El caso de los comisionistas de las mascarillas investiga la operación mediante la que Luis Medina y Alberto Luceño ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid material sanitario procedente de China durante la primera ola de la pandemia y obtuvieron comisiones millonarias. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que ambos actuaron “de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico”, mediante precios inflados, productos de calidad inferior a la ofrecida y presuntas irregularidades documentales.
Los dos fueron acusados de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, mientras que a Luis Medina se le atribuyó además un posible delito de alzamiento de bienes. El juez instructor decretó la apertura del juicio oral, y la Fiscalía pidió nueve años de prisión para Medina y quince para Luceño.
Cómo comenzó la operación con el Ayuntamiento de Madrid
La primera cuestión, que es la que tiene más proyección política, es el desembarco de estos dos empresarios en el Ayuntamiento de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción afirma en su querella que los dos, sin ninguna experiencia previa en el mercado asiático, llegaron a la persona que gestionaba estos contratos de emergencia a través de un primo del alcalde Almeida.
Este familiar del regidor, supuestamente, les puso en contacto con personal del consistorio sin pasar por manos de su primo. A partir de entonces su interlocutora fue Elena Collado, coordinadora de presupuestos. Según la versión de Medina, fue Luceño el que le pidió que buscara clientes en España para vender material sanitario.
Contactó entonces con la directora de su antigua universidad, quien le dijo: “Yo conozco bien al hermano del alcalde”. De ahí pasaron a hablar con Collado sin pasar por Almeida, que solo contactó con ellos días después para agradecerles la donación de parte de las mascarillas.
Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y “su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, un extremo que ayer negó la Alcaldía capitalina. Se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Area de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”.
Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. “En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista”, subraya el escrito de la Fiscalía.
Los contratos de mascarillas, guantes y test
Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid --como compradora-- y la compañía malaya EEE --como vendedora para adquirir material sanitario--.
| Material | Cantidad | Principales problemas señalados |
|---|---|---|
| Mascarillas | Un millón | Precio considerado muy superior al coste real del producto |
| Guantes de nitrilo | Dos millones y medio de pares | Calidad y características distintas de las ofrecidas |
| Test de covid-19 | 250.000 | Una parte importante presentaba una sensibilidad insuficiente |
Las mascarillas
Según detalla la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total --915.000 euros--).
“De esto se infiere que el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares --2.460.647,16 euros-- y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares; es decir, el 148% del precio real del producto”, recoge e escrito.
Entre ambos se llevaron seis millones de euros en unas comisiones que llegaron a inflar un 80%. Vendieron las mascarillas más caras del país al Ayuntamiento de Madrid en los peores momentos de la pandemia por un precio de 6,24 euros la unidad, llegando a vender un millón de mascarillas.
Las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo “un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas”.
Los guantes de nitrilo
En el caso de los guantes de nitrilo, Alberto Luceño había asegurado al cargo del Ayuntamiento que se trataba de “guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo”. Sin embargo, los guantes que se recibieron el 8 de abril de 2020 eran guantes de “ínfima calidad y que solo llegaban hasta la muñeca”.
También recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad “muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas”.
También en este caso se había pactado una comisión igual para ambos querellados, por la que se obtendrían 4 millones de dólares en comisiones (el 426% del precio real del producto), y a las que los querellados renunciaron para “intentar contentar al Ayuntamiento de Madrid”, visto el fracaso de la operación y ante las quejas de la mala calidad de los guantes.
Los test de covid-19
En la misma línea, se pactaron comisiones de unos dos millones de dólares por la compra de test rápidos, pero “la mayoría de las pruebas que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosas”.
De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94%); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80%, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente bajo, del 66,7%, por lo que la persona del Ayuntamiento contactó con Alberto Luceño para que al menos ese lote se devolviera al vendedor y se recuperara el precio pagado por dicho lote.
“Alberto Luceño contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el precio, pero sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test. Sin embargo, no consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test”, señala la querella.
