El obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado Cuesta, está siendo investigado por el Vaticano en relación con la gestión de una denuncia de abusos sexuales cometidos por el religioso escolapio José Miguel Flores Martínez en México.
La víctima, Javier Alcántara, acusa a Aguado de “encubrimiento institucional de pederastia”, negligencia grave, abuso de poder y coacción. La Fiscalía de Ciudad de México mantiene abierta una investigación sobre los hechos y la actuación institucional posterior.
La denuncia se refiere a abusos que, según el relato de Javier Alcántara, comenzaron cuando tenía 11 años y se prolongaron entre 2006 y 2010. José Miguel Flores, entonces sacerdote escolapio, falleció el 7 de agosto de 2022.
La investigación ordenada por el Vaticano
El Vaticano ha abierto una investigación al obispo de Jaca y Huesca, Pedro Aguado Cuesta, por un presunto caso de encubrimiento de abusos a menores durante su etapa al frente de la congregación de la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios), según ha avanzado TVE y ha podido confirmar la Cadena SER.
La oficina del pontífice ya se lo ha comunicado a la familia de la víctima, Javier Alcántara, que tenía 11 años cuando sufrió los abusos en una parroquia de la congregación en México, donde era monaguillo.
La víctima sufrió abusos por parte del sacerdote José Miguel Flores que lo violó y agredió entre 2007 y 2010.
Años después, cuando la víctima se atrevió a denunciar y, según confirman desde el obispado de Jaca-Huesca, el actual obispo inició una investigación contra este cura y lo acabó expulsando de la orden.
Esto ocurrió, según estas fuentes, en 2019.
Pedro Aguado, entonces Superior General de los Padres Escolapios, decidió enviarlo a España y poner en marcha una investigación que acabó con la decisión de apartarlo de funciones pastorales y expulsarlo de la congregación.
Sin embargo, la víctima, en conversación con la SER, lo desmiente.
Según su versión, su agresor siguió en México impartiendo misa y fue despedido con honores por altos cargos de los Escolapios cuando murió en 2022.
Aguado prometió a la víctima que iniciarían un proceso judicial que nunca se puso en marcha.
Fue entonces cuando la víctima decidió poner los hechos en conocimiento del Vaticano y de la Nunciatura de México que lo ha acompañado en este proceso para denunciar al hoy obispo de Jaca y Huesca por presuntos hechos de encubrimiento, negligencia grave, abuso de poder y coacción.
Ahora, la Comisión Pontificia ha comunicado a la víctima que el Papa León XIV ha dado instrucciones inmediatas a los dicasterios competentes para iniciar la investigación correspondiente.
Desde el Obispado de Jaca-Huesca precisan que se trata de una revisión, de un procedimiento que forma parte de los cauces ordinarios establecidos por la Iglesia para analizar los hechos con rigor y determinar, en su caso, los pasos a seguir.
Qué denuncia Javier Alcántara
Una presunta víctima de abusos sexuales ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México en la que solicita la inhabilitación como obispo del titular de Huesca y Jaca, Pedro Aguado Cuesta, al que acusa de “encubrimiento institucional de pederastia” de un sacerdote mejicano escolapio, José Miguel Flores, ya fallecido hace tres años, en concreto el 7 de agosto de 2022.
El papel del Padre Pedro en este asunto se inició en 2019, cuando la víctima decidió denunciar abusos sexuales que se remontaban a 2006 y que explicitaba en la denuncia ante la Fiscalía General.
El entonces Superior de Escolapios recibió en Roma a la madre de Javier Alcántara y posteriormente se fue a reunir con él a Cancún, para posteriormente ayudarle con un trabajo y una beca universitaria.
Sin embargo, sobre la decisión del afectado pesan dos cuestiones: entender que, pese a una sentencia vaticana, el victimario Flores no fue apartado plenamente del sacerdocio y, por otro lado, la ordenación episcopal en Huesca de Aguado Cuesta, del que se sentía defraudado por el primer motivo.
