La Real Junta de Purificaciones Civiles fue uno de los instrumentos creados tras la restauración del absolutismo de Fernando VII para depurar de liberales la administración pública y eliminar cualquier rastro institucional del régimen constitucional. Su aparición se produjo después de la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, el final del Trienio Liberal y el retorno al poder absoluto en 1823.
Las Juntas de Purificación formaron parte de un amplio sistema represivo que también incluyó las Comisiones Militares, las Juntas de Fe de la Iglesia, los Voluntarios Realistas y diversas sociedades secretas partidarias del exterminio físico de los liberales. Su función no se limitó a castigar delitos concretos: pretendieron identificar, investigar y apartar de sus empleos a quienes hubieran colaborado con el sistema constitucional o fueran considerados sospechosos de simpatizar con él.
El contexto político de la purificación
Hace doscientos años, nuestro país estaba sumergido en lo más terrible de la Década Ominosa (1823-1833). Una vez implantado de nuevo en el poder Fernando VII, en octubre de 1823, el absolutismo dedicó todas sus energías a la demolición institucional, legislativa y económica, del régimen constitucional, así como a acabar con la masa social que lo había sostenido: los liberales.
Esta represión fue tan extrema, que figura como una de las más crueles y negras en la historia contemporánea española. Sin embargo, aún sería peor su herencia, el legado que nos dejó, pues aquella violencia política ejercitada y dirigida desde la cúpula del poder del estado absoluto, durante tantos años, crearía una fractura en la sociedad española, cuyos males, especialmente los inculcados en las mentalidades, desgraciadamente, pervivieron a través del tiempo, percibiéndose incluso al día de hoy, especialmente, por la intransigencia, el rechazo (incluso con odio), por el que piensa diferente.
El breve periodo del Trienio Liberal, en el que la Constitución gaditana de 1812 fue respuesta y se inició, nuevamente, un desmontaje del Antiguo Régimen y la construcción de un Estado liberal, llegó a su fin después de que Fernando VII y los sectores partidarios del absolutismo salieran de la pasividad que habían mostrado cuando Riego inició su pronunciamiento.
Echando mano de la Santa Alianza, se pidió ayuda a las potencias que la formaban para que intervinieran militarmente con el fin de devolver todo el poder al monarca español. De esta manera, tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis enviados por Francia, se retornaba otra vez al absolutismo y se iniciaba un periodo al que la historiografía posterior bautizó como Década Ominosa, con el fin de caracterizar una época en el que el liberalismo fue reprimido.
La Junta Provisional, la Regencia y la reconstrucción absolutista
Tras la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis en abril de 1823, las Cortes liberales habían huido a Cádiz, a donde también fue trasladado el monarca. Desde aquel momento, los miembros del absolutismo conformaron una Junta Provisional de Gobierno de España e Indias, la cual estaba presidida por Francisco Eguía, la cual decretó inmediatamente la anulación de la legislación liberal y la vuelta al funcionamiento institucional anterior al Trienio.
Acto seguido, se crearon Comisiones de Depuración, así como un cuerpo de voluntarios realistas. Una vez que los Cien Mil Hijos llegaron a Madrid, la Junta fue sustituida por una Regencia, presidida por el duque del Infantado y por toda una serie de personalidades provenientes del absolutismo.
La Regencia creó también un Gobierno presidido por Víctor Damián Sáez como secretario de Estado con la misión de poner en marcha la reconstrucción del sistema tradicional. Un amplio trabajo, puesto que se tuvo que anular todos y cada uno de los decretos del liberalismo y los problemas que acarreaban, en especial las amortizaciones que se habían llevado cabo durante el Trienio y la propia deuda creada en estos tres años.
En este último caso se decidió no reconocerla. En estos primeros momentos se denota ya una ruptura entre los absolutistas, en concreto por la cuestión de las depuraciones.
Qué significaba la purificación política
Los miembros de la Regencia, acérrimos reaccionarios, habían puesto en marcha un sistema de “purificación” sistemática con el fin de acabar con cualquier atisbo de liberalismo. Pero muchos otros ya observaron la necesidad de las reformas y consideraban que era suficiente con una represión moderada.