El Ayuntamiento de Madrid fue consciente desde las primeras semanas que buena parte de los 250.000 test de detección de la covid que le habían vendido los dos comisionistas por 4.250.000 dólares no eran fiables.
La responsable de la compra del material sanitario, Elena Collado, la misma alto cargo que trataba habitualmente con Luceño, el 31 de mayo de 2021, avisó al consistorio que estas pruebas diagnósticas no debían ser usadas. “Hay una parte de los test que no tienen la misma calidad que las otras tres, solo un 60%, lo que desaconseja que sigamos haciéndolos a nuestros empleados públicos”, escribió en un mail incluido en la causa.
La falta de fiabilidad de esas pruebas a las que se sometió a los trabajadores del ayuntamiento nunca fue avisada por el consistorio.
Las comisiones millonarias
Tanto Luceño como Medina reconocieron que cobraron comisiones millonarias y lo enmarcaron en una relación laboral normal de comercio internacional. El aristócrata, de hecho, declaró ante la Fiscalía que el objetivo era repartirse los contratos por tercios pero que él no sabía, ni siquiera, a qué precio se vendían los productos que compraba el consistorio.
“Yo no sé a qué precio el producto se. me tengo que fiar de lo que me diga él”, dijo Medina al fiscal hace un año. “Me enteré ayer por la tarde de lo que este señor se ha llevado”, añadió.
Luceño dijo que sucedió al revés. Según Luceño, fue la empresa malaya Leno la que fijó su comisión, lo contrario a lo afirmado por Medina. El Ayuntamiento en ningún momento, añadió, supo que la mitad del dinero que iban a desembolsar iba a su bolsillo.
El precio que pagó el Ayuntamiento por este material, según el Tribunal de Cuentas, fue mucho más alto que el que pagaron otros grandes ayuntamientos en esas primeras semanas de pandemia. Y según la Fiscalía la razón eran unas comisiones tan altas que pueden convertir la operación en una estafa.
Las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa EEE y él, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total --915.000 euros--). Como contrapartida, Alberto Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares --4,6 millones de euros--, mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal.
El supuesto reparto oculto de las comisiones
Luceño siempre dijo a Medina que sus comisiones serían idénticas. Sin embargo, le ocultó que en cada operación él se llevaba una comisión adicional.
Por ejemplo, en la venta de mascarillas él se llevó dos millones de los que Medina no tenía conocimiento, mientras que en el caso de los test ganó 1,1 millones de dólares además de los 915.000 que se habían repartido cada uno, según Anticorrupción.
El aristócrata, de hecho, declaró ante la Fiscalía que el objetivo era repartirse los contratos por tercios pero que él no sabía, ni siquiera, a qué precio se vendían los productos que compraba el consistorio. Medina ha admitido haber cobrado un millón de euros por su papel de intermediario, aunque ha negado que fuera ilegal.
“Entiendo que a mucha gente quizá no le parezca bien. Pero es el 8 % del contrato. Es una comisión normal de intermediación, que se cobra muchas veces. Por supuesto, no es ilegal”, ha señalado en una entrevista en El Confidencial.
Quién es Luis Medina
El enlace con la alta sociedad
Desde que estalló el escándalo de las comisiones millonarias por la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, dos nombres han salido a la palestra: Luis Medina Abascal y Alberto Luceño.
Si el primero, hijo de Naty Abascal y el anterior duque de Feria, es un rostro conocido gracias a sus constantes apariciones en la prensa rosa, el segundo es un desconocido para el gran público.
Luis Medina Abascal es marqués de Villalba, título cedido por su hermano mayor, el duque de Feria, Rafael Abascal. Fue la persona que contactó con el Ayuntamiento de Madrid para ofrecer su intermediación en la compra de mascarillas.
Según la Fiscalía, lo hizo “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, concretamente el primo de Almeida.
Medina fue imagen de marcas como Dolce & Gabanna y era un habitual en los desfiles, photocalls y los eventos de la alta sociedad, aunque en los últimos años se fue distanciando de la vida pública. El que era considerado soltero de oro de la jet set eliminó sus perfiles en redes sociales, donde era popular especialmente en Instagram, y se volcó en varios proyectos empresariales, en general con poco éxito.
