El caso de las mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se originó en un contrato de emergencia firmado durante las primeras semanas de la pandemia y terminó provocando una crisis interna en el Partido Popular, un conflicto de competencia entre fiscalías y el archivo de las investigaciones españolas y europeas.
La operación consistió en la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2 para la Comunidad de Madrid por un importe de 1.512.500 euros. La empresa adjudicataria fue Priviet Sportive SL, una compañía vinculada a Daniel Alcázar Barranco, amigo de la familia Díaz Ayuso. Tomás Díaz Ayuso recibió 234.103,52 euros en concepto de trabajos y bonus relacionados con la operación.
El contrato de 250.000 mascarillas
Un total de 1,5 millones de euros que la Consejería de Sanidad adjudicó a dedo a la empresa Priviet Sportive SL a cambio de traer a España 250.000 mascarillas para uno de los pabellones de IFEMA en abril de 2020, durante las peores semanas de la pandemia.
Detrás de esa empresa, sin relación con el sector sanitario, estaba un amigo de la infancia de la presidenta, Daniel Alcázar Barranco.
La empresa con la que colaboraba el hermano de la presidenta regional pagó 540.000 euros por comprar las mascarillas a 'Zhangjiagang Xiecheng Mechanical Equipment' y traerlas hasta Madrid.
Según la información aportada por Daniel Alcázar, el dueño de Priviet -amigo de la familia Díaz Ayuso- esta empresa pagó 480.170,30 euros a la compañía coreana K Beauty & Media por 250.000 mascarillas FFP2.
La compra se abonó el 2 de abril de 2020 en dos pagos, uno de 240.122,66 eros y otro de 240.047,64.
A ese gasto, Priviet tuvo que sumar el transporte aéreo para traerlas a España, 76.871,13 euros.
Las mascarillas fueron recogidas en el aeropuerto de Madrid Barajas por la empresa Procoex, con la que se había contratado por 6.501,24 euros la recogida y entrega del material en el pabellón 10 del hospital de IFEMA, un trabajo que se realizó en dos días (17 y 20 de abril).
En total, Priviet Sportive gastó 563.542,67 euros en comprar, transportar a España y entregar las mascarillas a la Comunidad de Madrid.
Esta operación dejó a la empresa de Daniel Alcázar unos beneficios de casi un millón de euros (948.957,33), según se deduce de los datos incorporados por el jefe de Anticorrupción al decreto de archivo, que recoge que el día 27 de junio de 2020, Priviet Sportive percibió el pago de las mascarillas mediante una transferencia por importe de 1.512.500 euros ordenada por la Administración General de la Comunidad de Madrid.
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Compra de 250.000 mascarillas FFP2 | 480.170,30 euros |
| Transporte aéreo hasta España | 76.871,13 euros |
| Recogida y entrega en IFEMA | 6.501,24 euros |
| Gasto total de Priviet Sportive | 563.542,67 euros |
| Pago de la Comunidad de Madrid | 1.512.500 euros |
| Beneficio estimado de la empresa | 948.957,33 euros |
La comisión de Tomás Díaz Ayuso
Detrás de ese contrato se escondía la comisión que cobró Tomás Díaz Ayuso.
La administración de Isabel Díaz Ayuso negó cualquier tipo de irregularidad y terminó reconociendo los números de la operación en la que participaron el hermano y el amigo de la infancia de la presidenta regional: un total de 283.000 euros en comisiones -que luego la Fiscalía dejó en 234.000- de los cuales 55.850 euros se correspondían directamente con el contrato, según la Comunidad de Madrid.
De ese dinero, Tomás Díaz Ayuso recibió una comisión que la Fiscalía cifra en 234.203,52 euros: 175.000 provenientes de los trabajos realizados para Priviet en relación con distintas ofertas, entre ellas la investigada en este caso; y 59.203,52 euros de un bonus pactado por la obtención del contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid.
Anticorrupción detalló en su decreto de archivo que la comisión de 234 mil euros recibida por el hermano de Isabel Díaz Ayuso se dividió en una cantidad fija de 175.000 euros y un bonus “a determinar por cada operación de venta exitosa”.
