Las infraestructuras de agua, saneamiento y depuración constituyen una de las oportunidades más relevantes para la incorporación de tecnología en las ciudades latinoamericanas, pero también aparecen vinculadas a investigaciones judiciales sobre contratación pública, sobornos y ejecución deficiente de obras. “Existe por ejemplo una gran oportunidad en el sector de agua, saneamiento y telecomunicaciones”, señaló José Julián Martínez, jefe de Unidad de Agua y Saneamientos de AECOM.
“Existen grandes oportunidades para las pymes en Latinoamérica, cada vez que se hace un puente, una procesadora o una depuradora tenemos la oportunidad de ofrecer un valor añadido incorporando tecnología a esa infraestructura”, explicó Fernando Tomas, coordinador del Grupo Smart Cities en IDOM. En el caso de las plantas de la empresa estatal de aguas, Aysa, Odebrecht, Camargo Correa y sus socias locales están con procesamientos firmes y camino a juicio por cartelización de una planta potabilizadora y otra depuradora.
La depuración como parte de las ciudades inteligentes
Las organizaciones españolas, especialmente aquéllas que operan en el sector de la tecnología aplicable a la infraestructura y los servicios para las ciudades, cuentan con una buena oportunidad de negocio en el mercado Latinoamericano de las smart cities. Apoyadas por la buena imagen de España en la transformación digital, tienen una oportunidad de impulsar su presencia en un segmento de mercado que, según la consultora Markets & Markets, crecerá a un ritmo anual del 19,4% hasta alcanzar los 757.740 millones de dólares en 2020.
No en vano, Latinoamérica invierte anualmente más de 100.000 millones de dólares en infraestructuras, y las empresas españolas pueden agregar valor en esos proyectos aportando su experiencia y tecnología. De hecho, durante los próximos años, países como Brasil, Colombia, México o Perú, tienen previsto dedicar millones de dólares en la promoción de ecosistemas innovadores para el desarrollo de las ciudades inteligentes con proyectos integrales centrados en la mejora de las infraestructuras, el transporte, la seguridad, la gestión eficiente de edificios y el control sostenible de los recursos energéticos.
A juicio de Juan Millán, socio de Gedeth, “países como Brasil, Perú o México ofrecen oportunidades no sólo para la gran empresa, sino para la pyme española que puede beneficiarse de la buena imagen de marca de España, mercado referente en smart cities con ejemplos de ciudades como Málaga o Barcelona, y del efecto arrastre de las grandes empresas ya allí establecidas”, aseguró el directivo.
La estrategia pasa por identificar dónde están ya trabajando las grandes empresas españolas, conocer los planes y el desarrollo potencial de esas ciudades y unir fuerzas con otras compañías mediante fórmulas asociativas o de consorcios para incrementar las oportunidades de adjudicación de proyectos en estos países. Claro que no se trata sólo de grandes proyectos de infraestructuras, sino que también hay que ofrecer valor añadido con la incorporación de la tecnología.
Y para finalizar, insistieron en la importancia de conocer el país, planificar bien la entrada en el mercado, aprovechar el arrastre de las compañías españolas que ya operan en América Latina, y ofrecer productos y servicios de valor añadido.
El caso argentino: una planta depuradora camino a juicio
En el caso de las plantas de la empresa estatal de aguas, Aysa, Odebrecht, Camargo Correa y sus socias locales están con procesamientos firmes y camino a juicio por cartelización de una planta potabilizadora y otra depuradora. El juez Sebastián Casanello procesó y embargó a algunos de los empresarios centrales en la obra pública local.
El capítulos de los sobornos tuvo novedades esta semana. El juez Casanello procesó nuevamente a los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y otros por cohecho activo. También a los ex funcionarios De Vido, José López, Baratta, Ben y Biancuzzo por cohecho pasivo; y a Jorge “Corcho” Rodriguez como partícipe por haber actuado como supuesto intermediario de los pagos.