Entre ellos se encontraba el duque de Angulema, que había sido uno de los principales conspiradores contra el Trienio Liberal y organizador de la intervención extranjera. En cualquier caso, se impusieron los primeros y se crearon en las provincias Juntas de Purificación, así como Juntas de Fe por parte de la Iglesia, mientras que en el ejército se instauraron comisiones que iban encaminadas al mismo objetivo.
La purificación pretendía, por tanto, separar de la administración a los empleados considerados políticamente peligrosos, revisar la trayectoria de los funcionarios y restablecer la fidelidad absoluta a la monarquía. El procedimiento se inscribía en una política general de vigilancia, exclusión y castigo dirigida contra quienes habían participado en las instituciones constitucionales o habían respaldado las reformas del Trienio.
Desde la cúpula del Estado, la sucesión de múltiples órdenes y decretos represivos hizo imposible la vida de los liberales, especialmente, en los pueblos, donde se ejerció una omnipresente estrategia de acoso en la que se unían la persecución política y la venganza personal.
La Real Junta de Purificaciones Civiles y la administración
Además, aparecieron las Juntas de Purificaciones, para depurar liberales de la administración, y las Comisiones Militares, como instancias sumarísimas para la represión de los militares con pasado relacionado con el sistema constitucional.
Las Juntas de Purificación actuaban en el ámbito civil, mientras que las comisiones militares se dirigían contra quienes habían servido en las fuerzas armadas durante el periodo constitucional. La Iglesia estableció paralelamente las Juntas de Fe, que extendían la persecución al terreno religioso y doctrinal.
En los primeros años de la restauración absolutista, la depuración administrativa fue una de las vías principales para desmantelar el Estado liberal sin limitarse a la persecución judicial o a la violencia callejera. La eliminación de empleados públicos sospechosos permitía sustituir las estructuras creadas o transformadas durante el Trienio por funcionarios identificados con la monarquía absoluta.
La depuración se desarrolló en un momento en que el poder trataba de recuperar el funcionamiento institucional anterior a 1820. Los Consejos, que habían demostrado su falta de funcionalidad en el periodo anterior quedaron sin poder -especialmente el antiguo Consejo de Castilla-.
Ya anteriormente, las funciones de estos organismos eran desempeñadas por los secretarios de Estado, pero esta realidad quedó oficialmente institucionalizada por un Real Decreto por el cual se crea el Consejo de Ministros, institución que reunía a los secretarios, que comienzan a ostentar el nombre de ministros, lo que permitía instaurar una línea concreta en las medidas que tomaran sus distintos miembros.
No obstante, el Consejo de Estado permaneció como una especie de órgano de vigilancia, que en general era compuesto por miembros más “ultras” que los del Consejo de Ministros, aunque no se quiere decir que estos órganos fueran homogéneos. Sea como fuere, ambos órganos estuvieron en constante choque y hubo momentos en que uno u otro quedaron suspendidos.
Depuración, represión y control territorial
La Real Junta de Purificaciones Civiles no actuaba de manera aislada, sino dentro de una red de instituciones y prácticas destinadas a controlar la sociedad. En las ciudades y pueblos el terror llevado a cabo por los realistas absolutistas se hizo insufrible.
En muchos casos, clérigos y frailes, exhortaban a la masa realista a cometer todo tipo de excesos y atropellos. La barbarie se podía encontrar al doblar una esquina, o al llegar al propio domicilio.
Para aquellos constitucionalistas que no habían logrado salir de España a finales de 1823, comenzaron las ejecuciones, los encierros prolongados en cárceles nauseabundas, las torturas sin límites, las humillaciones por calles y plazas, los confinamientos en domicilios, los exilios a otras provincias, o bien, a territorios mucho más lejanos, como las colonias de ultramar.
A muchos liberales se les arrancaron las patillas y bigotes, en vivo, y a otros se les paseó tirados por una soga y con un cencerro colgado al cuello, o bien con las manos atadas a la espalda, montados sobre un asno. En cualquier pueblo, aldea o ciudad, se apaleaba a los que durante el Trienio (1820-1823), habían formado parte de la Milicia Nacional.