Los números de la operación quedan escritos en el decreto en el que los fiscales españoles dejaron por escrito que no había caso: Tomás Díaz Ayuso cobró, en total y en cuatro pagos, 234.103,52 euros, de los que 175.000 euros correspondían a su trabajo en todas las ofertas y 59.203,52 al éxito de la venta de mascarillas en una de ellas.
Más de un 15% del total del contrato y del dinero que cobró la empresa de su amigo.
Isabel Díaz Ayuso señaló que su hermano había cobrado 55.850 euros más IVA por conseguir las mascarillas de China.
El jefe de Anticorrupción considera acreditado que el hermano de la presidenta cobró la comisión por el trabajo que hizo para Priviet, “consistente en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados”.
Qué función desempeñó el hermano de Ayuso
No hay que olvidar que, según aseguró Anticorrupción en su decreto de archivo, fue Tomás Díaz Ayuso el que hizo todo el trabajo, se encargó de los trámites para que Priviet Sportive SL (la empresa del amigo) se presentara ante las administraciones públicas como un fiable suministrador de material sanitario contra la covid, cuando en realidad hasta entonces había regentado una pequeña empresa textil de importación.
El fiscal Luzón primero afirmó que el hermano de Ayuso estaba detrás de toda la operación, desde su origen hasta la preparación de las ofertas, incluso que figuraba en los correos enviados al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en copia oculta.
Pero luego concluyó que no fue él quien contactó con el Sermas, por quedar su identidad oculta, y, por lo tanto, los responsables de aquella adjudicación no sabían que era el hermano de la presidenta quien iba a beneficiarse del contrato.
También se descarta que Tomás Díaz Ayuso fuera el que contactara con la Subdirección General. De las declaraciones prestadas durante la investigación se desprende que no fue él quien actuó, sino la propia Priviet, de la que es dueño Daniel Alcázar.
“Es significativo, al respecto, que en los correos que envió Priviet a la Subdirección, D. Tomás Díaz Ayuso figurara en copia oculta, por lo que su intervención en la operación fue desconocida por los funcionarios tramitadores de la causa”, expone el decreto.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción
El PP dio por enterrado el caso en junio de 2022 con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de archivar la investigación dos meses después de abrirla debido a tres denuncias de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid por la compra de 250.000 mascarillas por un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil del amigo de los Ayuso.
Actualizado: 23/06/2022 · 17:10 CEST
La Fiscalía Anticorrupción archiva las diligencias abiertas en febrero contra Tomás Díaz Ayuso por el contrato de mascarillas suscrito en plena pandemia por la Comunidad de Madrid.
El ente que dirige Alejandro Luzón ha decretado el archivo de esta investigación al considerar que no se ha podido acreditar la comisión del delito de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y falsedad.
Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que la investigación practicada "no confirma la hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella".
De esta forma Anticorrupción cierra la puerta a que las diligencias por el contrato de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive terminen en querella interpuesta en juzgado.
La ausencia de trato de favor
Tomás Díaz Ayuso no llevó a cabo actuaciones tendentes a conseguir un trato de favor para Priviet.
La facturación y el cobro de la comisión fue transparente.
En lo que respecta a las diligencias surgidas en Anticorrupción, el fiscal jefe explica que no pueden avanzar ante la ausencia de delito.
Para empezar, apunta que no consta que el procedimiento para adjudicar la partida de 250.000 mascarillas siguiera un trámite distinto al legamente previsto, ni que tampoco a esta empresa se le diera un trato de favor.
Sobre la comisión percibida por Tomás Díaz Ayuso de 234.103 euros concluye que no corresponde a una mediación o mordida, sino a ingresos por trabajos reales.
El decreto sostiene que percibió 175.000 euros por trabajos realizados para Priviet y otros 59.203 euros en calidad de bonus pactado por la obtención del contrato de mascarillas para la Comunidad de Madrid en plena pandemia.
Ahora bien, este cobro se produce en el marco de su trabajo para esta empresa el cual consistió "en añadir valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario".
"Por lo que se refiere a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento debe calificarse de transparente. Tomás Díaz Ayuso, en su condición de autónomo, factura en su propio nombre, como persona física, y por el concepto real".