La madre y los dos hermanos fueron abandonados por su padre hace veinte años y, desde entonces, el respaldo del padre Flores se convirtió en una propuesta más comprometida: “Si quieres, yo me puedo ocupar de Javier, yo le doy escuela”.
Claudia explica que a Javier le llamaba la atención la vida de sacerdocio e incluso se convirtió en monaguillo.
Claudia y Javier aseguran que tienen evidencias, pruebas, grabaciones y correos electrónicos.
Pusieron el asunto en conocimiento del Superior de Escolapios, Pedro Aguado Cuesta.
Tal y como se refiere en el documento de denuncia ante la Fiscalía, Pedro Aguado, “que es el Superior General recientemente nombrado obispo” de Huesca, se citó con su madre en Roma, “incluso le proporcionó los boletos de avión y 200 euros para su estadía”, y ella le entregó “un video que grabó el joven en Cancún donde le contaba al Padre Pedro las violaciones”.
El 7 de octubre de 2019, el superior de los Escolapios acudió a la ciudad mejicana y se encontró con Javier en el Hotel JM Marriot.
El Padre Pedro, agrega la denuncia, le envió el 10 de octubre de 2019 otro correo electrónico en el que aseguraba que debía informar al Vaticano y esperarían uno o dos meses la respuesta, y que José Miguel ingresaría en un monasterio aislado en España mientras se dictaba sentencia.
Aguado Cuesta, además, le puso en contacto con “el padre Eloy” que se ocuparía de mejorar su situación y que, a través de él, “le haría llegar algún dinerillo”, añade el escrito.
El acompañamiento ofrecido a la víctima
La Orden brindó acompañamiento educativo, económico y pastoral a la víctima, apoyándole en su camino de sanación y recuperación por el daño sufrido.
Aceptó el trabajo que le ofrecieron los Escolapios en una escuela en Veracruz como conserje que asumía distintos trabajos manuales.
Aunque Claudia asegura que “no le dieron lo que le prometieron”, en agosto de 2022 Javier comunicó al Padre Pedro su deseo de ingresar en la Universidad y los escolapios le apoyaron en su matrícula en la Cristóbal Colón con una asignación económica de nueve mil pesos mensuales (“que no cubría todo, era una beca y el resto lo pagaba yo”, afirma Claudia).
Concluyó en diciembre de 2024 porque “él mismo pidió el adelantar el dinero que faltaba del año 2025, porque iba a trasladarse a Inglaterra.
Por eso había recibido tres meses en adelanto y en diciembre pidió que le adelantaran los nueve meses que quedaron”.
La víctima firmó el finiquito.
En todo caso, asegura el portavoz que “nuestra mano sigue extendida”.
Entendemos que el dolor que él tiene hace que sea difícil ver esta mano, pero buscamos continuar la ayuda adaptándola a sus necesidades concretas e incluyendo, según se requiera, apoyo emocional, espiritual, material y académico, siempre en un diálogo abierto y transparente.
Ayudarle integralmente siempre fue nuestro objetivo.
El Padre Pedro, añade, ha estado siempre afectado por “el hecho de este abuso”.
Cuando escuchamos casos de este tipo en la Iglesia, nos afectan mucho.
Siempre veía el dolor y entendía que había que profundizar en la dedicación por la víctima.
La versión de Javier sobre la sentencia vaticana
Definitivamente, en 2020 había llegado la sentencia del Vaticano, firmada por el Papa Francisco, asegura Claudia.
“Nos comunicó Pedro Aguado que José Miguel Flores había sido apartado del sacerdocio y se dedicaría a la vida contemplativa”.
Sin embargo, consideran que “durante dos años estuvo oficiando misa y ejerciendo el sacerdocio.
Nos dijeron que la sentencia estaba en latín y les creímos.
Murió como padre escolapio en 2022, y en el funeral Hernández Avilez lo calificó como un excelente sacerdote”.
Sostiene en su denuncia Javier que “nunca fue separado de dar misas ni tener contacto con los niños y jóvenes”.
Insiste Alcántara en que tiene “las fotos y el correo que le mando a Pedro diciéndole: este tipo sigue dando misas, lo tengo en las redes sociales”.
