El Programa AGUA, impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como alternativa al Plan Hidrológico Nacional, sustituyó el trasvase del Ebro por un amplio plan de desalación en la costa mediterránea. El proyecto contemplaba 51 desalinizadoras, pero muchas no llegaron a terminarse, otras funcionaron muy por debajo de su capacidad y varias quedaron prácticamente sin uso por la falta de demanda y por el elevado precio del agua.
De las 51 plantas previstas, 17 estaban en explotación, 15 en construcción y el resto ni siquiera habían comenzado cuando Zapatero salió de La Moncloa. Las instalaciones operativas producían 111 hectómetros cúbicos anuales, tan sólo un 16,45% de los 678 hectómetros cúbicos previstos, mientras que se habían invertido 1.664 millones de euros y eran necesarios otros 762 millones para concluir las plantas iniciadas.
La sustitución del trasvase del Ebro por el programa AGUA
Una de las primeras decisiones ejecutivas de José Luis Rodríguez Zapatero al llegar al poder en 2004, sometiéndose a las presiones de los nacionalistas catalanes, fue dictar un Decreto Ley que derogaba el Plan Hidrológico Nacional diseñado por el último ejecutivo de José María Aznar. En su lugar, Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente, puso en marcha un plan para desalar agua del mar a lo largo de la costa mediterránea, de forma que el agua dulce que el Ebro vertía al mar, más abajo en el litoral sería tratada para hacerla potable.
La construcción de plantas desalinizadoras de agua en algunas provincias de las cuencas del Mediterráneo estaba ya en marcha en 2004, pero como complemento dentro del Plan Hidrológico Nacional a los trasvases entre cuencas, en especial la del Ebro. Zapatero decidió contentar al tripartito catalán y al gobierno formado por socialistas y regionalistas del PAR en cuanto alcanzó el Ejecutivo y enterró uno de los principales proyectos de Aznar (pactado con la mayoría de las autonomías incluida la de Castilla-La Mancha controlada por José Bono).
Del concepto ‘nacional’ del agua que se podía compartir se pasó al de que era propiedad del ‘territorio’ por donde pasaba. Para paliar los agravios y el freno que suponía al desarrollo de las regiones perjudicadas (Comunidad Valenciana, Murcia y este de Andalucía), Zapatero convirtió el complemento en fundamento y ofreció como solución a la escasez de agua multiplicar el tamaño y el número de las desaladoras, 22 más de las previstas.
Puso al frente del Ministerio de Medio Ambiente y del plan a Cristina Narbona, antigua partidaria de los trasvases. El Programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), la alternativa socialista al Plan Hidrológico Nacional, preveía 105 actuaciones para hacer llegar a la costa mediterránea 1.063 hectómetros cúbicos de agua al año.
El balance de las 51 desalinizadoras
El Ejecutivo de Zapatero aprobó sucesivamente la construcción de 51 desalinizadoras desde Gerona hasta Málaga, con el objetivo de desalar casi 800 hectómetros cúbicos al año. Ocho años después sólo han entrado en funcionamiento diecisiete de estas instalaciones, con un rendimiento que apenas supera los cien hectómetros cúbicos anuales.
El Gobierno de Zapatero presupuestó más de 2.300 millones para construir 51 desaladoras, como he dicho, para acabar con el problema del agua. Afortunadamente, sólo hay 17 en funcionamiento y otras 15 en construcción, ¡y a qué coste!
El faraónico proyecto de José Luis Rodríguez Zapatero de construir 51 plantas desaladoras para paliar los efectos de la decisión que tomó nada más llegar al poder de liquidar el Plan Hidrológico Nacional presenta el siguiente balance: sólo 17 funcionan en parte y producen un 16,4% de los hectómetros anunciados para 2012.
De las 51 plantas prometidas hace siete años, 17 están en explotación, 15 en construcción y el resto ni empezadas. Las que funcionan lo hacen a medias y sólo producen 111 hectómetros cúbicos de agua desalada, apenas un 16,45 por ciento del total de 678 hectómetros cúbicos prometidos para finales de 2012.
