre fue que allí ya existía una pequeña estación de bombeo. Es cierto que existía desde los años 30 del siglo pasado, pero en numerosos pleitos se presentaron periciales que mostraron que nada tenía que ver aquella estación de bombeo, prácticamente manual, como la que puede tener un chalet, con la monstruosidad de La Plantona», sostiene Abraira.
Los litigios sobre La Plantona
Los vecinos, de una parte, se ampararon en el artículo 4, según el cual las instalaciones de este tipo deben situarse a un mínimo de dos kilómetros de un núcleo habitado.
Del otro lado, la administración se aferró al artículo 15, según el que es posible, excepcionalmente, en caso de que resulte imposible cumplir con la condición de la distancia, y con un informe bien fundamentado, proceder a determinadas edificaciones.
«Es curioso que saliese El Pisón como la mejor ubicación posible… la zona más poblada, con tres fases de construcción de viviendas, además de otros chalets aislados en la zona, y con el colegio Piles al lado, la Feria de Muestras detrás, el Molinón cerca… En fin, una auténtica vergüenza, y así lo reconocieron los tribunales», explica Marcelino Abraira.
La administración, no satisfecha, recurrió la sentencia del TSJ al Tribunal Supremo. Y perdieron. Los vecinos obtuvieron así su segunda victoria.
Un año después, el ayuntamiento, dispuesto a mantener el enfrentamiento con los vecinos, otorgó una nueva licencia de funcionamiento a La Plantona, hecho recurrido en el Juzgado de lo contencioso número 1 de Gijón.
El cambio normativo de 2006
Ahora ya estamos en 2006.
Entre proceso y proceso judicial, ya han transcurrido doce años a lo largo de los cuales la planta de pretratamiento nunca ha dejado de funcionar, pese a la sucesión de cuatro sentencias favorables para los vecinos. Y aún lo estaría dos años más.
El nuevo objetivo era construir una depuradora en el mismo lugar.
«Las malas lenguas, o las buenas, dicen, vamos a dejarlo en esos términos, que el Principado de Asturias aprobó la ley 11/2006 como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2007 para evitar la demolición. En esa ley, que ya nadie hacía, y que eliminó Zapatero, no es ni medio normal que se eliminen los artículos 4, 15 y 20 del RAMINP.
Entonces ocurre que cuando pedimos la ejecución de la sentencia, el juez nos dice que no se puede por el cambio normativo. En definitiva, nos quedamos con La Plantona después de cuatro sentencias ganadoras», recuerda Marcelino Abraira.
Dos años más tarde, el Tribunal Superior de Justicia volvió a decidir a favor de los vecinos, pero entonces ya no importaba. Solo fue una victoria moral.
La construcción de la EDAR de Gijón Este
La segunda ofensiva de la administración ya estaba en marcha: el nuevo objetivo era construir una depuradora en el mismo lugar.
Con el salvoconducto de un estudio ambiental que, de nuevo, señalaba El Pisón como la mejor de las ubicaciones posibles para la construcción de una depuradora en el este, en 2012 comenzaron las obras de la EDAR al lado de la antigua planta de pretratamiento, mientras los vecinos se resignaban de nuevo a esperar.
Las obras de la depuradora, que fueron financiadas por la Dirección General del Agua con un 80% de financiación europea de los fondos Feder, comenzaron en julio de 2012 y finalizaron en marzo de 2016.
En ese periodo, hasta cinco sentencias (una del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y cuatro de la Audiencia Nacional) consideraron que la ubicación no era legal.
E incluso recogen que la alternativa del Pisón, de entre las cuatro que se barajaron finalmente que incluían también el Rinconín, Peñarrubia y la Cagonera, era la peor desde el punto de vista medioambiental.
La anulación judicial de la ubicación
En 2014, la Audiencia Nacional les dio otra vez la razón, anulando la aprobación del anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la depuradora.
Dos años después (sexta victoria), en febrero de 2016, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de la administración central, considerando «arbitraria» la elección de la ubicación en El Pisón y condenando a los recurrentes al pago de las costas.
«Carece de motivación suficiente, no reúne la razonabilidad exigible y no responde a un legítimo ejercicio de la discrecionalidad técnica, por lo que no puede quedar aquélla inmune al control judicial», argumenta la sentencia.
«Se distrae la atención sobre los criterios con mayor relevancia para la discriminación entre las diversas alternativas por razones de su afección negativa ambiental, como son los criterios relacionados con la salud humana y la calidad de la vida de los ciudadanos, que se ven acompañados de aquellos otros que son irrelevantes o de escasa significación», añadía.
Se trataba, esta vez, de un fallo inapelable, pero las obras, en cambio, siguieron adelante.
Marcelino Abraira tuvo que presentarse con un notario para levantar acta y enviar un escrito a la Audiencia Nacional para su paralización.
«Pretendían acabarlas, los vecinos me decían que trabajaban hasta por las noches. Querían conectarla a toda costa», recuerda el abogado.
«Porque si la depuradora está conectada, a lo mejor a algún magistrado le tiembla más la mano. Yo creo en la justicia, por eso hemos llegado hasta aquí, pero no es lo mismo parar una obra que está sin acabar que detener una instalación que está sacando todos los vertidos de Gijón limpios a la playa.