El 10 de mayo de este año, Javier acudió a la Fiscalía de México, sin éxito en un primer momento porque se contemplaba como violación y el presunto autor ya había muerto.
La Justicia, ya que “el ataúd nunca se abrió”, pidió al estado de Tlaxcala el certificado de defunción, que ahora asegura que la Fiscalía no encuentra, a pesar del documento mostrado por Escolapios.
En el documento entregado al ministerio fiscal, expone todos los hechos presuntamente cometidos por José Miguel Flores desde agosto de 2006 cuando el sacerdote le pidió que le acompañara a Tlaxcala un fin de semana, en que durmieron en la misma habitación.
Describe con todos los detalles las aberraciones a las que supuestamente fue sometido.
En su determinación, concurrió la ordenación episcopal del Padre Pedro Aguado Cuesta en Huesca.
No niega que tuvo acompañamiento del Padre Pedro, pero sostiene que “es mentira porque al final Pedro lo dejó.
Sí tuvo responsabilidad para acompañarme, pero no de ver si él estaba oficiando”.
Y recrimina que con el motu propio no le entregara a la Justicia.
“Él, Flores, estuvo dando misas con niños y con jóvenes, independientemente de si fuera o no sacerdote.
Su deber de él, me dijo Pedro que le iba a recluir en un monasterio de vida contemplativa”.
Javier Alcántara reclama, en concepto delictivo de encubrimiento institucional de pederastia, que queden apartados de sus cargos episcopal Pedro Aguado y sacerdotales los otros dos implicados.
Pretende, dice, “conectar la corrupción dentro de la Iglesia, la corrupción y protección que tienen los sacerdotes y no lavarles la cara diciendo: nosotros hicimos todo bien”.
La respuesta de los Escolapios
Por indicación del Padre Pedro Aguado, obispo de Jaca, adjuntamos el comunicado institucional de la Orden de las Escuelas Pías en relación con las informaciones publicadas recientemente sobre la actuación del entonces P. General, hoy obispo de Huesca y de Jaca, Mons.
La Orden de las Escuelas Pías expresa su parecer ante la noticia publicada en prensa relativa a la actuación del entonces P. General de la Orden, el hoy obispo de Huesca y de Jaca, Mons.
Para la Orden de las Escuelas Pías, los abusos cometidos por el sr. José Miguel Flores Martínez, ex escolapio, son motivo de profundo dolor e indignación.
Lamentamos sinceramente que estos hechos hayan ocurrido en comunidades que estaban bajo nuestra responsabilidad.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a la persona que tuvo el valor de denunciar a pesar de su dolor, pues su testimonio nos confronta con la realidad de su sufrimiento y nos impulsa a actuar con mayor determinación y sensibilidad.
Atendiendo a lo publicado en prensa, debemos decir que la primera noticia de los hechos la tuvimos en 2019.
En ese momento respondimos de inmediato iniciando una investigación preliminar y adoptando las medidas cautelares correspondientes, impuestas por el P. Pedro Aguado, entonces Superior General de la Orden.
En octubre de ese mismo año, presentamos un informe completo del caso a la Santa Sede.
En octubre del 2020, mediante decreto de la Santa Sede, se impuso al Sr. Flores la sentencia de dimisión del estado clerical; además se ratificó su expulsión definitiva de nuestra Orden.
Durante esos años, la Orden brindó acompañamiento educativo, económico y pastoral a la víctima, apoyándole en su camino de sanación y recuperación por el daño sufrido.
Sin embargo, reconocemos con humildad, que nuestras respuestas y apoyos nunca serán suficientes frente a algo tan terrible y doloroso.
Sabemos que siempre hay margen para mejorar la manera en la que acompañamos y apoyamos a quienes han padecido estos abusos.
Afirman que su compromiso principal sigue siendo con las víctimas y la construcción de ambientes seguros y se reafirman en sus principios de tolerancia cero.
Reafirmamos nuestros principios de tolerancia cero y hemos fortalecido nuestras medidas de prevención, formación y control en todas nuestras obras, buscando seguridad.