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Desalinizadoras previstas | 51 |
| Plantas en explotación | 17 |
| Plantas en construcción | 15 |
| Producción prevista | 678 hectómetros cúbicos |
| Producción real | 111 hectómetros cúbicos anuales |
| Porcentaje alcanzado | 16,45% |
| Inversión ejecutada | 1.664 millones de euros |
| Coste para terminar las plantas iniciadas | 762 millones de euros |
Las desaladoras de Zapatero han consumido ya más de 1.600 millones de euros, a los que hay que sumar la cifra de otros 2.400 millones para poner en funcionamiento todas las plantas aprobadas por su Gobierno, lo que hace un total de 4.000 millones en inversión de fondos públicos.
El coste estimado por el Gobierno para que las 32 desaladoras iniciadas estén plenamente operativas es de 762 millones de euros. Esa inversión es el único medio de no tirar los 1.664 millones que ya se han empleado.
Las cifras sobre la burbuja de las plantas desalinizadoras las puso sobre la mesa hace un año el hoy candidato del PP a las europeas, Miguel Arias Cañete, aunque quien mejor lo ha contado han sido los vecinos de los afectados, como el diario La Verdad de Murcia.
Hasta Bruselas tomó nota y advirtió a España del fiasco. En las plantas de Santa Eulalia, en Ibiza, y la menorquina de Ciudadela, se han invertido 99,4 millones y 55,2 millones respectivamente, no se han puesto de funcionamiento nunca y no están conectadas a la red de agua potable por problemas de diseño y acabado.
Una producción muy inferior a la anunciada
En concreto en la costa mediterránea, desde Gerona a Málaga, la idea era construir en torno a 20 para obtener entre 600 y 700 hectómetros cúbicos anuales. Bien, el agua 'repescada' no llega ni a 120 hectómetros cúbicos anuales.
El coste, sólo en esas 17 plantas del Mediterráneo, ha costado la friolera de 1.600 millones, aunque solo funcionan al 16,45% de media. El plan se activó después de sequía de 2007 y 2008, que puso en peligro el abastecimiento de agua en Barcelona.
La desalinizadora catalana de El Prat es otro ejemplo de infrautilización. Se ha invertido do en ella 230 millones (el 75% financiados por fondos comunitarios), pero desde su construcción ha trabajado a un 10% de su capacidad.
La Planta del Prat Llobregat tiene una inversión de 230 millones de euros y una capacidad de producción de 60hm3/año. No se realizaron Tordera II, con 60hm3/año, ni la Planta de Foix, también con 60hm3/año.
El caso de la cuenca del Segura
En el caso de la cuenca del Río Segura, que a estos efectos ha sido el banco de pruebas del Plan Agua creado por Zapatero, hay cuatro desaladoras construidas de las que sólo funciona una y otra de uso mixto que está prácticamente inactiva.
Aun así, el Ejecutivo de Zapatero aprobó la construcción de dos grandes desalinizadoras más, concretamente en Torrevieja (Alicante) y Águilas (Murcia), cuya futura explotación es una incógnita ante la escasísima demanda de agua desalada por el sector de la agricultura, al que va principalmente destinada su producción.
En la cuenca del Segura, donde más falta hace el agua, es donde las potabilizadoras peor han funcionado. Se aprobó la construcción de dos megaplantas en Torrevieja y Águilas, cuya explotación fue una incógnita durante mucho tiempo ante la escasísima demanda agrícola.
Tan es así que la comunidad murciana ha propuesto vender los equipos de desalación construidos en la región a los países árabes, como forma de rentabilizar en parte la inversión realizada a la vista de su inutilidad.
Otro ejemplo es la de Escombreras, en Murcia, que produjo en el último año 1,96 hectómetros cúbicos de los 22,8 que tiene autorizados, lo que supone apenas el 8,61 del total. Un lujo imposible de pagar.
El agua desalada y la agricultura
Hay desalinizadoras terminadas que están sin funcionar por no existir demanda. Y es que los agricultores rechazan la utilización de esta agua por ser mucho más cara que la que procede de otros canales y por su baja calidad, que pone en peligro incluso la salud de las explotaciones agrarias.
En el caso de la agricultura el empleo del agua de las plantas desalinizadoras también está cuestionado por el Ministerio. El sector agrario no puede pagar el metro cúbico para regadío a más de 0,30 euros y el coste del agua desalada está a 1,1 euros.