El fiscal del caso, Federico Delgado, busca más evidencias de los sobornos en Andorra, Uruguay y Edimburgo. En la Argentina, los fiscales y jueces a cargo de los casos relacionados con presuntas coimas de Odebrecht en el país avanzaron durante los últimos dos años en diversos expedientes sobre irregularidades en las licitaciones públicas ganadas por la brasileña, pero el capítulo de los sobornos se postergó a la espera de un acuerdo con Brasil.
Odebrecht y las obras públicas en Latinoamérica
La confesión de la compañía de construcción e ingeniería Odebrecht, una de las más importantes de Brasil, de haber entregado elevadas sumas como sobornos a dirigentes políticos, partidos y funcionarios públicos para la adjudicación de obras en diversos países de la región ha supuesto el mayor escándalo de corrupción en la historia de Latinoamérica.
El notable incremento presupuestario durante la “década de oro” de las materias primas ocurrió en un marco de escasa mejora de la efectividad del Estado de Derecho y del control de la corrupción, eso propició que se produjeran elevados desvíos ilícitos en las contratas públicas.
Odebrecht es una compañía brasileña que través de varias sedes operativas conduce negocios en múltiples industrias. Se dedica a áreas como ingeniería, construcción, infraestructura y energía, entre otras. Su sede principal, en Brasil, está ubicada en la ciudad de Salvador de Bahía.
La empresa opera en 27 países, de Latinoamérica, África, Europa y Oriente Medio. A lo largo de los años, la constructora ha participado en contratos de obras públicas de la mayor parte de los países latinoamericanos.
En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación que denunciaba que la compañía brasileña había sobornado a funcionarios públicos de doce países, diez de ellos latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
La investigación se desarrolló a partir de la confesión hecha por los propios máximos ejecutivos de Odebrecht una vez descubiertos. La compañía entregaba a los funcionarios de esos países millones de dólares a cambio de obtener contratos de obras públicas y beneficiarse del pago por su realización.
La empresa acordaba entregar millones de dólares a partidos políticos, funcionarios públicos, candidatos públicos o personas relacionadas con el Gobierno. Su fin era tener una ventaja competitiva que le permitiera retener negocios públicos en diferentes países.
A fin de encubrir dichos movimientos ilícitos de capitales, la empresa creaba sociedades anónimas ficticias en lugares como Belice, las Islas Vírgenes y Brasil. La empresa elaboró una estructura financiera secreta para encubrir estos pagos.
La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció que los sobornos en los países mencionados alcanzaron un total de 788 millones de dólares (casi la mitad solo en Brasil). Utilizando este método ilegal, contrario a toda ética empresarial y política, Odebrecht logró el encargo de más de cien proyectos, cuya realización le generó unos beneficios de 3.336 millones de dólares.
Magnitud económica de los sobornos y las reparaciones
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Sobornos confesados por Odebrecht | 788 millones de dólares |
| Sobornos en América Latina | 381 millones de dólares |
| Pagos destinados a seis países | 298 millones de dólares |
| Reclamos, demandas, multas y sanciones | 638,6 millones de dólares |
| Demandas iniciadas por Odebrecht | 1.625,5 millones de dólares |
La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos). De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México.
Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados. Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas.
El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.
Reparaciones económicas y litigios internacionales
Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones).
Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2 mil 400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México.
En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.
Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.
República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota.
Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la empresa en dos instancias, pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones porque la constructora apeló al tribunal supremo.
Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.
A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales.
El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana.
La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos.
Argentina: pruebas de sobornos pendientes
Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas en la Argentina por al menos US$ 35 millones durante los gobiernos de los Kirchner, entre 2007 y 2014, la Justicia sigue sin poder acceder a las pruebas de los sobornos de manera oficial.
Las autoridades brasileñas y argentinas aún no pueden cerrar un acuerdo para la entrega de las pruebas. En diciembre último, la primera posibilidad real para obtener la evidencia en la investigación sobre el presunto pago de sobornos por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento volvió a trabarse luego de que las defensas del empresario Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- y de ex ejecutivos en Iecsa, junto con los abogados de la misma Odebrecht se opusieran al acuerdo en los tribunales federales.