Sus actividades empresariales
En 2007 se convirtió en CEO de Show Me That, un gabinete de comunicación de firmas de lujo como Oscar de la Renta, Roberto Diz o Aquazzura, que también prestaba ropa a famosos. Según El Confidencial, en 2017 una empresa de transporte le demandó por impagos que ascendían a 30.000 euros.
El hijo de Naty Abascal terminó por distanciarse de este proyecto. Su nombre aparece vinculado a otras empresas con escasa actividad conocida, como Azulalia Essential S.L, dedicada a la “promoción y venta de acciones”.
Es el administrador único de Gekko Partners S.L. , que trabaja en el asesoramiento y consultoría y tiene la misma sede social que Show Me That. Ha sido también representante o administrador único en otras empresas, como Nabain S.L., Family Office o la fallida empresa de joyería Ceylan 1943.
En mayo de 2020, poco después de la trama de venta de mascarillas por la que se le ha acusado, fundó otra empresa, Sextante Trade Desk, con sede social en la casa de su madre y dedicada al “comercio de productos diversos”.
Quién es Alberto Luceño
El empresario que decía tener contactos en China
Si el primer contacto lo realizó Medina, fue su amigo Alberto Luceño quien negoció toda la operación con el Ayuntamiento. Se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya” a través de la cual se iba a ejecutar la importación.
En realidad, continúa el texto de la querella, “ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya”, según la querella.
Su vida laboral es otra distinta. Licenciado en Ciencias de la Información y en Psicología, según su perfil de LinkedIn, se ha dedicado sobre todo al mundo del comercio de moda.
Entre 2012 y 2013 fue director general de la Escuela Europea de Dirección y Empresa EUDE, empresa que aparece en la investigación de la trama 'Púnica', según ha adelantado Infolibre.
En un vídeo de aquel momento, difundido en Twitter -y borrado de Youtube-, afirma que los valores de la escuela son “la honestidad, la generosidad, la humildad y la integridad”.
Empresas y sociedades relacionadas
En un documento publicitario de un máster en Coaching y Gestión de Talento, asegura, sin aportar ninguna prueba, que “EUDE se ha convertido en una de las Escuelas de Negocio referenciales, tanto a nivel como internacional, avalada por los ránkings más prestigiosos”, que la sitúan “entre las mejores escuelas de negocios a nivel internacional”.
En aquel año, Luceño fue nombrado vicepresidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocio. También ha formado parte de la junta directiva de la patronal del comercio textil madrileña ACOTEX.
Luceño es dueño de otra consultoría llamada Gekko, con el mismo nombre que la empresa de la que era administrador Medina. Ambas fueron inscritas en el Registro Mercantil en fechas similares: la de Medina en 2009 y la de Luceño en 2010.
Comparten nombre con el protagonista de la película Wall Street, el agresivo y ambicioso inversor Gordon Gekko. Otros de sus cargos son los de consejero y presidente de la consultoría Iprojects Diseño y Merchandising S.L., activa desde 2015 y con sede en Madrid, aunque en LinkedIn señala que trabaja en Guangzhou, China.
El empresario se valió de la empresa malaya Leno como intermediaria para la compraventa de material sanitario en China, y el dinero pagado por el Ayuntamiento de Madrod fue a parar a una cuenta del Malayan Banking Berhard (Maybank).
Los bienes adquiridos con las comisiones
Se embolsaron seis millones de dólares del total de 12 millones que pagó el Ayuntamiento y gastaron el dinero en comprar casas, una docena de coches deportivos, relojes de oro o un yate, según detalla Anticorrupción, bienes que ahora han sido embargados.
Pocos días después de empezar a cobrar sus comisiones millonarias, tanto Medina como Luceño empezaron a gastar el botín. Luis Medina, por ejemplo, empezó a comprar bonos bancarios un día después de cobrar y también adquirió un yate a través de una sociedad radicada en Gibraltar que comparte con su hermano, además de numerosos gastos particulares.