Los agricultores no quieren el agua desalada salvo que esté subvencionada por el Estado. El coste del agua desalada sin subvencionar puede llegar a alcanzar 1,1 euros por metro cúbico.
Frente a esto, FENACORE destaca que el precio que pueden pagar los agricultores sin que suponga un incremento del precio de sus productos es de 15 céntimos en la mayor parte de España y de 30 céntimos en zonas de alta productividad como puede ser Almería y otras áreas del Levante español.
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha recordado a este diario que la gran mayoría, cerca de las tres cuartas partes, de las plantas desaladoras previstas por el Gobierno de Zapatero siguen sin funcionar y que no son una alternativa viable desde un punto de vista económico para la agricultura.
Del Campo ha dicho que “donde puede llegar agua de trasvases es mucho más barata”. El coste energético de la desalanización eleva el precio hasta niveles no asumibles para los agricultores.
Coste energético y transporte
El proceso de ósmosis por el que se separa la sal del agua supone hasta un 60% de ese coste. A esto se suma lo caro que resulta la conducción del líquido de las plantas a las tierras que se supone regar, con un coste que en la mayor parte de los casos no se ha evaluado.
De hecho, desde FENACORE destacan que por ese motivo dicha agua sólo se puede usar en terrenos muy cercanos a las desoladoras. Además, el riego no se puede hacer tan sólo con agua desalada.
Esta debe suponer como máximo un 20% o un 30% del líquido total usado, y debe mezclarse con el procedente de otras fuentes como pozos y o ríos.
Calidad del agua y presencia de boro
A todo lo anterior se suma que el agua desalada contiene altos niveles de boro, que contamina y hace inviable su uso para una gran cantidad de cultivos. Este contaminante puede eliminarse, pero el proceso para hacerlo resulta también muy caro.
Las hay terminadas que apenas funcionan porque los agricultores rechazan ese agua por su precio elevado y baja calidad. El agua 'repescada' no llega ni a 120 hectómetros cúbicos anuales.
La salmuera y el impacto ambiental
Además, según ha explicado en repetidas ocasiones el ministro Arias Cañete con estudios científicos en la mano, se trata de unas instalaciones insostenibles por su elevado consumo energético y el impacto que producen en el medio ambiente, ya que la salmuera que se recoge tras el proceso de desalinización se vierte al mar, con el riesgo para la flora marina a causa de la alta concentración de sales en un espacio relativamente pequeño.
Entre el 40% y el 50% del agua procesada en las desaladoras se desperdicia, puesto que tiene que ser devuelta al mar al contener toda la sal concentrada. Este es un importante foco de contaminación, por lo que se debe hacer mediante un complejo sistema de difusores, similares a duchas, para distribuirla por muchos puntos para reducir el impacto medioambiental.
Esto aumenta todavía más los costes, tanto por la infraestructura necesaria como por la energía gastada para poder usar la presión necesaria para devolver el agua al mar.
El problema es que no siempre son eficientes, consumen mucha energía, el agua es cara y producen gran cantidad de salmuera, que regresa al mar y tiene una toxicidad asociada a metales, de modo que se corre el riesgo de crear zonas muertas por falta de oxígeno y contaminación, lo cual degrada el medio marino.
Cómo se desaliniza el agua
El agua del mar se potabiliza limpiándola de partículas y eliminando el exceso de minerales y sales, con métodos diferentes: evaporación, condensar el vapor o la electrolisis, la nano y ultrafiltración, y la ósmosis inversa.
El agua desalinizada, antes de introducirla en la red, pasa por un proceso de remineralización y desinfección. Métodos que se emplean en las más de 17.000 plantas desalinizadoras que hay en la tierra, 700 de ellas en España, la mayoría en Canarias.
Desaladoras vinculadas a proyectos urbanísticos
En mayo de 2006, el municipio de Cabanes, en la provincia de Castellón, tenía "un futuro muy prometedor", dijo su alcalde, Artemio Siurana (PP), paseando sonriente junto al entonces todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
A pesar de contar con una población de tan solo 3.500 habitantes, Cabanes iba a convertirse en "centro de atención de mucha gente". Desde el campo del recién remodelado estadio de fútbol, Siurana anunció, por un lado, que en breve se iniciarían las obras del PAI (Plan de Actuación Integrada) de Torre la Sal, un millón de metros cuadrados para construir 6.600 viviendas junto al mar.