La cronología institucional según la Orden
| Fecha | Actuación comunicada |
|---|---|
| 2019 | La Orden afirma que tuvo la primera noticia de los hechos, inició una investigación preliminar y adoptó medidas cautelares. |
| Octubre de 2019 | La Orden asegura que presentó un informe completo del caso a la Santa Sede. |
| Junio de 2020 | “Llegó la primera respuesta del Vaticano”, que autorizaba el proceso penal administrativo. |
| Julio de 2020 | La Orden afirma que envió su votum a la Santa Sede exigiendo la pena más severa posible. |
| Octubre de 2020 | La Santa Sede emitió el decreto de dimisión del estado clerical y confirmó la salida definitiva de Flores de la Orden. |
| 2022 | José Miguel Flores falleció. |
| 2024 | Pedro Aguado Cuesta fue nombrado obispo de Jaca y Huesca. |
| 2026 | El Vaticano abrió una investigación canónica sobre la actuación de Pedro Aguado. |
Las medidas cautelares y el traslado a España
“Para nosotros todo comenzó en septiembre de 2019 cuando la madre conectó con el Padre General, Pedro Aguado, y él inició el procedimiento canónico.
Inició la investigación preliminar, puso medidas cautelares sobre el en aquel tiempo padre Miguel Flores, y lo apartó de su lugar ministerial en Ecuador y se le mandó a Peralta de la Sal, en una comunidad aislada, asegurando que no tuviera la oportunidad de ejercer actividad ministerial alguna.
Recogió los datos, agrega el portavoz escolapio, entre ellos el testimonio de la madre y conectó con la víctima.
Envió todas las actas a la Santa Sede en octubre de 2019.
“Desde que conocimos la denuncia, intentamos actuar con máxima prontitud y responsabilidad.
En junio de 2020 llegó la primera respuesta del Vaticano, “que autorizaba el proceso penal administrativo.
Que la orden puede decretar el caso y, como fue tan obvio, era bastante fácil ir adelante con el proceso.
En julio, enviamos nuestro votum a la Santa Sede exigiendo la pena más severa posible: la expulsión definitiva del sacerdocio y de la Orden para José Miguel Flores.
En octubre de 2020, la Santa Sede emitió el decreto que “impuso a Miguel Flores esta medida de dimisión del estado clerical y también confirmó su salida definitiva de la orden.
Ya no era sacerdote y no era escolapio.
No podía celebrar misas.
Si celebró, no tuvimos conocimiento de que lo hiciera.
Después de su muerte, supimos que parece que una vez celebró una misa que no llegó a nosotros antes”.
Jurídicamente, “era totalmente ilegal”.
La disputa sobre el conocimiento de los hechos
La orden religiosa de las Escuelas Pías ha emitido un comunicado en el que sostiene que el actual obispo de Huesca, Pedro Aguado, denunciado en México por haber encubierto presuntamente un caso de pederastia cuando era superior general de la orden, no tuvo noticia hasta 2019 de los abusos sexuales cometidos por el entonces escolapio José Miguel Flores, fallecido en 2022.
La reacción de los escolapios llega tras la aparición de un nuevo testimonio, del que este sábado se hace eco el diario El País, en el que se denuncia que Aguado fue informado de los hechos ya en 2010, pero no hizo nada hasta nueve años después.
El caso, adelantado en España ya el pasado mes de septiembre por El Diario de Huesca, apunta a una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México en la que se solicita la inhabilitación como obispo del titular de las diócesis de Huesca y Jaca, Pedro Aguado Cuesta, al que se acusa de “encubrimiento institucional de pederastia”.
La orden escolapia asegura que antes de 2019 no recibieron ninguna denuncia de abusos sexuales del entonces escolapio José Miguel Flores ni conocen de la existencia de otras posibles víctimas.
Los abusos reconocidos, motivo de “profundo dolor e indignación” para las Escuelas Pías, según expresan, les llevaron a activar una investigación preliminar y la adopción de medidas cautelares por parte del padre Pedro Aguado, entonces superior general de la Orden.