La posición de la Fiscalía sobre Isabel Díaz Ayuso
Sobre el papel de Isabel Díaz Ayuso en la concesión de este contrato, el decreto que firma el fiscal jefe Anticorrupción concluye que "no consta ni intervención directa ni indirecta suya".
Recuerda que ya en el inicio no veía indicios de su participación en los hechos, pese a lo recogido en las denuncias.
Ahora concluye que la investigación practicada en este tiempo "no ha confirmado la referida hipótesis delictiva" ni tampoco se puede avanzar más en ella.
Después de tres meses de investigación, el jefe de Anticorrupción decreta el archivo de la investigación al concluir que Ayuso “no ha intervenido en el procedimiento” porque el Consejo de Gobierno “no es un órgano de contratación en la Comunidad de Madrid”.
Además, la Fiscalía sostiene que la presidenta madrileña no se prevalió de su posición para influir en que se aceptara la oferta de Priviet Sportive, como demuestra, según Luzón, que todos los testigos que habían tenido alguna intervención relevante en la tramitación del expediente citados a declarar por la Fiscalía aseguraron no haber recibido “indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación o por la empresa Priviet”.
El ministerio público tampoco ha encontrado pruebas de que los distintos órganos administrativos que intervinieron en el contrato siguieran en la compra de las mascarillas a Priviet “un procedimiento distinto al legalmente previsto, ni que se diera a esta empresa un trato de favor”.
La Fiscalía también se apoya en la declaración que prestó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid durante esta instrucción.
Al respecto dice que ofreció una explicación "coherente" sobre su implicación en este proceso el cual desató, además, una crisis política interna en el PP que acabó con la salida de Pablo Casado.
Su comparecencia unido a todo el material aportado por su defensa más el relato de los testigos hace que Anticorrupción decline presentar querella contra él.
"Este relato (de Díaz Ayuso) no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que, tras la práctica de las diligencias reseñadas, no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar en una tesis inculpatoria", dice la Fiscalía en relación a las denuncias interpuestas por los grupos parlamentarios del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.
Los partidos pidieron que se investigara esta contratación de emergencia que se cerró el 1 de abril de 2020 por supuesto tráfico de influencias.
La prohibición de contratar y el conflicto de intereses
Se puede ser hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid y contratar con su administración, siempre que no se conozca el parentesco.
"Su intervención de asesoramiento técnico para preparar la oferta fue desconocida por los funcionarios tramitadores", dijo el fiscal jefe de Anticorrupción, basándose en los testimonios recabados en la investigación.
Anticorrupción admitía que Tomás Díaz Ayuso fue el artífice de la venta de 250.000 mascarillas al Servicio Madrileño de Salud a través de la empresa su amigo, pero le exoneró porque figuraba con copia oculta en los correos que la mercantil envió a la Comunidad de Madrid.
Sobre este punto argumenta que para que esta mercantil estuviera incursa en la prohibición de contratar, el hermano de la presidenta madrileña tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación.
De ahí concluye que ninguno de los cargos que han participado en este procedimiento tenían obligación de inhibirse y que la normativa no se puede aplicar a la líder del PP madrileño porque "no ha intervenido" ya que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación de la Comunidad de Madrid.
Nadie en Sanidad tenía relación familiar directa con Tomás Díaz Ayuso y él no era dueño o accionista de Priviet Sportive SL y, por tanto, no había causa de abstención para nadie.
La comparación de precios de las mascarillas
La unidad de apoyo de la Intervención General del Estado adscrita a Anticorrupción ha consultado en la Plataforma de Contratación del Sector Público otros contratos de suministros de mascarillas FFP2 del Servicio Madrileño de Salud celebrados por el mismo órgano de contratación entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 y por importe superior a 100.000 euros.
De los 37 contratos encontrados, el firmado por Priviet es el que tiene el cuarto precio por mascarilla más elevado (cinco euros más el 21% del IVA).
La media del precio por mascarilla en esas fechas, según el escrito de Anticorrupción, fue de cuatro euros (sin IVA), pero el ministerio público resta importancia a este dato y advierte de la “notable disparidad de precios”, que van desde 1,24 y 1,30 euros por mascarilla, como es el caso del contrato celebrado con 3M España el 9 de abril de 2020, hasta 6,50 euros por tapabocas en el contrato firmado el 30 de marzo con Palex Medical.