Siurana habló de otro proyecto de mucha más envergadura, de la cada vez más cercana posibilidad de cumplir con el gran sueño de Fabra, su propio parque temático a imagen y semejanza de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia y del Terra Mítica que Eduardo Zaplana había impulsado a la espalda de Benidorm (Alicante) sobre las cenizas del incendio de Sierra Cortina.
A su alrededor, se extendería un PAI de 18 millones de metros cuadrados, el mayor plan urbanístico de España, para viviendas, hoteles y campos de golf mayoritariamente en tierras de Cabanes pero también en parte de la vecina Oropesa.
Un cambio del Gobierno de Zapatero en la Ley de Aguas obligaba a que los nuevos desarrollos urbanísticos que implicasen nuevas demandas de agua contasen previamente con "el informe de la Confederación Hidrográfica", pronunciándose "expresamente sobre la existencia de recursos suficientes".
La consecuencia estaba clara: sin agua, no había ladrillo. Aquello se había convertido en un dolor de cabeza municipio tras municipio costero, que en zonas con los acuíferos al límite por el regadío y en plena sequía veían peligrar los crecimientos dibujados sobre plano en el pico de la burbuja inmobiliaria.
Oropesa-Cabanes: una planta construida para una demanda que no llegó
Se construyó para cumplir con la obligación de contar con agua para obtener las licencias de los macroproyectos urbanísticos de Torre la Sal y Mundo Ilusión Golf.
Los municipios, que pidieron a Acuamed acelerar la construcción de la desaladora, han quedado hipotecados por los convenios firmados con la empresa estatal que obligan a la devolución de la inversión.
La desaladora y las poblaciones a las que da parcialmente servicio se encuentran sobre un acuífero sobreexplotado por el regadío y contaminado por nitratos, con episodios de intrusión salina, según la CHJ.
Castellón se abastece casi íntegramente de agua subterránea. Ningún partido de la región quiere renunciar a un litro de concesión de agua de acuífero a cambio de desalada.
| Dato | Oropesa-Cabanes |
|---|---|
| Entrada en funcionamiento | 2018 |
| Capacidad | 21,5hm3/año (ampliables hasta 43hm3) |
| Producción real | 2020: 3,4hm3; 2021: 4,2hm3 (Memoria Acuamed) |
| Inversión | 63,2 millones de euros |
| Convenios | Ayto. Oropesa, Ayto. Cabanes y Acuamed (21 de abril de 2006); Ayto. Benicassim y Acuamed (21 de enero de 2008) |
Moncófar: una planta en medio del regadío
A 50 kilómetros de Cabanes, en Moncófar, gobernada por el PSOE, aquello ponía en riesgo los planes de una población de 8.000 habitantes que alcanza los 40.000 en verano y que había dibujado edificios sobre el mapa como para alcanzar los 120.000.
La desaladora está situada a metros de una plantación de cítricos que bebe agua de pozo de un acuífero sobreexplotado. A pesar de su ubicación, su única finalidad fue el abastecimiento urbano porque se construyó para nuevos proyectos urbanísticos de finales de la burbuja que no se ejecutaron.
| Dato | Moncófar |
|---|---|
| Inversión | 55,3 millones de euros |
| Entrada en funcionamiento | 2018 (para evitar devolución del dinero UE) |
| Capacidad | 10,5hm3/año (ampliables hasta 21hm3) |
| Producción real | 2021: 0,2hm3 (Memoria Acuamed) |
| Convenios | Ayto. Moncófar (1 de diciembre de 2006); Ayto. Xilxes (1 de diciembre de 2006) |
Sagunto: una desaladora sin demanda empresarial
Se construyó para abastecer al parque empresarial Parc Sagunt II por un convenio entre el Ayuntamiento de Sagunto y Acuamed y se situó junto a una central eléctrica de ciclo combinado para contar con suministro eléctrico.
La demanda empresarial esperada nunca llegó y la desaladora ha permanecido prácticamente parada y ha tenido a Acuamed y al Ayuntamiento en los tribunales porque Sagunto se negaba a abonar los recibos que le giraba la empresa estatal.