Las pesquisas, según recuerdan los escolapios, desembocaron en un informe completo del caso ante la Santa Sede en octubre de ese mismo año y, justo un año después, se impuso al acusado la sentencia de dimisión y se ratificó su expulsión definitiva de la orden.
La Orden asegura que nunca tuvo conocimiento de que Miguel Flores ejerciera el sacerdocio después de su expulsión.
“Conocimos, por denuncia de la propia víctima, que en alguna ocasión lo había hecho.
Pero lo conocimos después del funeral y fallecimiento de Miguel Flores”.
Los escolapios de México han reconocido que “la celebración del funeral fue una clara imprudencia pastoral, de la que la Curia General nunca fue informada”.
La entrega del decreto canónico
Un dato significativo es que desde 2019 el Padre Pedro “siguió acompañando a la víctima, y también se fue a leerle y presentarle el decreto con esta decisión de la Santa Sede.
La víctima, en una carta, lo reconoce: que él lo guió, que él había escuchado al Padre General leyéndole la sentencia.
En cuanto al hecho de que el decreto del Vaticano no fuera entregado a la víctima, sólo leído personalmente por el Padre Pedro precisamente y que era en latín, tiene una explicación: “El protocolo canónico limita estrictamente nuestra capacidad legal para distribuir un documento que es propiedad de la Santa Sede.
A pesar de esta restricción, nuestra prioridad absoluta era garantizar la total transparencia con la víctima.
La diferencia entre ambas versiones se centra en el alcance del acompañamiento y en la información que recibió Javier Alcántara sobre las medidas adoptadas contra Flores.
El funeral de José Miguel Flores
Según la versión de la víctima, José Miguel Flores murió en 2022 sin haber sido apartado plenamente de la celebración de misas.
“Murió como padre escolapio en 2022, y en el funeral Hernández Avilez lo calificó como un excelente sacerdote”.
La Orden sostiene que no tuvo conocimiento de que ejerciera el sacerdocio después de su expulsión y que solo conoció esa posibilidad después de su fallecimiento y funeral.
Los escolapios de México han reconocido que “la celebración del funeral fue una clara imprudencia pastoral, de la que la Curia General nunca fue informada”.
Sin embargo, la víctima y varios medios sostienen que el sacerdote continuó apareciendo públicamente como religioso después de esa expulsión y que incluso recibió homenajes tras su muerte.
Este último extremo forma parte de las cuestiones que deberán ser examinadas por la Fiscalía mexicana y por la investigación canónica abierta por el Vaticano.
El papel de Peralta de la Sal
El peso simbólico de Aragón para los Escolapios -por el vínculo con José de Calasanz y Peralta de la Sal- reforzó todavía más esa lectura.
El peso simbólico de Aragón también resulta relevante en este contexto.
José de Calasanz, fundador de los Escolapios, nació en Peralta de la Sal, en Huesca, donde la orden mantiene uno de sus principales centros históricos.
Según distintas publicaciones, José Miguel Flores Martínez, acusado de abusar sexualmente de Javier Alcántara en México entre 2006 y 2010, pasó por el monasterio escolapio de Peralta de la Sal después de conocerse las denuncias.
Allí habría permanecido como medida de aislamiento antes de ser apartado definitivamente del sacerdocio por el Vaticano y fallecer en 2022.
Otro nombre vinculado a Peralta es el de John Santillan, religioso vinculado con la orden de los Escolapios y acusado de abusos sexuales a menores en California durante las décadas de 1970 y 1980.
Diversas investigaciones periodísticas sostienen que Santillan terminó refugiado en Peralta de la Sal tras abandonar Estados Unidos y permaneció allí hasta su muerte en 2004.
Se siguió el patrón de algunas congregaciones religiosas de trasladar o proteger a religiosos denunciados enviándolos a otros países o manteniéndolos en entornos discretos alejados del foco judicial.
Otros casos relacionados con los Escolapios
El caso mexicano no es el único que salpica al actual obispo de Jaca y Huesca.