Una depuradora construida pero sin funcionamiento completo
Porque existe, por supuesto, una depuradora en el este de Gijón. Ha costado, al menos, según los carteles de propaganda institucional, 36,06 millones de euros.
Y, como en toda buena historia del municipalismo nacional, jamás ha funcionado.
La EDAR ya está construida en el Pisón y costó 35,5 millones de euros.
En abril de 2016 llegaría el cierre sin que ni siquiera hubiera comenzando a funcionar, para colmo cuando la Plantona ya estaba desmantelada.
El Tribunal Supremo ordenó en 2019, incluso, paralizar el pretratamiento de aguas autorizado un año antes por la Audiencia Nacional, como medida de gracia.
Para que el Alto Tribunal acepte que el mar Cantábrico sea la cloaca de una población superior a 150.000 personas, asumiendo el vertido de las aguas residuales de media ciudad sin ningún tratamiento previo, tiene que ocurrir, como mínimo, una cosa.
Bienvenidos a la historia de la gran chapuza del saneamiento en Gijón.
La reactivación del proyecto
Tras permanecer tres años paralizada a la espera de nuevos estudios que pudieran auspiciar el funcionamiento de la depuradora, la situación se reactivó en noviembre de 2019, cuando el Ministerio de Transición Ecológica dio la orden de publicar el BOE una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para legalizar la EDAR de El Pisón, a partir de los estudios realizados por la empresa asturiana Taxus, que de nuevo ratificaron la zona como la ubicación idónea para la polémica instalación sanitaria.
Unos meses después, en febrero de 2020, se hizo pública la licitación para contratar las obras de «terminación y puesta en servicio de la EDAR este de Gijón».
Es decir, para terminar la depuradora y conectarla, con un presupuesto extra de 5,6 millones de euros, de los cuales 2,7 corresponden a remates pendientes, 800.000 a mejoras y 2 millones a la explotación durante seis meses.
| Actuación | Importe |
|---|---|
| Remates pendientes | 2,7 millones de euros |
| Mejoras | 800.000 |
| Explotación durante seis meses | 2 millones de euros |
| Presupuesto extra total | 5,6 millones de euros |
«Hasta hace poco, los malos de la película eran ellos. Al final, la culpa la van a tener las víctimas.
En los últimos meses, los vecinos han recurrido cada uno de los actos administrativos anteriores. La Audiencia Nacional los ha admitido a trámite.
Actualmente, esperan una respuesta.
«El artículo 103.4 de la ley 29/98 dice que serán nulos de pleno derecho todos los actos administrativos que se dicten con ánimo de eludir la ejecución de una sentencia firme», apunta Marcelino Abraira.
Y agrega: «Yo tengo claro que están haciendo un fraude de ley. Pero, aunque la Audiencia Nacional no lo acepte, iríamos al Supremo.
Y aunque sigan adelante con la licitación y el Secretario de Estado decida conectar la depuradora, entonces se encontrará con una querella criminal.
Porque yo creo que ya está bien, desde 1996 hasta 2020 han pasado 24 años y los vecinos ya tienen una mochila.
Tú no puedes ir a la primera de cambio a lo penal en materia administrativa, pero ya son muchas sentencias ganadoras en la misma línea.
La querella está preparada. Contra Hugo Morán, Secretario de Estado, como cabeza visible, y de ahí para abajo contra los técnicos, contra los encargados del estudio ambiental, contra todos aquellos que estén involucrados», expone el abogado.
La puesta en servicio de la instalación
El 13 de abril de 2021, se iniciaron las obras de terminación y puesta en servicio de la estación depuradora este de Gijón, T.M.
El 18 de octubre de 2021, inició su funcionamiento el nuevo pretratamiento construido, desarenado-desengrasado, diseñado para un caudal máximo de hasta 3 m3/seg, para su posterior retorno al pozo de bombeo de aguas residuales a emisario submarino actualmente existente.
Desde esa fecha, se trabajó en la revisión de la tubería de impulsión de fangos de 10 km de longitud que atraviesa toda la villa de Gijón, desde la depuradora del este hasta la del oeste en la que se tratan los fangos.
A su vez, se abordaron diferentes reparaciones y puestas en servicio de los equipos electromecánicos que han ido desde la sustitución de aceites o cambios en el equipamiento eléctrico (tarjetas electrónicas, automatismos, etc), hasta, en algún caso, la sustitución del equipo muy deteriorado por la falta de uso.
Por otro lado, se llevaron a cabo pruebas de estanqueidad de la obra civil de la estación depuradora, principalmente en los diferentes depósitos (homogeneización, decantadores, etc).
¿Qué es y cómo funciona una EDAR o Estacion Depuradora de Aguas Residuales?
Las previsiones de cumplimiento
El ministerio respondió ayer que según sus planes, tres de las aglomeraciones cumplirán los parámetros de la UE a finales de este año, confía en lograr lo mismo con Gijón y otro más a finales de 2019, quedando para 2020 dos más.