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi espera que la Cancillería se pronuncie sobre su postura y luego deberá decidir si aprueba el acuerdo. El fiscal del caso del soterramiento, Franco Picardi, explicó en un escrito que se llegó a un pre-acuerdo con las autoridades de Brasil que permite recibir la información y pruebas aportadas por los arrepentidos de Odebrecht.
En el soterramiento, Odebrecht se asoció a Iecsa, Ghella y Comsa, y sus ejecutivos apuntaron en Brasil a la ex empresa de Calcaterra como la responsables de los pagos ilegales por la obra. El fiscal impulsa la firma del acuerdo junto con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y amparados por el jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.
Luego de meses de negociaciones con Brasil, se acordó que la Justicia deberá garantizar que las pruebas e información obtenidas por los acuerdos de delación premiada no serán utilizadas penalmente en contra de los arrepentidos brasileños o contra la firma Odebrecht. Estos ya fueron juzgados por esos hechos en Brasil.
Las evidencias sólo podrán ser usadas en el expediente para el cual sean enviadas, es decir, que no podrán ser compartidas entre los distintos fiscales que investigan a Odebrecht.
La estrategia legal para frenar el acuerdo con Brasil tiene lógica para los hombres de Iecsa: lo que se conoce hasta el momento sobre la prueba que podrían aportar los brasileños en el caso de soterramiento no incluye los nombres de ex funcionarios pero compromete casi exclusivamente a Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, y por elevación a Calcaterra, entonces dueño de la compañía.
La defensa sostuvo que se trata de un acuerdo “ilegal” y que las declaraciones de los dos ejecutivos de Odebrecht que señalan a Sánchez Caballero como el responsable del pago de sobornos a los kirchneristas son “nulas” y no pueden ser utilizadas como pruebas.
Odebrecht también se opuso a que la Justicia argentina cierre este acuerdo con Brasil. Odebrecht afirmó que la constructora “ratifica su interés en colaborar pero, para eso, es necesario que las condiciones y garantías de los acuerdos celebrados en Brasil sean reflejadas y respetados en Argentina, tanto en relación a las personas como también a la empresa y que los compromisos sean asumidos por las autoridades competentes”.
Antes del acuerdo, Brasil exigía que las pruebas no pudieran ser utilizadas contra los colaboradores y contra Odebrecht en lo penal sino también en el ámbito civil y administrativo. Esto es lo que ahora la empresa brasileña no obtendría de concretarse el acuerdo.
Otras causas argentinas relacionadas con obras de agua
En el caso de los gasoductos, un tramo de la causa ya está camino a un juicio oral y público. El juez Daniel Rafecas dio por probado cómo el contrato estatal estuvo direccionado para que las obras quedaran a cargo de Odebrecht, como había revelado Perfil.
La Justicia procesó a ex funcionarios públicos, con el ex ministro de Infraestructura Julio De Vido a la cabeza, pero aún no avanzó sobre la pista de las coimas. La obra figura en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas reveladas por ‘Investiga Lava Jato’.
La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado.
La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.
Perú: cooperación internacional y cambios en la Fiscalía
Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa.
Los obstáculos en las pesquisas iniciadas en Perú sobre el caso Lava Jato pueden dividirse en dos momentos marcados por las designaciones y remociones de los fiscales a cargo de los equipos de profesionales que desarrollaban las investigaciones, primero Hamilton Castro y luego su sucesor, Rafael Vela Barba.
Castro había sido designado cabeza del proceso indagatorio en junio de 2015, tras la revelación de Convoca.pe y BRIO respecto a los primeros indicios de pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Camargo Correa en relación a la obra Interoceánica Sur, en la cual también resultaron implicados Odebrecht y sus consorciadas peruanas.
Después asumió las indagaciones surgidas por las confesiones de ex directivos del grupo empresarial de Marcelo Odebrecht, en diciembre de 2016. En la gestión del fiscal Hamilton Castro las dificultades en el Ministerio Público para profundizar en los casos de corrupción de empresas brasileñas en el país fueron internas y externas.