No pocos murieron linchados quedando tullidos o muertos a manos de una plebe fanatizada. El gran geógrafo Tedoro Antillón, un intelectual de reconocido prestigio que había sido profesor de Torrijos en el Colegio de Nobles, murió a consecuencia de uno de estos apaleamientos.
Hubo encarcelamientos en masa, destrozos y saqueos de casas y negocios… Fue una represión brutal basada en el matonismo despiadado, por el número de los que lo ejercitaban y la indefensión absoluta de las víctimas.
Aquella persecución para el exterminio fue predicada desde los púlpitos y practicada por las turbas urbanas de filiación absolutista, en la que destacaban por su fanatismo los Voluntarios Realistas, milicia formada en lo más profundo del sector “apostólico” del régimen fernandino.
La Real Junta en el sistema de instituciones represivas
La represión civil, la militar y la religiosa se reforzaban mutuamente. Las Juntas de Purificación examinaban la conducta política de los empleados civiles; las Comisiones Militares actuaban sobre los militares relacionados con el constitucionalismo; y las Juntas de Fe participaban en la defensa del orden religioso y absolutista.
Por si esto no fuera poco, fueron creadas varias sociedades secretas, nutridas por eclesiásticos, antiguos inquisidores, policías de la “paralela política” y funcionarios adictos al absolutismo, como la Junta Concepcionista, La Estrella o El Ángel Exterminador, cuyo fin concreto fue el aniquilamiento físico de los liberales.
Sin piedad. La coordinación entre disposiciones oficiales, actuaciones policiales, denuncias, presiones sociales y violencia de las turbas hizo que la purificación administrativa quedara integrada en una persecución mucho más amplia.
Forjó una policía secreta que vulneraba leyes y ordenanzas para acabar con los liberales, o simplemente, con aquellos refractarios a su forma de ejercer el poder. Sus agentes asaltaban las casas durante la noche, y solían detener y torturar a cuantas personas convenía.
Puestas ante un tribunal, ese tribunal, sostenido en un mar de corrupciones, aceptaba sobornos y delaciones. La denuncia podía convertirse así en un instrumento de venganza personal, especialmente en comunidades pequeñas donde las diferencias políticas se mezclaban con conflictos sociales y familiares.
La situación de los liberales no depurados
La persecución administrativa podía desembocar en otras formas de castigo. Las consecuencias de ser considerado liberal no se limitaban a perder el empleo o quedar excluido de un cargo público.
Los liberales podían ser ejecutados, encarcelados, torturados, confinados, deportados o sometidos a humillaciones públicas. La represión también alcanzaba a sus familiares y a personas acusadas de mantener vínculos con ellos.
El alcance social de la persecución explica que muchos ciudadanos intentaran abandonar España. Torrijos y su mujer, con destacados defensores de Cartagena, pudieron marchar al exilio en Francia, gracias a las capitulaciones firmadas con las autoridades militares francesas.
Lo mismo ocurrió con centenares de liberales de diferentes puntos del país que lograron escapar. Pero ¿Qué paso con los que no pudieron hacerlo?
A través de los Pirineos, estas trágicas noticias llegaban a los liberales en el exilio y, por tanto, a Torrijos y los demás integrantes de la denominada Junta de Londres.
La Iglesia y la depuración del liberalismo
La Iglesia, instalada en los privilegios seculares del poder absoluto y, sobre todo, en los beneficios terrenales alcanzados durante tres siglos, tomó decisiones equivocadas contra los constitucionalistas del primer tercio del siglo XIX.
La Constitución de 1812 no fue atea ni anticatólica. En el Preámbulo constitucional se proclamaba: “En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo autor y supremo legislador de la sociedad”. Con ello, dejaba claro una profesión de fe.
Pero además, respaldó el papel institucional de la Iglesia católica en España. Su artículo 12 estuvo dedicado a la cuestión religiosa, citando: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra”.
Esta parte muestra el triunfo de las posturas más conservadoras de los diputados de las Cortes (no hay que olvidar que tres de cada diez diputados, fueron religiosos). Si nos fijamos en esos textos, veremos que no es de la religión del individuo de lo que la Constitución hablaba, sino de la creencia oficial, exclusiva y excluyente, de la Nación entendida como sujeto uniforme.