El fiscal, Alejandro Luzón, asegura que esta dispersión de precios no está justificada en la fecha de adquisición, el plazo de entrega o en el volumen de mascarillas adquirido.
“Da así la impresión de que el Servicio Madrileño de Salud intentó adquirir el mayor número de mascarillas posibles dentro de unos márgenes que comprendían un amplio rango de precios”, apunta Luzón.
| Referencia | Precio por mascarilla |
|---|---|
| Contrato firmado por Priviet | cinco euros más el 21% del IVA |
| Precio medio de los contratos analizados | cuatro euros (sin IVA) |
| Contrato con 3M España | 1,24 y 1,30 euros por mascarilla |
| Contrato con Palex Medical | 6,50 euros por mascarilla |
De los 37 contratos que formalizó la Comunidad de Madrid en aquellas fechas, el de las mascarillas del hermano de Ayuso fue el cuarto más caro (seis euros por unidad).
El abogado de Luis Medina, el letrado José Antonio Choclán, ha solicitado una sentencia absolutoria al considerar que la acusación de estafa carece de fundamento en primer lugar porque no se podía calcular un sobrecoste de los precios de las mascarillas debido a que el mercado estaba roto sin oferta y no hay incumpliendo de los contratos porque "el fin era traer ese material" sanitario.
Asimismo, ha puesto como ejemplo que la causa contra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se archivó por parte de la Fiscalía cuando el precio por el que vendieron las mismas mascarillas fue el mismo que el de su cliente.
"Sabemos como ejemplo que se abrió una causa en correlación al hermano de Ayuso que fue archivado por decreto de la Fiscalía el 14 de marzo de 2023 en el que se vendieron también mascarillas a un precio cinco euros y la Fiscalía dijo que era un precio razonable y de mercado y se archivó. El precio que aquí se ha puesto es de 6,24 euros, que teniendo en cuenta la donación al final vamos a 4,99 euros, fue el mismo precio", ha recalcado.
El archivo de la Fiscalía Europea
Ahora bien, todavía sigue viva la investigación paralela abierta en la Fiscalía Europea por los delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho.
Este órgano reclamó la investigación alegando que se podrían haber malversado fondos comunitarios.
Las mascarillas se pagaron con fondos europeos Feder y por eso la EPPO está capacitada para asumir la investigación sobre los presuntos delitos de malversación, fraude y cohecho en el contrato de 1,5 millones de euros del que se lucró el hermano de la presidenta madrileña.
La Fiscalía Europea contra el Fraude ha anunciado este martes que ha archivado el caso sobre la presunta malversación de fondos europeos en el contrato de suministro de 250.000 mascarillas FFP2-3 por 1.512.500 euros, en el que participó el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa. Finalmente, ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid", ha señalado la Fiscalía Europea.
Según señala la propia Fiscalía Europea, en un comunicado, la decisión se tomó el pasado 6 de marzo.
Según aclaran, esta decisión fue tomada por la Sala Permanente competente, a propuesta de los Fiscales Europeos Delegados y con el acuerdo de la Fiscal Europea supervisora, Sra. Concepción Sabadell.
Los fiscales llevaron a cabo varias actuaciones, dentro de las pesquisas, entre las que estaban la toma de declaraciones y el análisis de la documentación aportada por los declarantes.
Por otra parte, apuntan que además solicitaron información a diversas entidades como la Agencia Tributaria, el SERMAS y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
La Fiscalía Europea apunta en su comunicado que decidieron sobreseer el procedimiento por no haberse “acreditado que el precio pagado por las mascarillas fuera desproporcionado en relación con la calidad del material ofertado y entregado, ni que hubiera sufrido un incremento indebido por la intervención de personas ajenas a la empresa”.
Dentro de la Fiscalía Europea, las Salas Permanentes son un elemento clave para garantizar la independencia de todas las investigaciones.
El año pasado, la Fiscalía Anticorrupción española también archivó la investigación sobre este contrato, al considerar que no era susceptible de delito.
La Fiscalía Europea ha decidido archivar su investigación al constatar que el millón y medio que pagó el gobierno regional a una empresa de un amigo de la presidenta no fue un precio inflado de manera irregular, después de que la Fiscalía Anticorrupción española llegase a la misma conclusión hace unos meses.