Según fuentes de Convoca.pe, en el ámbito interno se trató de falta de cooperación de fiscales de otros despachos o especialidades, por ejemplo cuando se congelaron cuentas de algunos investigados y esto causó la interrupción de la colaboración de ellos con la justicia.
Aquí se incluyen las discrepancias y aparentes celos profesionales con fiscales antilavado, en las que también hubo acusaciones de filtraciones a la prensa de documentos reservados de algunas pesquisas relacionadas al ex mandatario Ollanta Humala.
Las mismas fuentes indicaron que como variable externa hubo falta de consenso de parte de quienes manejan el poder político para “potenciar” la colaboración eficaz de Odebrecht y de propiciar la de otras constructoras brasileñas.
Esto en referencia a expresiones públicas de altos funcionarios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y del mismo entonces presidente, sobre la salida del país de las compañías de Brasil investigadas por Lava Jato.
Hamilton Castro fue retirado del llamado Equipo Especial en julio de 2018 por parte del entonces flamante fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien nombró en su reemplazo a Rafael Vela. Esta situación generó varias renuncias de fiscales que eran parte de ese grupo de trabajo.
Posteriormente, Chávarry se convirtió en el principal obstáculo para las investigaciones del caso Lava Jato, cuando el 31 de diciembre pasado intentó remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, a menos de dos semanas de que se firmara el acuerdo de colaboración con Odebrecht en Brasil y de realizarse nuevos interrogatorios a ex directivos de la constructora brasileña.
Después Pedro Chávarry presentó hoy su carta de renuncia al cargo de titular del Ministerio Público ante la Junta de Fiscales Supremos. En su lugar, la fiscal suprema Zoraida Ávalos asumió esa función de manera interina. El ex fiscal de la Nación fue relacionado a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto desde días antes de asumir su mandato en el Ministerio Público. No obstante, Pedro Chávarry sigue siendo fiscal supremo.
La Carretera Interoceánica fue adjudicada en 2006 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Odebrecht declaró haber sobornado al expresidente con 31 millones de dólares.
Venezuela: investigaciones congeladas por la crisis institucional
Las dificultades para investigar el caso Odebrecht y otras constructoras brasileñas implicadas en la red de corrupción transnacional están intrínsecamente ligadas a la crisis política que enfrenta Venezuela, donde el régimen chavista ha cumplido 19 años al frente del gobierno.
Las investigaciones en Venezuela sobre la referida empresa brasileña están congeladas. El equipo del Ministerio Público venezolano, que en 2015 asumió la pesquisas sobre la constructora en el país, se encuentra en el exilio desde agosto de 2017 luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y comenzara su enjuiciamiento.
En reemplazo de Luisa Ortega fue designado Tarek William Saab, como nuevo fiscal general, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia paralela designada por Nicolás Maduro que desconoce a la Asamblea Nacional legítimamente constituida, cuya mayoría es de oposición.
Apenas Saab asumió el cargo, las investigaciones sobre el caso Odebrecht fueron suspendidas. Incluso, el actual Ministerio Público derogó las imputaciones por corrupción -dictadas en julio de 2017- contra la esposa y suegra del ex ministro Haiman El Troudi, quien autorizó la construcción de obras de infraestructura a cargo de la constructora brasileña.
Los fiscales que indagaban el caso, encabezados por OrtegaDíaz, consideran que las pesquisas sobre el capítulo venezolano estaban considerablemente avanzadas hasta el momento en que se vieron forzados a exiliarse.
Mediante la colaboración con fiscalías de otras naciones, como las de Brasil y Andorra, y el allanamiento a la sede de la compañía en Caracas el 14 de febrero de 2017, lograron acceder a evidencias además de acordar medidas de congelamiento de cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles.