Esta declaración taxativa de la confesionalidad católica de la Nación implicaba una obligación perpetua. Por tanto, el texto incluía dos elementos importantes: la protección legislativa posterior de la religión católica y la prohibición de otras confesiones.
En consecuencia, los miembros del alto y bajo clero serían respetados, conservarían sus estatus y continuarían su labor pastoral tradicional. Los objetivos de la Constitución de 1812, en cuanto a lo religioso, fueron principalmente estos tres, de carácter político y social: la supresión de la Inquisición, la modificación del sistema económico privilegiado de la Iglesia, y la reducción del excesivo número de efectivos del clero, especialmente, del bajo clero.
Por tanto, era acabar, primero, con el terrorífico e inhumano Tribunal de la Inquisición que durante tres siglos tuvo atada y amordazada a la sociedad española; segundo, la pérdida de los privilegios económicos, seculares, de la Iglesia Católica española, con los que había atesorado un inmenso patrimonio durante los siglos XVI, XVII y XVIII, un poder forjado y beneficiado por la Contrarreforma; y finalmente, sacar a tanta población religiosa metida en los conventos, conocidos como “las manos muertas”.
La reacción eclesiástica contra el constitucionalismo
No iba a ser tarea fácil, pues dentro de la sociedad estamental, la Iglesia había sido un pilar fundamental en la fortaleza de la monarquía absoluta, manteniendo el sistema desde los púlpitos y, también, respaldando manifestaciones religiosas de todo tipo y en cualquier lugar.
Fue lo conocido como la unión del Altar con la Corona. El control de la fe estuvo en las manos eclesiásticas a través del siniestro Tribunal de la Inquisición, que durante más de tres siglos propagó los abusos, injusticias y el terror, siendo víctimas del mismo, también, muchos religiosos y religiosas.
Hoy día, aparecen de vez cuando escritos que intentan paliar los efectos tan dañinos que tuvo la Inquisición en nuestros país y sus colonias, pero es imposible disculpar a aquel Tribunal tan alejado del mensaje y espíritu evangélico, y que contribuyó él mismo a su siniestra fama con una atmósfera de persecuciones, intimidaciones, delaciones anónimas e indefensiones, con la aplicación de terribles procesos de duraciones ilimitadas, sumarios secretos y empleo sistemático de la tortura, para conseguir las sentencias para las víctimas.
A todo ello se sumó para la Iglesia la pérdida de tanto poder terrenal. Una institución religiosa a la que se suponía estar dedicada de lleno a lo espiritual, pero que, en realidad, siempre había imperado en ella el afán material y aumento de propiedades, la ambición del poder y las ansias por los privilegios.
Por lo anteriormente expuesto, la mayoría del alto clero no perdonó nunca a los constitucionalistas su carta magna, poniendo sus esperanzas en el retorno del absolutismo más rancio y, a ser posible, vengativo, que aniquilara a la Constitución y a los liberales.
En cualquier caso, se crearon en las provincias Juntas de Purificación, así como Juntas de Fe por parte de la Iglesia, mientras que en el ejército se instauraron comisiones que iban encaminadas al mismo objetivo.
La vuelta de Fernando VII y los antecedentes de la represión
La historia y los acontecimientos lo demostraron, pues allí estuvo ese clero terrenal en su primera gran oportunidad para el retorno del absolutismo y la desaparición de la Constitución.
Nos referimos cuando, el 22 de marzo de 1814, se produjo el regreso de Fernando VII tras seis años de retención en Francia y, en Valencia, sucedió el llamado “Manifiesto de los Persas” (12 de abril), firmado por 69 diputados conservadores.
No fue casualidad, que de ellos 34 fueran eclesiásticos. Aquello, bien orquestado por la camarilla real, fue la antesala del primer golpe de estado ocurrido en España, con la complicidad de las tropas mandadas por el general Elio, para acabar con el régimen constitucional.