Las compras de Alberto Luceño
Ese dinero le permitió comprarse doce coches, entre ellos un Aston Martin, un Lamborghini y un Ferrari, tres Rolex y una casa en Pozuelo de Alarcón por un millón de euros, además de pagar una semana en un hotel de Marbella por 60.000 euros.
Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros y tres relojes Rolex con costes de 6.550 euros, 26.000 euros y 9.900 euros.
De igual modo, el dinero se destinó a al compra de un Aston Martin DB11 (160.000,00 euros); un Ferrari 812 Superfast (355.000 euros), un Mercedes AMG GT 63S (149.999,01 euros); otro Mercedes SCL 300 (54.500 euros); un Range Rover Sport (102.000 euros); un KTM X BOW (91.800 euros); y un BMW I8 Roadster (121.000 euros)
También pagó una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje y un trastero por más de un millón de euros. Y se gastó otro millón de euros en la compra de más vehículos de alta gama como un Lamborghini Huracan Evo Spider y un Porsche Panamera.
Luceño se pulió buena parte de su fortuna por el pelotazo en tiempo récord, comprando durante ese 2022 forma compulsiva coches deportivos de altísima gama. En total, de acuerdo con el sumario, el socio de Medina adquirió con el dinero pagado por el Ayuntamiento quince vehículos, todos ellos por encima de los 150.000 euros/unidad.
Se gastó en total 2,5 millones de euros en los superdeportivos. En un solo día, el 30 de julio de 2020, Luceño se compró cuatro deportivos pagando en efectivo, entre ellos dos Aston Martin. No obstante, la 'joya' más importante de su colección comprada con el dinero del Ayuntamiento fue el Ferrari Superfast de 313.000 euros.
Con excepción del Aston Martin, “estos vehículos fueron facturados a la sociedad de la que Alberto Luceño es administrador y accionista único, y a la que imputó el cobro de las comisiones percibidas por las operaciones de compraventa de material sanitario.
La versión de Luceño sobre los vehículos
Alberto Luceño, por su parte, compró 12 coches de lujo, una casa en una zona exclusiva de Madrid y adquirió cuatro relojes igualmente de lujo. Tanto la Fiscalía como el juez sospechan que este frenesí consumista respondía al objetivo de blanquear las comisiones que la empresa malaya había enviado directamente a sus cuentas en bancos de Madrid.
Luceño, sin embargo, dijo por ejemplo que todos esos coches eran “vehículos para alquiler, se ha hecho una flota” y que otros habían sido vendidos. “Parte de esos coches son para la flota y parte son una inversión”, añadió.
Los 60.000 euros que pagó por una semana de hotel en Marbella fueron “las vacaciones con la familia”.
El posible blanqueo y el vaciamiento de las cuentas
El juez no solo quiere saber si los dos empresarios intentaron convertir sus comisiones presuntamente ilegales en dinero legal. También quiere saber si, una vez puesta en marcha la investigación, intentaron esconder sus bienes para evitar los embargos.
Recientemente el magistrado se ha encontrado con un problema: Luis Medina tiene solo 247 euros en la cuenta y Alberto Luceño algo menos de 130.000 euros, insuficientes para cubrir una posible condena por los seis millones que cobraron.
Luceño ha presentado recientemente un escrito en el que niega estar escondiendo su fortuna. Luis Medina ya ha sido imputado, incluso, por alzamiento de bienes.
El contenido del sumario, a través de un informe de Hacienda, demuestra que empezó a vender rápidamente los bonos bancarios que compró con su comisión y que lo siguió haciendo una vez supo que había una investigación en marcha en la Fiscalía Anticorrupción.
En su declaración, el fiscal Luis Rodríguez Sol le advirtió de la posibilidad de ser imputado si lo hacía y él contestó: “¡No, no, no, no, hombre, nada!”. Eso sucedió en abril de 2021 y, según el sumario, todavía realizó tres ventas más de los bonos que había comprado después de eso.