La justicia ha dado recientemente la razón al ayuntamiento. Se prevé que sirva para llevar agua a Barcelona en barco como medida temporal por la sequía y sobre todo que abastezca a nuevos proyectos industriales como la gigafactoría de baterías que Volkswagen va a instalar en el parque empresarial.
| Dato | Sagunto |
|---|---|
| Inversión | 42,9 millones de euros |
| Convenio | Ayto. Sagunto (11 de enero de 2007) |
| Capacidad | 8hm3/año |
| Producción real | 2021: 0,2hm3 (Memoria Acuamed) |
La presión urbanística y la Ley de Aguas
Ni el PP ni el PSOE hicieron gran cosa por apagar la música de la fiesta del ladrillo pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, además de dar la vuelta al Plan Hidrológico Nacional suprimiendo el trasvase del Ebro y sustituyéndolo por el fomento de la desalinización y la regeneración de aguas residuales, había introducido un importante cambio en la Ley de Aguas.
Un cambio en el artículo 25.4 que implicaba que los nuevos desarrollos urbanísticos necesitaban para lograr las licencias de obra un informe de la autoridad competente del agua en el que se pronunciase "expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes".
Hace ya casi quince años el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero quiso sustituir el Trasvase del Ebro que había previsto el gobierno popular de José Mª Aznar por desaladoras. No surgían interesados en unas instalaciones que resultaban carísimas de construir y mantener.
Para cambiar eso, se usó a la Confederación Hidrográfica como herramienta de presión: cualquier ayuntamiento que quisiera que se le informara a favor su plan urbanístico debía firmar el convenio con la desaladora de turno.
Algunos ayuntamientos cedieron al chantaje. Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Moncofa y Chilches firmaron confiando en que los crecimientos previstos los harían asumibles.
Pero llegó la crisis. Los planes constructivos se pararon en seco. Y esos mismos ayuntamientos pidieron parar la construcción de unas desaladoras que estaba claro que ya no tendrían usuarios.
Y ¿qué decidió Zapatero? Pues seguir adelante. 100 millones de euros en números redondos que se gastarían sin haber usuarios para el agua, que pagarían cinco ayuntamientos, que le servirían para argumentar que había resuelto el problema que él mismo creó y que todavía se está investigando judicialmente si sirvieron para chanchullos políticos de su partido.
Casi quince años después, ahí están las desaladoras. Construidas y sin uso. Generando gasto y amenazando la estabilidad financiera de cinco ayuntamientos.
El contraste con el trasvase del Ebro
El Trasvase del Río Ebro, incluido en el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, tenía un presupuesto de unos 4.200 millones, de los que la mayor parte iban a ser financiados por la Unión Europea.
Con este trasvase, las cuencas deficitarias de Cataluña, Valencia, Murcia y zona oriental de Andalucía habrían dispuesto de más de 1.000 hectómetros cúbicos anuales y, además, de agua dulce, adecuada para consumo humano y agrícola.
En estos momentos, con las desaladoras propuestas como alternativa por el gobierno socialista, esos mismos territorios disponen de la décima parte de agua que, además, no se utiliza por su elevado precio y escasa adecuación a los usos de la agricultura.
Han resultado ser muchísimo menos eficientes y ecológicamente más sucias que el Plan Hidrológico de Aznar. Zapatero se cargó el Plan Hidrológico de Aznar y aprobó construir de 51 desalinizadoras, cuyos rendimientos son desiguales, escasos o mejorables.
Las desaladoras fueron el invento de Zapatero para contentarles y poder derogar de manera fulminante el plan hidrológico nacional. Pero el plan ZP no arrancaba.
El Gobierno del PP hereda ahora la antigua ‘solución’ de Zapatero como un problema añadido al drama presupuestario de la crisis. Las plantas desaladoras no están ni a medio construir, necesitan hasta 2.426 millones de euros para quedar terminadas, el precio del agua que producen en un disparate para los agricultores, los grandes proyectos urbanísticos que debían atender ya no existen y en la Unión Europea se preguntan cómo se han empleado los fondos comunitarios destinados a las plantas.
Empleo y consecuencias económicas
En cuanto a su impacto sobre el empleo del sector, un estudio coordinado por la Universidad de Alicante y dado a conocer en marzo de 2010, demostró que la derogación del trasvase del Ebro impidió la creación de unos 520.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Estos son los argumentos de peso que han llevado a Arias Cañete a recuperar en el discurso del gobierno del Partido Popular la necesidad de realizar trasvases de las cuencas excedentarias a las deficitarias.