Ese mismo día, el Ministerio Público ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña en Venezuela. Zair Mundaraín, director general de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, asegura que tienen en su poder contratos de las obras que Odebrecht desarrollaría en el país que comprueban la sobrefacturación en los contratos de un mismo proyecto de infraestructura, identificación de funcionarios implicados y la relación entre el Estado venezolano y la empresa.
Aunque tuvieron que dejar el expediente en físico al salir de Venezuela, lograron llevarse las copias digitales certificadas de los documentos. Una de las dificultades que enfrenta el equipo de fiscales venezolanos, ahora más reducido y con recursos limitados en el extranjero, es que por su misma condición de exiliado no es reconocido como instancia legítima y operativa encargada de la investigación penal de delitos que atenten contra el interés público.
Si bien países como Brasil y Andorra han respondido a las prerrogativas y han intercambiado información, otros como España o Estados Unidos aún se abstienen de compartir pruebas. Pero el mayor obstáculo es la obstrucción de la justicia, reconoce Mundaraín.
En un país con caos institucional, no existe una instancia legítima, autónoma y efectiva como un tribunal de primera instancia que juzgue a los responsables por los delitos de corrupción en el caso Odebrecht en Venezuela.
El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Fue el país que recibió montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016. Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares.
La obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto adjudicado a la obra de Odebrecht en 2006.
Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública.
Además, la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual, que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatire terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht.
A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ocasionó, en 2021, 5 muertos y 17 lesionados tras choques contra los únicos pilares que se levantaron.
El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.
Solo con el cambio de gobierno y restablecimiento de la legitimidad de los poderes, se puede pensar la administración de la justicia, considera el director general de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio.
República Dominicana: acusación y obstáculos probatorios
El caso Odebretch en República Dominicana se desarrolla actualmente en la Suprema Corte de Justicia debido a que uno de los siete acusados, el senador Tommy Galán, tiene jurisdicción privilegiada y arrastró con él a los demás imputados en el proceso por presunta corrupción.
Hace dos semanas se inició la lectura oficial de la acusación y la presentación de pruebas documentales para que el juez de la Instrucción Especial decida quién va al juicio de fondo.
Según expertos en la materia, varios obstáculos se avizoran como impedimentos para lograr condenas, a pesar de ser el país con el tercer monto más cuantioso en sobornos confesados por la constructora brasileña: 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014.
El 66% de esa cifra fue desembolsada, de acuerdo con los registros de Odebrecht, entre septiembre de 2012 y 2014. El actual presidente Danilo Medina tomó posesión en agosto de 2012 e inmediatamente designó junto a su gabinete al Procurador General, quien es el jefe del Ministerio Público.
Precisamente, el procurador Jean Alain Rodríguez es el que encabeza las investigaciones del caso con un equipo de 16 fiscales, algunos muy capacitados, pero bajo el mando de un hombre del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
En el acuerdo firmado entre Odebretch y el Estado dominicano se señala, entre otros puntos, que la empresa se compromete a la “identificación de los funcionarios sobornados en el país; y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices”.
Los testimonios de ex directivos de la constructora, interrogados en Brasil por fiscales brasileños, no mencionan transacciones, ni personas en República Dominicana que hayan recibido el dinero.
Las declaraciones son genéricas, no incriminan directamente a los acusados y, mayormente, solo indican que los contratos parecían fluir en el Congreso con la ayuda de algunos legisladores.
Otro factor que no ayuda al avance del caso es que los miembros del Ministerio Público no hicieron esfuerzo alguno por viajar a Brasil a realizar sus propios interrogatorios a los ex ejecutivos de Odebretch, mientras que fiscales de otros países como Perú y Colombia sí lo hicieron.
Además, con la suscripción del acuerdo, también quedaron sellados todos los documentos en la justicia brasileña con respecto a República Dominicana.
Hasta la fecha, las autoridades solo cuentan con documentos de transferencias realizadas a las empresas del representante de Odebretch en la nación dominicana, Ángel Rondón, cuyas sumas ascienden a más de 126 millones de dólares.