Medina tardó solo dos horas en sacar de España el dinero que obtuvo con este 'negocio' y ahora que la Justicia le ha embargado las cuentas se ha encontrado con que apenas tiene 247 euros en ellas. El juez estudia también imputarle por un delito de alzamiento de bienes.
La presunta falsedad documental
Los dos están también imputados por un delito de falsedad documental. Porque, según la Fiscalía, Alberto Luceño falsificó la firma del empresario malayo cuando el banco preguntó por el origen de su fortuna.
Creó, supuestamente, un documento de la Cámara de Comercio Internacional de París y falsificó la firma de San Chin Choon, director de la empresa Leno, para justificar que era un agente exclusivo de la empresa. Después falsificó uno similar para Luis Medina.
El fiscal Rodríguez Sol, en un momento dado, le preguntó cómo era posible que fueran dos documentos idénticos con fechas idénticas pero supuestamente emitidos en días distintos e incluso en 2018. “A lo mejor se ha mandado el mismo borrador y la fecha se ha quedado”, dijo al fiscal.
La relación con el Ayuntamiento y las versiones enfrentadas
El sumario incluye la grabación del interrogatorio en la sede de Anticorrupción, en Madrid, de Luis Medina el 13 de abril de 2021. El aristócrata desvela que el que le abrió la puerta del ayuntamiento fue el primo del alcalde, cuyo contacto le pasó la directora de su antigua universidad.
Fue el familiar del primer edil de Madrid el que, según el imputado, facilitó el teléfono de la alto cargo que les compró el material. La declaración de Medina, que dice “no tener relación” con el alcalde, contradice no obstante la versión de Martínez-Almeida, que ha vendió sosteniendo que su primo solo facilitó a los imputados un “mail genérico” para que ofrecieran sus servicios.
El sumario destapa que durante ocho meses Luceño se intercambió mensajes que con Elena Collado, la alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento que le presentó el primo del regidor.
En todo momento, durante el interrogatorio, el hijo de Naty Abascal sostiene que su única relación con el alcalde fue una llamada de agradecimiento y culpa a su socio de haber inflado los precios y de engañarle.
La carta de agradecimiento de Almeida
El sumario recoge una carta de agradecimiento personal del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a los dos comisionistas por sus “donación muy generosa”. La misiva está fechada el 2 de abril de 2020, tres días después de que el consistorio haya desembolsado cerca de 14 millones de euros y que el hermano del duque de Feria y su amigo se hayan embolsado casi cinco millones de euros.
Almeida agradece la donación de 238.000 mascarillas y alaba el supuesto altruismo de los dos comisiones a pesar de conocer que no se trata, ni mucho menos, de un regalo a cambio de nada.
“Este tipo de colaboraciones resultan, sin duda, de gran ayuda para que la ciudad de Madrid pueda hacer frente a las necesidades derivadas de la tremenda crisis sanitaria, social y económica que vive en la actualidad garantizando las mejores condiciones de trabajo de sus profesionales”, escribe el primer edil madrileño.
La existencia de esta carta contradice la versión de Almeida que aseguró que solo había llamado telefónicamente a Medina para agradecerle la donación de 183.000 mascarillas, no 238.000 como apunta la misiva.
Lo que el Ayuntamiento sabía sobre la investigación
Aunque desde el Ayuntamiento de Madrid en los últimos días han insistido en su sorpresa y desconocimiento de este caso, lo cierto es que el consistorio conocía de esta investigación por estafa desde hace casi un año y medio.
El 22 de diciembre de 2020, el fiscal que ha investigado el caso tras el 'chivatazo' de los bancos, Luis Rodríguez Sol, remitió un requerimiento al entre que cerró los contratos, Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid, desvelándole las líneas maestras de las investigación, al tiempo que le pedía “identidad de las personas físicas que negociaron” los contratos “por ambas partes”, así como los “eventuales intermediarios” de la operación.
En esa misiva ya se hablaba sin tapujos de la “existencia de posibles comisionistas”.