La decisión de la Fiscalía Europea supone el carpetazo legal definitivo a este asunto.
Un decreto de archivo de Anticorrupción y otro de la Fiscalía comunitaria hacen prácticamente inviable que pueda prosperar cualquier otro tipo de denuncia presentada directamente ante los tribunales.
El conflicto entre la Fiscalía española y la Europea
La incorporación de la Fiscalía Europea en el asunto del hermano de Ayuso no estuvo exenta de polémica.
La Fiscalía española quería toda la investigación para sí, pero la Europea la reclamaba por haberse financiado la operación con fondos europeos.
Finalmente, la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, resolvió que Anticorrupción se quedara con la investigación sobre corrupción y la Europea con la presunta malversación por el supuesto efecto en los fondos Feder.
Pero Delgado ya adelantó en su decreto para dicho reparto que no veía malversación ni cohecho por ningún lado.
La exfiscal general asumía el grueso de la investigación: "Se pretende aclarar si un funcionario contrató con una empresa determinada inducido por su superior; si un particular obtuvo de una empresa una remuneración indebida a cambio de ejercer influencias sobre un funcionario público; o si un particular pudo emitir a una empresa una factura con datos inveraces respecto de la causa o cuantía de tal remuneración".
"Estos hechos no serían constitutivos de malversación ni de fraude a la Hacienda Europea ni de cohecho, sino de tráfico de influencias o falsedad en documento", dijo entonces Delgado para justificar que la investigación tuviera clave nacional.
Pero finalmente la investigación del fiscal Luzón no vio nada de eso, ni tráfico de influencias ni falsedad.
Este caso abrió, en la primavera de 2022, una fractura entre la Fiscalía General del Estado español y la Europea, que se disputaban la competencia sobre esta investigación: la fiscal general del Estado decidió que la Fiscalía Anticorrupción investigase el contrato en lugar de remitir las pesquisas a la Fiscalía Europea, que las reclamaba.
Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea considera que tiene una "competencia preferente" para investigar "todos los delitos relacionados" con un posible fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, y reclamaba el caso para evitar "duplicidades".
La Fiscalía Europea solicitaba la investigación del caso ante la posible comisión de un delito de malversación de fondos europeos en ese contrato, por el que el hermano de Ayuso cobró 55.000 euros, y finalmente mantuvo su investigación sobre los hechos que afectan a los intereses financieros de la UE pero no sobre los hechos que atañen al funcionamiento de la administración publica española.
El impacto político del contrato
El importe de la operación salió a la luz con el estallido de la guerra interna del Partido Popular.
Pablo Casado, todavía presidente del partido, lanzó la acusación en forma de pregunta en los micrófonos de Carlos Herrera: “¿Cuando morían 700 personas al día puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”.
"La comisión es de un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias".
"Yo no permitiría que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros presidido por mí".
"Más allá de que sea ilegal, la cuestión es si es entendible que el 1 de abril de 2020, cuando morían en España 700 personas, se pueda contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros por vender mascarillas".
Son tres de las frases que Pablo Casado pronunció hace un año en una entrevista en la Cadena COPE y fueron también su pasaporte al descalabro.
La denuncia del entonces presidente del PP tuvo un efecto contrario al esperado y fue criticado en los despachos de todos los dirigentes conservadores de manera casi idéntica: "No se puede hacer eso".
La pregunta sobre la posible corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de los grandes activos electorales del PP, le costó el puesto a Casado tras una revolución interna que terminó con Alberto Núñez Feijóo en el poder.
El contrato de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso fue el detonante de la guerra entre el exlíder del PP, Pablo Casado, y la lideresa madrileña, entre acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje.
Una crisis que acabó saldándose con la salida forzada de Casado al frente del PP.
El 2 de abril de 2022 Alberto Núñez Feijóo fue encumbrado a la presidencia del PP y respaldó públicamente a Ayuso desde el inicio.
Así lo explicó la presidenta madrileña en el mes de junio: "Feijóo no esperó a que el fiscal se pronunciara, depositó el futuro del partido en esta decisión. Porque confiaba en mí".