Un proyecto que ya ha encontrado la firme oposición de los dirigentes autonómicos catalanes, aragoneses y castellano-manchegos, a pesar de que la competencia en materia de regulación de recursos hídricos en los ríos que transcurren por más de una comunidad autónoma está reservada por la Constitución de forma exclusiva al Gobierno de España, tal y como establece su artículo 149.1.22.
La desalación cuando sí responde a una necesidad real
España está rodeada casi por todas partes por un inmenso volumen de agua que, así tal cual, no puede beber ni usar para riego: es salada. Este país no ha renunciado ni mucho menos a utilizarla.
Fue el primer país europeo en construir y poner en funcionamiento una planta desalinizadora de agua de mar, en Lanzarote allá por 1965, cuenta con la mayor planta de Europa de agua desalada y la mayor destinada exclusivamente al abastecimiento urbano, se encuentra en los puestos de cabeza del ránking mundial por capacidad de producción de agua desalada, por detrás de países del tamaño de EEUU o desiertos como Arabia Saudí y exporta experiencia y personal cualificado en esta área.
El 90,7% del agua que se consume en Lanzarote es agua de mar desalada. En Fuerteventura, el 79,6%. En Ceuta, el 85,2%.
Hay decenas de municipios que beben agua desalada de cuatro plantas gestionadas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, además de recursos de otras plantas del Segura que comparten con el regadío.
Hay grandes ciudades, como la ciudad de Almería, con su propia desaladora de gestión municipal como recurso imprescindible para el abastecimiento urbano.
Y ciudades costeras con grandes picos turísticos poblacionales, como la alicantina de Jávea, que llevan más de dos décadas con el suministro de agua respaldado por una desaladora dedicada al abastecimiento urbano que se considera un éxito y que, ahora que ha vencido la concesión con la empresa privada, el municipio se plantea gestionar de forma directa.
| Territorio | Porcentaje de agua desalada |
|---|---|
| Lanzarote | 90,7% |
| Fuerteventura | 79,6% |
| Ceuta | 85,2% |
| Melilla | Alrededor del 50% |
Lanzarote: el origen de la desalación española
28 de mayo de 1965, el BOE publicó la autorización a Termoeléctrica de Lanzarote para que empezase a funcionar la primera planta desaladora de Europa. Es en España.
El empeño del ingeniero naval Manuel Díaz Rijo de emular lo que estaban haciendo en EEUU se convertía en la solución al problema del agua que las islas llevaban buscando décadas.
Ni los grandes depósitos para lluvia, ni las canalizaciones, aljibes y maretas; ni los famosos ‘correíllos", barcos con agua llegados de Gran Canaria y Tenerife, habían funcionado.
Ceuta y Melilla
Frente a la dependencia de Marruecos, Ceuta obtuvo durante décadas el agua exclusivamente de los manantiales de Benzú, ubicados en el poblado de Bel-liunex (Marruecos).
Tras décadas de inversión en infraestructuras, canalizaciones, agua traída en buques, en 1995 se inicia la construcción de la Planta Desalinizadora de Agua de Mar de Ceuta, que ya ha tenido varias ampliaciones.
Alrededor del 50% del agua que consume Melilla es desalada. En el caso del abastecimiento urbano supera el 60%.
Tras años buscando igualmente fuentes de suministro, con limitaciones de consumo para la población de más de diez horas al día, en 2003 se decidió construir una desalinizadora.
En 2007, se inauguraba la planta de la Ciudad Autónoma de Melilla, con una capacidad de 7hm3 de agua al año. El pasado mes de diciembre, terminaban las obras de ampliación tras una inversión de 28 millones de euros.
El Prat de Llobregat
La dura sequía de la primera década del siglo obligó a adoptar soluciones de emergencia para el abastecimiento de Barcelona, como llevar agua en barcos, y planificar otras, como la derivación de agua desde el minitrasvase del Ebro.
Los trabajos se suspendieron por la llegada de las lluvias pero en el Plan Hidrológico de Primer Ciclo se planificaron, entre otras, infraestructuras de desalinización de las que solo se realizaron finalmente dos.