Sin embargo, no se ha exhibido ni una transferencia o intercambio de dinero entre Rondón y los acusados. El expediente, en la mayoría de los casos, se basa en un supuesto enriquecimiento ilícito, situación que abogados penalistas aseguran que tampoco se ha probado.
Después de ocho meses de investigaciones, el Ministerio Público depositó la acusación que se debate actualmente en la Suprema Corte y aun cuando salgan a florecer nuevos detalles del caso, el Código Penal dominicano impide que se incluyan en el referido expediente.
También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos.
En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra.
Cooperación empresarial y consecuencias legales
Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada.
Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.
“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato.
Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.
“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.
En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados.
En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas.
En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas.
Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos.
Debilidad institucional y coordinación judicial
Este asunto, conocido como caso Odebrecht, ha creado consternación en las sociedades latinoamericanas. Sus ciudadanos consideran que para que actos de este tipo no queden impunes, los países deben tener una mayor eficiencia en el ámbito judicial y dar pasos más acelerados hacia un verdadero Estado de Derecho.
De acuerdo con indicadores del Banco Mundial, ninguno de los diez países latinoamericanos afectados por esta red de sobornos llega al 60% de efectividad del Estado de Derecho y de control de la corrupción. Eso explicaría el éxito de la constructora brasileña en su política de coimas.
La independencia judicial y su efectividad es esencial para la resolución de hechos de estas características. El correcto ejercicio de la Justicia moldea un apropiado Estado de Derecho, previniendo que ocurran actos ilícitos u otras decisiones políticas que puedan vulnerarlo.
A pesar de que esto es lo ideal, los países involucrados en el caso Odebrecht no cumplen con cabalidad esta debida independencia judicial. En efecto, según el Reporte de Competitividad Global para 2017-2018, la mayoría de los países afectados obtienen una baja nota respecto a la independencia de sus tribunales, lo que indica que carecen de un poder judicial efectivo para juzgar a los presuntos involucrados en este caso.
Así ocurre, por ejemplo, con Panamá y con la República Dominicana, situados en los puestos 120 y 127, respectivamente, en cuanto a independencia judicial, de una lista de 137 países.
Uno de los problemas que padece el Órgano Judicial de la República de Panamá es el alto número de expedientes que maneja la Corte Suprema de Justicia. Esa congestión dificulta que la Corte Suprema pueda trabajar de manera efectiva.
La alta cifra de expedientes procesados se dobló entre 2013 y 2016: la Sala Penal de la Corte procesó 329 expedientes en 2013; en 2016 fueron 857.
Aunque el Órgano Judicial panameño ha mejorado su presupuesto, eso no ha representado un aumento cualitativo en sus funciones. Esas dificultades podrían explicar la decisión de la Corte de rechazar una extensión de la investigación, aunque ello pueda significar cierta impunidad.
En 2016 solo hubo dos detenidos por el caso Odebrecht. En 2017, de los 43 imputados que podrían estar involucrados en la aceptación de sobornos valorados en 60 millones de dólares, solo 32 fueron procesados.
La República Dominicana también se encuentra en una situación parecida. Según una encuesta de 2016, solo el 38% de los dominicanos confían en la institución judicial.
A ese bajo porcentaje puede haber contribuido el hecho de que para ejercer de jueces de la Corte Suprema fueron elegidos miembros activos de los partidos políticos, algo que opaca la credibilidad de la Justicia y su independencia.
En 2016, los tribunales dominicanos solo indagaron sobre una persona, cuando la Corte Suprema estadounidense estimaba que la empresa brasileña había dado 92 millones de dólares en sobornos políticos, uno de los montos más elevados fuera de Brasil.
En 2017, la Suprema Corte de la Republica Dominicana ordenó la excarcelación de 9 de 10 presuntos implicados en el caso por insuficiencia de pruebas.
Infraestructuras de agua, control público y riesgos de contratación
La expansión de las ciudades y la necesidad de mejorar el saneamiento convierten las plantas potabilizadoras y depuradoras en infraestructuras estratégicas. Su planificación requiere integrar obra civil, tratamiento de aguas, control de vertidos, gestión energética y sistemas de información.