Detrás de Feijóo, todo el partido aceptó las explicaciones de Ayuso, que defendió que el contrato era transparente y que su hermano "tiene derecho a ganarse la vida en el sector en el que lleva trabajando más de 25 años".
Si hubo alguien a quien no le convencieran, fingió que sí.
El contexto de la contratación de mascarillas durante la pandemia
La contratación de mascarillas en España se guio por la ley de la selva durante los meses más mortales de la pandemia.
Las administraciones públicas gastaron 2.000 millones de euros en material sanitario.
Los controles en la contratación pública habían saltado por los aires, suspendidos por el decreto de alarma cuando fallecían cientos de personas al día en España.
No había concurrencia de ofertas, se contrataba a dedo, sin límite de precios ni acreditación de solvencia o experiencia en el sector.
La Fiscalía Anticorrupción lo dejó por escrito: “La Administración Pública puede adjudicar un contrato directamente a una empresa preseleccionada, en lugar de utilizar un procedimiento competitivo normal.
El Ministerio de Transportes compró de urgencia millones de mascarillas (marzo de 2020) a Soluciones de Gestión, la firma impulsada por Víctor Aldama, el empresario que en aquel tiempo pagaba el apartamento donde vivía la pareja sentimental del ministro José Luis Ábalos.
El Ministerio de Transportes pagó 2,5 euros por cada una de esas mascarillas vendidas por Aldama.
Otras administraciones compraron en las mismas fechas el mismo material por casi el triple, más de seis euros.
Decenas de empresarios se enriquecieron como nunca a cuenta de la compra de mascarillas en China y su venta, por el doble o el triple, a administraciones públicas españolas que buscaban a ciegas un material vital en esos momentos.
Todo valía en pandemia para sobrevivir a un virus que mató en España a más de 150.000 personas entre 2020 y 2023.
El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, era alcalde de Valladolid en marzo de 2020 y necesitaba urgentemente mascarillas para su municipio.
En abril, Puente informó al pleno que un amigo suyo podía facilitarles cientos de miles de mascarillas a 3,35 euros y consultó al interventor sobre esa operación ante una situación de acuciante necesidad.
Pasados varios años, el PP denunció estos hechos, al igual que hizo un particular a través de una querella que los tribunales archivaron debido a la transparencia con la que se llevó a cabo una operación donde no hubo pago de comisiones ilegales a nadie.
En el obsceno negocio de la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia, los contratos a dedo eran legales, la avaricia no era delito pero el cohecho impropio, sí.
Otros casos de comisiones por mascarillas
La práctica ilícita en estos contratos que no presentaban “irregularidades significativas” consistió en que el empresario Aldama, según confesó a cambio de salir de prisión por otro caso de corrupción, pagó una comisión ilegal al ministro Ábalos (250.000 euros) y otra a su asesor Koldo García (150.000) por haberle facilitado esos contratos.
La rapiña en la pandemia añadió una variante derivada de la avaricia.
Algunos de los que se enriquecieron a cuenta de la compraventa de mascarillas en pandemia intentaron engañar a Hacienda para que su beneficio fuera mayor.
La Agencia Tributaria atribuye a Víctor Aldama un delito fiscal penado con varios años de cárcel.
“Utilizó mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal del ejercicio de 2020”, en el que ganó seis millones de euros por su intermediación en la venta de mascarillas al ministerio de Transportes y otros organismos públicos.
También es el caso de Alberto Luceño, quien junto a Luis Medina logró a dedo un contrato millonario para vender material sanitario chino al Ayuntamiento de Madrid a uno de los precios más caros en aquel momento: seis euros por mascarilla.
El comisionista Alberto González Amador, novio de Ayuso, cobró casi dos millones de euros en concepto de comisión -el 4,5% de la operación- por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de mascarillas durante los peores meses de la pandemia.
Algunas de esas operaciones fueron investigadas por la Fiscalía Anticorrupción sin hallar motivos para un reproche penal a los dirigentes políticos en el hecho de que hubieran adquirido mascarillas a familiares, amigos o conocidos cuyas empresas en muchos casos carecían de experiencia, solvencia y a unos precios disparatados.