Diversas investigaciones periodísticas y el documental ‘La fugida: veritats ocultes’, emitido por 3Cat, relacionan a otros religiosos escolapios con abusos sexuales y posibles mecanismos de protección dentro de la orden bajo el generalato de Pedro Aguado.
El documental presenta a Blay como uno de los pocos casos con condena judicial firme.
Fue sentenciado por abusar de varias niñas en Alella, aunque previamente ya había dejado víctimas en los Escolapios de Sitges durante los años sesenta.
Otro de los casos centrales es el de Manel Sales.
Según la investigación periodística recogida por la serie, Sales habría abusado sexualmente de menores durante aproximadamente veinticinco años en Senegal.
Aunque reconoció parte de los hechos, nunca fue juzgado penalmente y continuó viviendo protegido dentro del entorno escolapio catalán.
La serie también profundiza en el caso de Josep Maria Canet, a quien varias víctimas señalan no solo como presunto encubridor de Sales, sino también como autor de agresiones sexuales a menores.
Canet dirigió la escuela e internado Joseph Faye, en Oussouye, al sur de Senegal, donde convivió y trabajó junto a Sales dentro de la misión escolapia.
Los abusos comenzaron a aflorar públicamente tras la denuncia de varios voluntarios de ONGs que trabajaron allí.
Los Escolapios impulsaron una comisión en Senegal para investigar las denuncias relacionadas con Sales.
Fue entonces cuando aparecieron testimonios de antiguos alumnos que aseguraban haber sufrido también abusos por parte de Canet entre 1992 y 2005, cuando las víctimas tenían entre 8 y 12 años.
El nombramiento episcopal de Pedro Aguado
El nombramiento de Pedro Aguado Cuesta como obispo de Jaca y Huesca en 2024 sorprendió dentro de la propia Iglesia porque no procedía de la carrera episcopal tradicional, sino de dirigir durante quince años la Orden de las Escuelas Pías a nivel mundial como superior general.
Su nombramiento coincidió además con la aparición interna de denuncias y tensiones relacionadas con abusos dentro de la orden, especialmente en México y Senegal, lo que llevó a algunas víctimas y analistas a interpretar el nombramiento como un respaldo institucional del Vaticano en un momento delicado.
El caso sitúa a Aguado como el segundo obispo español investigado formalmente por el Vaticano tras Rafael Zornoza Boy, obispo de Cádiz y Ceuta entre 2011 y 2025, cuyo caso se convirtió en uno de los mayores escándalos recientes de la Iglesia española y en un precedente histórico dentro de la Iglesia española.
Ambos casos presentan paralelismos porque afectan a obispos españoles; ha intervenido el Dicasterio para la Doctrina de la Fe; las víctimas acudieron directamente a Roma, y ambos han generado una grave crisis institucional.
Pero el caso Zornoza es más grave porque afectaba directamente a la conducta personal de un obispo en ejercicio.
Fue el primer caso conocido en España en el que el Vaticano abrió una investigación formal por pederastia contra el titular de una diócesis.
La comparación con el caso Rafael Zornoza
En febrero de 2026 el Tribunal de la Rota concluyó la investigación preliminar y recomendó abrir un juicio penal canónico tras escuchar a la víctima, a Zornoza y a varios testigos, incluido uno que afirmó haber presenciado los abusos denunciados.
Sin embargo, el Vaticano terminó archivando posteriormente el procedimiento por cuestiones técnicas relacionadas con la edad de la víctima y la aplicación del derecho canónico vigente cuando ocurrieron los hechos.
Además, el escándalo aumentó cuando trascendieron acusaciones de que también habría ignorado denuncias contra otros sacerdotes y cuando salió a la luz una conversación en la que un alto cargo eclesiástico pedía a la víctima mantener silencio sobre el caso.
En el caso de Rafael Zornoza, la Santa Sede acabó archivando la investigación al no poder confirmar que la víctima tenía menos de 16 años en el momento de los hechos.
La revisión de la actuación de Pedro Aguado se encuentra en una fase diferente y deberá determinar si existió encubrimiento, negligencia grave o una respuesta institucional inadecuada.