Claro que, dadas las mayores dimensiones de estos proyectos y con el fin de aprovechar esta oportunidad, los distintos participantes en la jornada coincidieron en la necesidad de analizar el mercado e ir poco a poco.
La experiencia del caso Odebrecht muestra que la construcción de infraestructuras públicas no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del volumen de inversión o de la capacidad técnica. La transparencia de las licitaciones, la independencia judicial, la trazabilidad de los pagos y la cooperación entre fiscalías condicionan tanto la ejecución de las obras como la posibilidad de investigar irregularidades.
En el caso de las plantas de la empresa estatal de aguas, Aysa, Odebrecht, Camargo Correa y sus socias locales están con procesamientos firmes y camino a juicio por cartelización de una planta potabilizadora y otra depuradora.
En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato?
Coordinación fiscal y reformas necesarias
En octubre de 2017, fiscales públicos de Latinoamérica se reunieron en Ciudad de Panamá para compartir información sobre blanqueo de capitales, especialmente en relación al caso Odebrecht.
Los funcionarios expresaron la necesidad de no dejar ningún caso impune, para contribuir con ello a resolver uno de los mayores problemas políticos, económicos y judiciales de la región.
Algunos fiscales reportaron haber sufrido amenazas en sus investigaciones. Todos valoraron de manera positiva el encuentro, ya que con él ponían de relevancia la necesidad en Latinoamérica de una mayor coordinación fiscal y armonía legislativa.
No obstante, es importante destacar que la República Dominicana estuvo ausente de esa reunión. Toda concienciación de los ministerios públicos de Latinoamérica es esencial ante la correlación observada entre los países afectados por los sobornos de Odebrecht y su deficiente posición en índices proporcionados por diferentes organizaciones internacionales y centros de investigación.
El inefectivo Estado de Derecho y la falta de control de la corrupción facultan que empresas como Odebrecht puedan triunfar en su política de sobornos para obtener una ventaja competitiva.
Las carencias de los sistemas judiciales en países como Panamá y República Dominicana, en concreto, pueden hacer posible que funcionarios públicos queden impunes de los delitos cometidos.
Además, el caso Odebrecht, de gran magnitud en la región, podría congestionar aún la actividad judicial si no se hacen reformas efectivas en cada país.
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El precedente europeo sobre depuración de aguas
El Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la UE ha obligado a España a abonar al presupuesto comunitario 12 millones de euros por la deficiente depuración de las aguas residuales en un largo proceso judicial que afectaba a 17 localidades y que ahora, finalmente, incide sobre nueve de ellas.
Agotados todos los pasos y las explicaciones de defensa para evitar la sanción, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá afrontar esta dura multa que habla mal de la gestión ambiental en España.
Además el Tribunal Europeo obliga a España a pagar una multa coercitiva de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas para cumplir una sentencia condenatoria del 2011.
La sanción es fruto del incumplimiento de la normativa europea sobre aguas de 1991. Esta establecía la obligación de los municipios de más de 15.000 habitantes de cumplir con una serie de requisitos sobre plantas y sistemas de tratamiento y depuración de aguas, para prevenir los vertidos contaminantes a los ríos y al mar.
España debía incorporar estas mejoras antes del 1 de diciembre del 2000, pero la última depuradora estará lista 21 años después España debía incorporar estas mejoras antes del 1 de diciembre del 2000.
Sin embargo no lo hizo, por lo cual la Comisión Europea presentó una demanda ante el Tribunal de Luxemburgo contra España, que fue condenada en 2011 por el incumplimiento de esta obligación en un total de 43 aglomeraciones urbanas.
La Comisión dio un nuevo plazo a España para cumplir sus obligaciones, concretamente hasta julio de 2013, pero, una vez rebasado ese período, inició un nuevo proceso de infracción que condujo a Bruselas a llevar a España de nuevo al Tribunal de Justicia, tras constatar que no se habían hecho los progresos necesarios.