La otra estafa investigada
El sumario desvela que el consistorio que dirige Martínez-Almeida fue víctima de otra estafa, al margen de la urdida por Luis Medina y su socio.
El Ayuntamiento pagó 1,2 millones de euros para comprar medio millón de mascarillas a un intermediario de Nueva York, Philippe Haig Solomon, en nombre de la consultora 'Sinclair and Wilde'.
Sin embargo, y de acuerdo con el informe realizado por la Policía Municipal, aquellos tapabocas carecían de las “certificaciones preceptivas”, ya que únicamente incluían documentación como si fueran simples productos “cosméticos”.
La petición de una medalla
Alberto Luceño, tras el pelotazo, pretendió que el Ayuntamiento de Madrid le impusiera una medalla por la supuesta celeridad en traer material desde Asia. La petición de la condecoración se la hizo a Elena Collado, la alto cargo que autorizó las compras de las mascarillas y demás artículos.
“Ahora sí que me debes una medallita, una medallita civil me vendría bien”, le dijo en un audio de WhatsApp.
Parecería que se trataba de una broma, pero el comisionista, durante su interrogatorio en Anticorrupción en abril de 2021 insistió en que, lejos de una imputación por llevarse cerca de 5 millones en comisiones, se merecería un reconocimiento público porque fue el “más rápido y el “único” que consiguió que la “mercancía” llegara en una semana Madrid.
El interrogatorio judicial y la apertura del juicio oral
Este lunes los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina tienen una cita con el juez que investiga el caso mascarillas. Los dos acuden a la Plaza de Castilla de Madrid en calidad de imputados por hasta cuatro delitos: estafa, blanqueo, falsedad documental y, en el caso del hijo del Duque de Feria, alzamiento de bienes.
Son, por tanto, muchas las incógnitas que tienen que despejar a preguntas del juez, de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones: el Ayuntamiento de Madrid, Podemos, Más Madrid y el PSOE.
El juez de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por presuntamente cobrar comisiones millonarias en la compra de material sanitario para la ciudad de Madrid durante la primera ola de la pandemia.
La querella atribuye a los supuestos comisionistas la comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.
En próximas fechas, y entre otras diligencias que se acordarán en el marco de la instrucción, el magistrado tomará declaración a los dos querellados, así como a los testigos necesarios para esclarecer los hechos.
Las diligencias no son secretas y el magistrado ha ofrecido acciones al Ayuntamiento de Madrid para personarse en el procedimiento, según apuntas las mismas fuentes.
El propio alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida, anunció este miércoles que el Consistorio se personaría en la causa como perjudicado con el objetivo de “ejercer todas las acciones que correspondan para que en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero”.
Los comisionistas serán procesados por la supuesta estafa millonaria que lograron mediante la operación de compra de material sanitario, mascarillas, guantes y pruebas para diagnosticar covid, llevada a cabo contra el Ayuntamiento de Madrid durante la peor fase de la pandemia.
El juez ha decretado que se abre finalmente la fecha para el juicio oral para ‘el mascarillazo’. La Fiscalía pide nueve años de prisión para él y 15 para Luceño en un juicio que se celebrará en febrero de 2025.
Otros casos de comisiones relacionados con material sanitario
Además de los implicados en el caso Koldo hay otros comisionistas que vieron en el covid una oportunidad de oro para lucrarse. Entre ellos destacan Alberto Luceño y Luis Medina.
También ha estado bajo la lupa de la justicia el olfato empresarial del entorno de Isabel Díaz Ayuso. Concretamente, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue investigado por recibir una comisión de 234.000 euros al facilitar una venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid por un contrato de 1.500.000 euros.
Un caso que desató una guerra interna en el PP. “Todas las personas que se han dedicado a intentar destruirme a mi deberían ser apartadas”, aseguraba entonces Ayuso. Y que terminó con el partido enseñándole a Pablo Casado la puerta de salida.
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias pero fueron archivadas. La pareja de Ayuso también está inmersa en otra investigación. Se le acusa de defraudar 350.000 euros a la Hacienda Pública por intermediar en un contrato de mascarillas.
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