Lo consiguieron. El antecedente de 1814 mostró que la restauración absolutista no consistía únicamente en recuperar la autoridad del monarca, sino también en desmontar las reformas, apartar a sus defensores y reorganizar la administración mediante criterios de fidelidad política.
Las divisiones internas del absolutismo
Pero, pese a que todavía hoy en día se identifica a esta época con tal nombre, los historiadores han comprendido que no se trata de un periodo absolutista sin más. Observando las distintas tendencias políticas, uno puede darse cuenta que no estamos ante una mera lucha entre absolutistas y liberales.
Ambos grupos son mucho más complejos. Entre los liberales, como ya había pasado en el Trienio Liberal, hay una división entre los más moderados y los más radicales.
Los primeros, partidarios de un acercamiento a las élites absolutistas más proclives a los cambios con el fin de introducir reformas de aspecto liberal. Los segundos, partidarios de la insurrección como única manera para volver a instaurar un Estado liberal.
Por su parte, los absolutistas están de igual modo divididos entre los más reaccionarios al cambio, son los realistas o ultras, que acabarán conformando el carlismo. Mientras que otra parte de esta élite eran reformistas que, si bien no pretendían el liberalismo, se habían dado cuenta que sin cambios de carácter técnico en la estructura del Estado, este no podría sostenerse.
Por tanto, además de no ser una época homogénea a lo largo de los años, esta, paradójicamente, sentó las bases sobre la que se construiría el Estado liberal en el reinado de Isabel II.
Los reformistas absolutos y la administración
Los reformistas absolutos no querían una apertura política, pero sí una serie de cambios técnicas que permitieran al Estado salir adelante corrigiendo los importantes desfases que se habían producido entre 1814 y 1820.
En cierta manera, estos heredaban la tendencia del absolutismo ilustrado, aunque ahora, con circunstancias muy distintas, debían revivir un Estado que estaba descomponiéndose institucionalmente. Las instituciones, muchas de ellas heredaras de la época de los Austrias, eran ya inservibles.
A esto debemos sumar un contexto internacional que cambiaba a gran ritmo, especialmente en 1830 cuando triunfa una nueva revolución en Francia y se establece en ella un Estado liberal. De la misma manera, hay que tener en cuenta que, al menos para la economía, la pérdida de las colonias de forma definitiva era también un cambio importante y por tanto había que actuar.
Hay que volver a decir que las reformas únicamente fueron de tipo técnico y jamás político. En ningún momento se puso en tela de juicio el poder absoluto del monarca. De hecho, hubo una constante represión y persecución del liberalismo a lo largo de todo el periodo.
Los reformistas tuvieron la suficiente fuerza para que Fernando VII aceptara realizar tales cambios, pese a que en las camarillas de Palacio y muchos de los miembros del Gobierno y otras instituciones le presionaban para todo contrario.
Esta victoria reformista, por llamarla de alguna manera, fue también producto del papel que desempeñó la Francia de Luis XVIII, quien había realizado, precisamente, reformas técnicas e incluso había dado una Carta Otorgada que otorgaba una especie de cámara representativa.
La moderación de la represión
No obstante, poco después, Angulema publicó una ordenanza para poner fin a tal represión. Incluso la propia Rusia zarista recomendaba la moderación de la persecución e incluso desde allí se instaba a la adopción de una Carta Otorgada al modo francés.
Fernando VII, tras salir de Cádiz, proclamó el 1 de octubre de 1823 el Manifiesto del Puerto de Santa María, que condenaba la legislación del Trienio y confirmaba la actividad de la Junta y la Regencia, olvidando las promesas que había realizado a los liberales en Cádiz, quienes les habían dejado ir a cambio de no iniciar una represión.
Mes y medio después, el monarca se instalaba de nuevo en Madrid, en donde se ve presionado en Palacio por las dos vertientes del absolutismo. De hecho, tanto Angulema como el enviado ruso, Pozo di Borgo, convencieron al monarca para que destituyera a Sáez del Gobierno, que como hemos dicho era defensor del más intransigente absolutismo.
Fue sustituido por el marqués de Casa-Irujo, de tendencia moderada. Por tanto, desde el año 1823 y en especial desde 1824, se pone de manifiesto que la maquinaria institucional debía ser cambiada.