La nueva condena sentenció que 17 aglomeraciones continuaban sin cumplir sus obligaciones. La mayor parte de los municipios que han incumplido las normas europeas (deficiente saneamiento) son de Andalucía.
Localidades incluidas en la sanción europea
| Comunidad | Aglomeraciones urbanas |
|---|---|
| Andalucía | Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa |
| Asturias | Gijón Este |
| Canarias | Valle de Güimar |
En la última lista negra quedan nueve localidades. No se incluye ningún municipio de Catalunya, comunidad que ha hecho un notable esfuerzo de depuración de las aguas de los ríos, gracias al canon de saneamiento que pagan los usuarios desde hace años.
Las aglomeraciones urbanas que están en este procedimiento (y con condena ya firme) son las siguientes: siete en Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa), una en Asturias (Gijón Este) y una en Canarias (Valle de Güimar).
De ellas, cuatro aglomeraciones urbanas (Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este) cuentan con declaración de interés general de Estado.
En la vista oral previa, la Comisión Europea admitió que Santiago de Compostela ya se encontraba en situación de cumplimiento, por lo que España no ha sido sancionada por esta aglomeración.
En cambio, el fallo no admite que Tarifa cumpla ya sus obligaciones, pues las muestras obtenidas fuera del período estival -en el que la carga es más elevada- no satisfacen las exigencias de la directiva.
Retrasos, multas y cumplimiento de la normativa
A pesar de los esfuerzos que ha hecho España para mejorar el sistema de colectores y tratamiento de aguas residuales (solo quedan 9 aglomeraciones pendientes), el Tribunal de Justicia considera que la larga infracción de España es “una circunstancia agravante”.
Con arreglo a la información facilitada por España (dice la sentencia), la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años en relación con el plazo que fija la directiva (31 de diciembre de 2020). (No obstante, el nuevo Gobierno admite, que en realidad el retraso será mayor. )
El Tribunal Europeo subraya en su fallo que las dificultades jurídicas y económicas que esgrime España para justificar el retraso en la ejecución de la sentencia no le eximen de sus obligaciones comunitarias.
Para calcular la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia ha valorado la larga duración de la infracción (7 años a partir de la sentencia del 2011).
No obstante, y en consideración a los progresos que haga España, el Tribunal decide imponerle una multa coercitiva de carácter decreciente fijada sobre una base semestral.
El Tribunal de Justicia argumenta que el número de aglomeraciones urbanas en cuestión, “así como los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados por España, justifican la adopción de una medida disuasoria”.
Ésta se establece “a fin de evitar que se repitan en el futuro infracciones análogas del derecho de la UE”.
De las nueve aglomeraciones urbanas finalmente incluidas en la sanción, se prevé que tres (Nerja, Alhaurín el Grande y Coín) se encuentren en situación de conformidad antes de finales de 2018.
Otras dos (Isla Cristina y Gijón Este) lo estarían antes del final de 2019, mientras que previsiblemente dos (Matalascañas y Valle de Güimar) lo estén en 2020.
La aglomeración más retrasada es la de Barbate, cuya licitación de la redacción del proyecto y del estudio de impacto ambiental se prevén para este año, pero no se espera que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022, según admite el Ministerio.
La última depuradora que se acabe,que será la de Barbate, estará lista en el 2022; o sea, !21 años después de que debiera estar en marcha!
El Ministerio destaca que en la actualidad, el 99,3% del total de las aglomeraciones españolas (2.083) cumplen con los requisitos de recogida de las aguas residuales.
El 85,2% de la carga contaminante total es objeto de un tratamiento secundario de depuración y el 73% de la carga que llega a zonas sensibles es objeto de un tratamiento terciario más riguroso.
“Nos ha costado 20 años entender lo que es la directiva comunitaria marco del agua”, dijo en una reciente comparecencia parlamentaria la ministra Teresa Ribera al comentar las carencias en la depuración de las aguas y la limpieza de ríos.
El Ministerio prepara un Plan Nacional de Depuración de Aguas con medidas de choque.
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