El antecedente histórico de Stefano Cherubini
Los problemas relacionados con abusos y encubrimientos dentro de los Escolapios no son recientes.
De hecho, están en el propio origen cuando en el siglo XVII, la orden fundada por José de Calasanz quedó envuelta en un grave escándalo protagonizado por el sacerdote Stefano Cherubini, acusado de abusar sistemáticamente de menores en escuelas escolapias de Nápoles.
Según diversos historiadores, Calasanz conocía parte de las acusaciones de Cherubini, perteneciente a una familia poderosa dentro de la curia romana, con conexiones jurídicas y eclesiásticas influyentes.
El fundador de la obra no actuó con contundencia para apartarlo definitivamente y el escándalo terminó provocando una intervención directa del papa Inocencio X, que en 1646 degradó a Calasanz y prácticamente desmanteló temporalmente la orden.
La dimensión emocional del caso
Javier Alcántara, 31 años, mexicano, aprendió a bocajarro, de manera ímpia, a sus 11 años que con la vida uno suele hacer lo puede, no lo que quiere.
A esa edad un niño no tiene un objetivo, confecciona sueños y el suyo era ser piloto, por momentos también sacerdote.
Y debía haber crecido con esa ruta hasta que un cura escolapio, recuerda, le violó por primera vez, José Miguel Flores.
Y ahí se acabó.
Ese pensamiento es como una esquirla incrustada que nunca acaba de salir: se pregunta cómo le hubiera ido todo de no ocurrir aquello.
Ha tenido que dedicar su adolescencia y su juventud no a su futuro sino a su pasado.
A recuperarse emocional y físicamente de lo que sucedió, y en ese viaje que fue también de incompresión, de culpa, se cruzaron las adicciones.
Es importante conocer la trastienda emocional del abuso para ser consciente de la herida que deja en víctimas como Javier.
Con frecuencia, suelen transcurrir décadas hasta que un menor desvela por lo que ha pasado.
A Javier ese momento le llegó con 25 años.
Su madre y él donde primero acudieron fue a la Iglesia.
Allí buscaron como su interlocutor al hoy Obispo de Huesca y Jaca, Pedro Aguado, entonces, Jefe superior de los Escolapios, una congregación dedicada a la enseñanza.
Él respondió a su llamada e inició una investigación contra el sacerdote.
Acabó expulsándole de la orden.
Hoy Javier le acusa de encubrimiento.
La Fiscalía de Ciudad de México tiene abierta una investigación.
La reparación y el acompañamiento a las víctimas
La reparación a las víctimas se ha convertido en una de las cuestiones centrales en los casos de abusos dentro de la Iglesia.
Desde la Iglesia, Gil José Saéz, doctor en derecho, vicario judicial y delegado de una de las oficinas para la Protección de menores de la Iglesia, autor además de “Respuesta del derecho canónico ante los abusos sexuales cometidos a menores por parte de clérigos en España”, reflexiona sobre la protección al agresor.
“El encubrimiento era una forma sistemática de hacerlo en toda la iglesia, también dentro de la iglesia en España”.
Cree que detrás de esa actitud residía la decisión de la Iglesia de proteger a toda costa la Institución, pero también está convencido de que ha habido avances en la manera de manejar los abusos.
No deja de mencionar los protocolos internos que han desarrollado dirigidos a la prevención y a mejorar la atención a las víctimas.
También las instituciones públicas han planteado programas para la recuperación.
Navarra es pionera en ese tipo de asistencia.
Puso en marcha un proyecto piloto de justicia restaurativa.
En pocas palabras, suponía a través de la terapia dejar ir todo aquello con lo que han convivido décadas a solas y en silencio.
Jesús Zudaire participó en él, le vino bien, le ayudó, pero esa paz que conquista poco a poco, no le ha hecho olvidar que donde tiene que “estar un agresor es en la cárcel, no en un convento”, no más traslados, no más protección.
Hasta enero de 2026, la Iglesia española ha destinado casi 1,8 millones de euros para resarcir, al menos económicamente, a 61 supervivientes de estos delitos.
El Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica del Defensor del Pueblo estimó que las víctimas de pederastia en nuestro país alcanzarían las 440.000.