Reformas administrativas y continuidad del control político
Desde el Gobierno, los miembros partidarios del reformismo impulsaron cuantiosas reformas y medidas a lo largo de los últimos diez años del reinado de Fernando VII. Entre ellas estuvo la moderación de la represión y la reforma del ejército.
La creación de la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino como institución para la reforma, y una Junta Consultiva de Gobierno para examinar el estado de la nación. Se legisló sobre minas y empleados de Hacienda, se creó un Nuevo Plan de Estudios para las universidades, así como un Plan y Reglamento de Escuelas de Primeras Letras del Reino, cuyas reformas debían ser establecidas por la Inspección de Enseñanza creada para esta misión.
Se pusieron en marcha la Junta de Aranceles, Intendencias de Guerra y Marina, la Caja de Amortización de la Deuda, el Gran Libro de la Deuda y un presupuesto anual de gasto de cada ministerio.
Se legisló un Código de Comercio para el mercado interno, así como la creación de la Bolsa, el Banco de San Fernando y el Tribunal Mayor de Cuentas, que debía estudiar y aprobar las cuentas de la administración.
Una obra que en buena medida, en lo tocante a la economía, fue creada por López Ballesteros. Cabe decir que la principal emergencia era superar la crisis económica mediante la modernización de la economía del país, así como superar los problemas de la deuda y el gasto administrativo.
Pero ninguna de estas medidas podía vencer la coyuntura económica si no se tocaba el problema real: el sistema político. Difícilmente se podía pretender crear un mercado nacional o establecer una economía moderna si se seguía manteniendo el régimen señorial.
Ni tampoco se podía superar los problemas de la deuda si las clases privilegiadas seguían sin pagar impuestos y, por si fuera poco, eran perceptores de estos en sus respectivos señoríos.
La modernización técnica de la administración no eliminó la persecución ideológica. La Real Junta de Purificaciones Civiles se entiende precisamente dentro de esa contradicción: el Estado necesitaba reorganizar sus instituciones, pero al mismo tiempo mantenía la exclusión política de los liberales.
Los realistas y la presión sobre la monarquía
Los absolutistas más reaccionarios consideraban que el Estado no atravesaba ningún tipo de crisis. Para estos, todo era una conjura liberal.
No debemos entender, por otra parte, que se trataba únicamente de miembros de la más alta nobleza y clero. Esta postura poseía un nutrido grupo de clases populares en las zonas rurales, en su mayor parte religiosos que clamaban por el restablecimiento de la Inquisición -institución no respuesta tras ser abolida por el Trienio Liberal-, y antiguos combatientes realistas que se habían descolgado del ejército y que continuamente reivindicaban las promesas que se les habían realizado, en especial las de carácter económico.
Del mismo modo, solicitaban la regulación de los voluntarios realistas y que se expulsara de la administración a personajes liberales. También los miembros de los gremios de oficios en declive o incluso clases vinculadas al campesinado se alineaban con el absolutismo al considerar desventajoso cualquier atisbo de liberalismo.
Esta base popular, en especial entre antiguos combatientes o miembros del ejército, permitió a los realistas intentar alcanzar sus pretensiones por la vía de la insurrección -al mismo tiempo que presionaban en Palacio-.
Se pueden mencionar la conspiración del brigadier Capapé en Aragón en 1824 o la intentona de Sigüenza por el general Bessières. La única forma de poner fin a esta situación fue cediendo ante las pretensiones de los realistas.
Así se destituyó a Cea Bermúdez del Ministerio de Estado -al que volverá posteriormente- y la entrada en el mismo del duque del Infantado. También se restablecimiento el Consejo de Estado a finales de 1825, que acabó poco después por asumir las competencias del Consejo de Ministros al ser suspendido este.
La revuelta de los agraviados y el endurecimiento del control
El giro hacia el grupo realista se completó en 1826, cuando se abrió la crisis portuguesa que actuó como detonante para definir los grupos políticos en España.
La muerte del rey portugués hizo que su hijo, el emperador de Brasil, reclamara el trono para su hija, prometiendo, además, la creación de una constitución, lo que claramente era una forma de atraer el apoyo de los grupos liberales.