Barbate presenta la situación más retrasada, con el proyecto y el estudio informativo aún por redactar, lo que impide toda solución antes de 2022.
La ministra de Transición Ecológica ya ha anunciado que en otoño quiere tener listo un plan de choque de depuración y saneamiento de aguas, pero también ha reconocido que habrá que seguir pagando la multa por semestre al menos hasta 2022, que es cuando se calcula que el asunto quede resuelto en Barbate.
En Gijón, como ya es un asunto declarado de interés general del Estado, se prevé que el problema de las aguas residuales de la cuenca este se resuelva antes de que finalice 2019.
Para resolver el asunto, está a punto de iniciarse un periodo de información pública del segundo estudio de impacto ambiental con las posibles ubicaciones de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que, en todo caso, ya está construida en el Pisón y costó 35,5 millones de euros.
Las previsiones iniciales quedaron vinculadas a la evolución de cada una de las aglomeraciones urbanas y a la entrada efectiva en funcionamiento de sus instalaciones. Por ello, la cuantía semestral fue revisada cuando Gijón-Este e Isla Cristina comenzaron a cumplir las medidas solicitadas.
El Plan DSEAR y la gestión del ciclo del agua
El Plan DSEAR constituye un instrumento de gobernanza que pretende incorporar, en los planes hidrológicos del tercer ciclo (2022-2027) procedimientos mejorados y metodologías de trabajo alineadas y enfocadas al cumplimiento de los objetivos de la planificación hidrológica, principalmente en los ámbitos de la depuración, el saneamiento y la reutilización de las aguas residuales regeneradas.
El objetivo del plan es garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua y aportar transparencia a los escenarios de gestión.
Responsabilidades políticas y sociales
Marcelino Abraira, letrado de la colonia de El Pisón que consiguió impedir por vía judicial el funcionamiento de la depuradora, subrayó ayer que España estaba avisada desde que el Tribunal de Justicia de la UE puso la primera sentencia: «Desde 2011 tuvieron tiempo de sobra para buscar solución y no esconder la cabeza debajo del agua».
En las formaciones que no han gobernado los últimos años, la exigencia de responsabilidades se repite.
Xixón Sí Puede lamenta que la multa «la vamos a pagar entre toda la ciudadanía» y su edil David Alonso recuerda que en los 18 años transcurridos desde el mandato comunitario «ha habido varios presidentes del Gobierno español, autonómicos, alcaldes y alcaldesas».
En Ciudadanos su concejal José Carlos Fernández Sarasola demandaba «algún tipo de acuerdo» con los vecinos de El Pisón.
Abraira lamenta, especialmente, la condena pública a la que se ha sometido a los vecinos durante todos estos años.
«Hasta hace poco, los malos de la película eran ellos. Al final, la culpa la van a tener las víctimas. Insolidarios, ¿quién?
En octubre de 2018, Julio Gómez Rivas, concejal del PSOE de 1983 a 1999 en el ayuntamiento de Gijón, además de exdirector de la Junta de Saneamiento del Principado desde 1999 a 2005, dijo al diario La Nueva España: «Cuando estaba en la Junta de Saneamiento tenía una solución que no quisieron. Lo consulté con los técnicos que tenía y les parecía bien, hasta se hizo un pequeño proyecto, pero Churruca quería una depuradora en la zona de los ricos y si solo había depuradora en la zona de los pobres no quería. Se lo comenté a Mapi, pero no me dejaron que se lo plantease a Churruca. Técnicamente era factible, pero políticamente no. Paz Felgueroso dijo que no se podía molestar a Churruca.
«Soy muy respetuoso con los derechos individuales, pero como gobierno municipal me preocupan más los derechos colectivos que hacen ciudad y que afectan, en este caso, al medio ambiente. Los primeros no pueden quedar por encima de los segundos.
Debería siempre haber funcionado, aunque fuera provisionalmente, hasta que haya una sentencia definitiva.
También en 2019, la alcaldesa Ana González (PSOE) resumió así su posición al respecto de la sentencia cuando el Tribunal Supremo ordenó paralizar los procesos de pretratamiento de aguas den la depuradora de El Pisón: «Acatarla y enfadarme con el mundo, pero acatarla. Esta ciudad no puede estar sin depurar sus aguas. Sé que el Ministerio lo tiene avanzado y espero buenas noticias para superar este capítulo desgraciado».
Hace una década, el vecino de El Pisón Manuel Llano asistió como oyente a un acto político en la Asociación Cultural Gijonesa donde participaba como orador Jesús Iglesias, entonces senador de Izquierda Unida.
Desde su asiento el vecino escuchó como el político proclamaba al auditorio: «¡Ya conseguimos que los ricos laven su mierda, la depuradora la van a tener que tragar!».
Entonces Manuel se levantó y le preguntó a viva voz al senador asturiano si, cuando hablaba de aquellos ricos, se refería a él, vecino de El Pisón, allí presente.
Iglesias se quedó blanco y se disculpó sobre la marcha, argumentando que no pretendía molestarle.
«Yo ya sé que no quería molestarme. Lo que quería era vender su producto y que le aplaudieran. Si la política y la sociedad es así, no me interesa. Siento pena y vergü...
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