La CEE cuestiona esa cifra.
En enero de este año, Iglesia y Estado acordaron una alternativa al Plan PRIVA.
La primera, paga; el segundo, fija la cuantía de las indemnizaciones.
La mayoría de las asociaciones celebra el nuevo procedimiento.
Aunque remarcan: no es una cuestión solo de dinero.
Juan Cuatrecasas, presidente de Infancia Robada, sabe bien lo que es embarcarse en esta lucha.
El caso de su hijo, el conocido por caso Gaztelueta, contra un colegio del Opus Dei referente del activismo.
“La indemnización debería incluir también medidas de apoyo, acompañamiento a las víctimas, como pueden ser terapias gratuitas”, dice y añade “como pueden ser ayudarles a salir de la exclusión social, laboral, educativa en la que están inmersos”.
Las denuncias sobre encubrimiento institucional
La acusación de encubrimiento institucional de pederastia es la figura que presenta la víctima al estimar que siguió ejerciendo el sacerdocio José Miguel Flores, y además afirma que nunca tuvo en su poder la sentencia vaticana.
Javier Alcántara pretende “conectar la corrupción dentro de la Iglesia, la corrupción y protección que tienen los sacerdotes y no lavarles la cara diciendo: nosotros hicimos todo bien”.
La investigación deberá establecer si las medidas adoptadas en 2019 y 2020 fueron suficientes, si se cumplieron de manera efectiva y si existieron actuaciones posteriores que permitieran a Flores ejercer funciones religiosas o mantener contacto con menores.
También deberá aclarar qué información recibió la víctima, qué alcance tuvo el acompañamiento ofrecido y si la institución comunicó adecuadamente las decisiones adoptadas por la Santa Sede.
La revisión canónica no equivale por sí misma a una declaración de culpabilidad.
Se trata de un procedimiento que forma parte de los cauces ordinarios establecidos por la Iglesia para analizar los hechos con rigor y determinar, en su caso, los pasos a seguir.
Paralelamente al recorrido judicial se ha abierto la vía canónica como ha podido confirmar Televisión Española.
Javier Alcántara ha recibido el anuncio que ansiaba.
El Papa León XIV ha dado instrucciones inmediatas para que se investigue este caso.
Es la respuesta del Vaticano a una carta que la madre de Javier remitió al Pontífice.
Un relato de los hechos que señala a Pedro Aguado por su gestión.
Hace unos meses, también la Iglesia mexicana, a través de su máximo responsable, había trasladado la denuncia de Javier Alcántara al Vaticano contra el obispo de Huesca, instando a actuar a la Santa Sede si lo consideraba necesario.
La Entrevista | Javier Alcántara, víctima de abusos en una parroquia de México
La respuesta pendiente de las instituciones
La llegada del papa León XIV a España se interpreta dentro de la Iglesia católica como uno de los acontecimientos más importantes desde la visita de Benedicto XVI en 2011.
La visita papal coincide además con el cuestionamiento de varios obispos españoles investigados por abusos o encubrimiento, entre ellos Rafael Zornoza y Pedro Aguado.
Este último, obispo de Jaca y Huesca y ex superior general de los Escolapios, está siendo investigado por el Vaticano en relación con el caso de pederastia de México que implica al religioso escolapio José Miguel Flores Martínez, expulsado por abusos sexuales al exmonaguillo Javier Alcántara entre 2006 y 2010.
Aguado ha declarado recientemente por escrito ante la Fiscalía mexicana, que mantiene abierta la investigación sobre un posible encubrimiento institucional.
El obispo de Jaca y Huesca ha defendido que actuó “de inmediato”, una vez que tuvo conocimiento de los hechos.
Sin embargo, la víctima y varios medios sostienen que el sacerdote continuó apareciendo públicamente como religioso después de esa expulsión y que incluso recibió homenajes tras su muerte.
Desde el Obispado de Jaca-Huesca precisan que se trata de una revisión y que corresponde a las autoridades competentes analizar los hechos y determinar, en su caso, los pasos a seguir.
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