Por su parte, el hermano del monarca, Miguel, lo reclamaba para sí, apoyándose en la élite absolutista. Era el prolegómeno de lo que más tarde sucedería a la muerte de Fernando VII.
Sea como fuere, los realistas españoles con Fernando VII a la cabeza apoyaron a Miguel e incluso se preparó junto con los absolutistas portugueses exiliados una intervención militar.
También los grupos liberales españoles comenzaron a preparar acciones militares para apoyar a los liberales del país vecino. Esto último provocó que oficialmente Fernando VII hiciera romper los contactos que los absolutistas moderados españoles tenían con algunos grupos liberales.
En cualquier caso, en 1927, el realismo vuelve a una reivindicación armada, lo que acabaría provocando la vuelta de los reformistas como principal línea de actuación en la política fernandina.
En ese año se produce la llamada revuelta de los agraviados. Comienza como varios levantamientos populares en Cataluña, cuyos participantes consideran a Fernando VII preso del liberalismo.
Estos se acaban instalando en Manresa donde crean la Junta Superior Provincial de Gobierno del Principado, desde donde los levantamientos se extienden por buena parte de Cataluña, Aragón, Valencia, País Vasco y la zona de la Mancha.
Desde Palacio, el rey manifiesta su discurso de Estado absoluto, pero sus consejeros le recomiendan la represión de la sublevación, que se encarga al conde de España.
Al mismo tiempo, instan al monarca a un viaje por todas esas zonas para que depongan las armas. En la Corte y el Gobierno, de igual modo, se tomaron las medidas oportunas para comenzar a apartar a los realistas, puesto que se sospecha que muchas personalidades han apoyado estos levantamientos.
La represión, en cualquier caso, provocó que los realistas comenzaran a desconfiar del rey y, por tanto, buscaron una alternativa en el infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando.
Hasta 1927, los realistas no habían entredicho al monarca, pero, a partir de esta fecha, estos van a comenzar a poner en duda la continuidad de este en el trono. Se conformaba el núcleo de lo que años después sería el carlismo.
El caso catalán y el conde de España
Entre los personajes que desde el absolutismo ejercieron su represión con más saña y rigor contra los constitucionalistas, destacó Carlos de España, capitán general de Cataluña, que instauró un auténtico régimen de terror desde su cuartel general situado en la Ciudadela de Barcelona, fortificación odiada por los barceloneses porque simbolizó una represión atroz y sanguinaria.
Su crueldad en el gobierno del Principado, desde 1827, hizo que se le conociera como «El Tigre de Cataluña». Este deplorable personaje, desde su alto cargo político-militar, ejerció su tiranía a través de excentricidades religiosas, bromas brutales y ataques de furia homicida.
Forjó una policía secreta que vulneraba leyes y ordenanzas para acabar con los liberales, o simplemente, con aquellos refractarios a su forma de ejercer el poder. Sus agentes asaltaban las casas durante la noche, y solían detener y torturar a cuantas personas convenía.
El 13 de septiembre de 1828, Carlos de España ordenó las ejecuciones sumarias de trece prisioneros y, a finales de 1829, ejecutó a treinta y ocho liberales más.
Una vez fusilados, los cuerpos fueron mutilados y, a continuación, expuestos en la explanada de la Ciudadela, donde el conde de España bailó, en plena paranoia, una marcha frente a los restos desmembrados de aquellos desgraciados.
Otros cincuenta fallecieron en los calabozos a causa de las crueles torturas y las tremendas privaciones, y otros diecisiete prefirieron suicidarse par evitar el dolor en los tormentos.
Desesperados y sin esperanza alguna, aprovecharon objetos para cortarse venas y arterías, o golpearse la cabeza contra la pared. Más de cuatrocientos fueron deportados a África, y unos dos mil a seis leguas de Barcelona (una mayoría de ellos fueron familiares de los asesinados).
El conde de España fue un loco de atar. En Madrid lo sabían, lo sabían sobradamente, y le dejaron llevar a cabo todas las atrocidades posibles.