El caso de Luis Medina y Alberto Luceño
El juicio por el caso de las mascarillas ha quedado visto para sentencia sin que Luis Medina y Alberto Luceño hayan hecho uso de su derecho a la última palabra y tras los alegatos finales de sus defensas, quienes han reclamado al tribunal la absolución de sus clientes al no acreditarse la estafa al Consistorio madrileño.
En sus declaraciones, los procesados dejaron claro que nunca hablaron con Elena Collado de las comisiones, en contra de los manifestado por esta, y que el precio de las mascarillas las fijó la empresa malaya Leno, el proveedor del material que se suministro al Ayuntamiento.
En la última sesión, han expuesto sus conclusiones finales las acusaciones populares, PSOE y Más Madrid, y los abogados defensores.
La letrada del PSOE ha planteado posibles acciones legales contra los procesados por incurrir en contradicciones en la vista oral y para que se investiguen igualmente delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
El abogado de Luis Medina, el letrado José Antonio Choclán, ha solicitado una sentencia absolutoria al considerar que la acusación de estafa carece de fundamento en primer lugar porque no se podía calcular un sobrecoste de los precios de las mascarillas debido a que el mercado estaba roto sin oferta y no hay incumpliendo de los contratos porque "el fin era traer ese material" sanitario.
"El pelotazo del que habla el fiscal... ¿no lo querrá tener ahora el Ayuntamiento de Madrid por la vía penal?, ¿No es un pelotazo para el Ayuntamiento quedarse con toda la comisión que ha pagado el intermediario? Esa es la pretensión acusatoria", ha afirmado subrayando que Elena Collado "pensó" que no iban a cobrar comisiones.
"El tema ético o moral no tiene nada que ver con la estafa", ha agregado el letrado, quien ha insistido en que la empresa malaya Leno podía pagar los comisiones que quisiera.
Ayer, Alberto Luceño manifestó que fue el proveedor el que fijó la cantidad de dinero que iban a recibir por la operación.
Ahora, la vista oral llega a su fin tras ocho sesiones en las que han comparecido diversos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos la entonces jefa de compras del Consistorio en la pandemia y el director gerente de Madrid Salud, peritos de la Agencia Tributaria y peritos de la Policía Municipal de Madrid.
La Audiencia Provincial absolvió a ambos del delito de estafa agravada al considerar que no había quedado probado que engañaran a los responsables municipales ocultando que iban a cobrar una comisión de seis millones de euros por la operación.
Las diferencias entre los expedientes
La causa contra el hermano de Ayuso se centró en la posible existencia de tráfico de influencias, prevaricación, fraude, falsedad, malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho.
El expediente de Luis Medina y Alberto Luceño se refería a una acusación de estafa agravada por la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
En el contrato vinculado a Tomás Díaz Ayuso, las fiscalías concluyeron que no había quedado acreditado que el precio de las mascarillas fuera desproporcionado atendiendo a la calidad del material, ni que la intervención de personas ajenas a la empresa hubiera provocado un incremento indebido.
En el caso de Medina y Luceño, la Audiencia Provincial consideró que no se había probado que los responsables municipales hubieran sido engañados sobre las comisiones.
La dimensión jurídica del archivo
La Fiscalía Anticorrupción asumió el caso y dictó su archivo en junio del año pasado, cerrando el paso a cualquier investigación judicial por un posible tráfico de influencias o un cohecho siempre difícil de probar: tiene que existir alguna irregularidad en la adjudicación y pruebas de que el comisionista participó en el amaño, además de constancia documental de la comisión y de un sobreprecio.
Isabel Díaz Ayuso, destacó la Fiscalía, “no ha intervenido en el procedimiento” y no benefició a su hermano.
El archivo decretado por Luzón implica el cierre de la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía española, y que se centraba en los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad.
El jefe de Anticorrupción no se pronuncia sobre posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la UE y cohecho, ya que estos están siendo investigados por la Fiscalía europea.
Finalmente, la Fiscalía Europea archivó también la investigación sobre los fondos europeos y señaló que no se había acreditado un precio desproporcionado ni un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa.
CASO MASCARILLAS: La CÁMARA de COMERCIO dice que los CONTRATOS de LUCEÑO y MEDINA eran FALSOS | RTVE
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