La Real Junta de Purificaciones Civiles dentro del aparato absolutista
La Real Junta de Purificaciones Civiles representó el componente administrativo de una política que combinaba la restauración institucional, la vigilancia ideológica y la represión social. Su objetivo era que el aparato del Estado quedara en manos de personas consideradas fieles al monarca y al orden absolutista.
La depuración de los empleados públicos permitía actuar sobre una zona esencial del poder: las oficinas, los tribunales, las instituciones educativas, la Hacienda y los organismos encargados de aplicar las decisiones del Gobierno.
La persecución de los empleados sospechosos también servía para impedir que los principios constitucionales permanecieran en la práctica administrativa después de la abolición formal de la legislación liberal. El retorno al absolutismo exigía no solo anular decretos, sino también revisar quiénes podían ejecutarlos y quiénes debían ser apartados.
Por ello, las Juntas de Purificación deben situarse entre las primeras medidas adoptadas para reconstruir el sistema tradicional. Su existencia se relacionó con las Comisiones de Depuración creadas por la Junta Provisional y con las posteriores Juntas provinciales establecidas bajo la Regencia.
La Real Junta de Purificaciones Civiles también refleja las tensiones existentes dentro del absolutismo. Los sectores más reaccionarios defendían una eliminación sistemática de cualquier rastro liberal, mientras que los reformistas consideraban necesario conservar una administración eficaz y limitar los excesos que podían desestabilizar el Estado.
La tensión entre represión y reforma
Los reformistas absolutos no querían una apertura política, pero sí una serie de cambios técnicas que permitieran al Estado salir adelante corrigiendo los importantes desfases que se habían producido entre 1814 y 1820.
La administración necesitaba funcionarios, conocimientos técnicos y organismos capaces de gestionar la Hacienda, el ejército, la educación, el comercio y la deuda. Sin embargo, el criterio de fidelidad política podía imponerse al de competencia profesional cuando las autoridades entendían que la permanencia de un liberal suponía un peligro para el régimen.
Esta contradicción atravesó toda la Década Ominosa. El Estado debía modernizar sus instrumentos, pero no estaba dispuesto a reconocer derechos políticos ni a permitir la participación de los liberales en la vida pública.
La creación del Consejo de Ministros y el desarrollo de nuevas instituciones administrativas convivieron con la vigilancia del Consejo de Estado, la persecución de los constitucionalistas, la actuación de las Juntas de Purificación y la presión de los sectores ultras.
La moderación de la represión fue, en consecuencia, una cuestión política interna y no un reconocimiento del liberalismo. Las reformas técnicas podían fortalecer la monarquía absoluta, pero la apertura política quedaba excluida.
La cuestión sucesoria y el final del periodo
En 1830, Fernando VII se encontraba en una encrucijada entre las distintas posturas políticas. En esa fecha, sin duda alguna, Fernando VII únicamente se puede apoyar en los reformistas, también llamado fernandistas.
Por una parte, los carlistas-realistas siguen presionando en Palacio, pero se sabe que conspiran para establecer a su hermano en el trono. Por otro lado, los liberales son cada vez más fuertes, especialmente después del triunfo en Francia de la Revolución de 1830, lo que dejaba a España sin su principal aliado.
De hecho, si hasta 1926 las intentonas liberales habían sido meramente espontaneas e individuales, a partir de entonces los liberales comenzaron a coordinar estrategias en el exilio en torno a figuras como Espoz y Mina y Torrijos, quienes llegaron a crear incluso organizaciones de tipo institucional para dirigir la insurrección.
La cuestión sucesoria aumentó la importancia de los grupos enfrentados dentro del absolutismo. Los realistas más radicales encontraron en el infante Carlos María Isidro una alternativa política, mientras que Fernando VII tuvo que apoyarse en los reformistas y fernandistas para conservar el trono.
La Real Junta de Purificaciones Civiles perteneció a la primera fase de esta transformación: fue una herramienta de la restauración absolutista destinada a controlar la administración y a expulsar de ella a los defensores del constitucionalismo, en un periodo en el que la monarquía intentaba recuperar el poder perdido y, al mismo tiempo, reorganizar las estructuras del Estado.
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