Ahora se han vuelto a planificar las dos plantas previstas entonces. La ampliación de la planta de la Tordera tiene una capacidad total tras ampliación de 20hm3/año.
La infrautilización en tiempos de sequía
España usa ampliamente desde hace décadas esta posibilidad. Sin embargo, en plena sequía, mientras afloran pueblos enteros otrora inundados por pantanos, los acuíferos están al límite en buena parte de las cuencas mediterráneas y se despliegan soluciones de emergencia de todo tipo, otra realidad emerge: hay desaladoras casi paralizadas a pesar de los cientos de millones invertidos en ellas.
Desaladoras a las que les falta el último tramo de canalización para llevar el agua donde iban a llevarla. Plantas que pertenecen a empresas privadas con las que se firmaron contratos de alquiler que hoy suponen decenas de millones al año aunque la desaladora prácticamente no se use.
Plantas construidas en terreno inundable que, al año de construirse, se inundaron y llevan una década sin funcionar. La mayoría de ellas están ligadas al ladrillo, a pesar de que el gran demandante de agua en prácticamente todas las cuencas es el sector agrario.
España no tiene memoria de sus sequías y eso, además de haber supuesto un enorme daño para los acuíferos, que se han utilizado para incrementar regadío en las épocas en que sí llovía, también ha aparcado planes y mantenido fuera del foco la situación de desaladoras construidas con cientos de millones de euros y prácticamente sin uso.
Ahora que, con la sequía afectando ya al abastecimiento humano, se vuelven a acelerar las medidas para sacar las desaladoras infrautilizadas del coma, es momento de contar la historia de cómo hemos llegado hasta aquí.
La dimensión del sistema de desalación en España
En España no existe un registro oficial de desaladoras que incluya las gestionadas por las diferentes administraciones y entidades.
A raíz de una petición de DATADISTA, la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) ha realizado durante el mes de febrero de 2024 una labor de recopilación de datos entre sus propios asociados con las de mayor producción.
Según esta asociación, en España hay más de 765 plantas desaladoras y desalabradoras instaladas con producciones superiores a 100m3/día. Más de 70 tienen una producción superior a los 10.000 m3/día.
Estas grandes plantas suponen el 77% de la produción diaria nacional.
El mapa de las grandes desaladoras en España muestra que la tecnología puede ser decisiva para territorios insulares, ciudades autónomas y municipios costeros con una demanda urbana elevada, pero que su utilidad depende de la demanda, de las conexiones, del coste energético y de la planificación territorial.
El debate político sobre el modelo hídrico
Estos son los argumentos de peso que han llevado a Arias Cañete a recuperar en el discurso del gobierno del Partido Popular la necesidad de realizar trasvases de las cuencas excedentarias a las deficitarias.
El consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, Antonio Cerdá, afirmó ayer que las últimas crecidas del río Ebro y el reciente cese del responsable de construir las desaladoras del Gobierno socialista, Adrián Baltanás, suponen «el colofón del fracaso de la política del agua de Rodríguez Zapatero».
El responsable de Agricultura subrayó que «estas dos situaciones dejan en evidencia que la alternativa propuesta por el Gobierno socialista, el denominado programa AGUA, ha sido un fracaso, ya que no ha proporcionado a la Región ni más agua, ni más barata, ni en menos tiempo, como promulgaron, sino todo lo contrario».
En este sentido, afirmó que «la derogación del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional que había elaborado el Gobierno del PP, marcó el inicio de la hoja de ruta del Gobierno de Rodríguez Zapatero para poner en cuestión el trasvase Tajo-Segura».
La crecida que sufre el río del Ebro, en la que se han alcanzado cerca de 1500 metros cúbicos por segundo a su paso por la ciudad de Zaragoza, «demuestra el desacierto y el gran equívoco que tuvo el Gobierno al derogar este trasvase», ya que se trata de crecidas, dijo, «que se repiten periódicamente varias veces al año y es agua que se vierte al mar sin que pueda ser aprovechada».
«El agua debe contemplarse como un bien esencial al que no se le pueden poner fronteras, pues es un recurso de todos los españoles», remarcó.
La continuidad de la apuesta por las desaladoras
El secretario general del PSOE anunció el año pasado que en el caso de gobernar su plan hidrológico incluiría una fuerte apuesta por las desoladoras frente a los trasvases.
El líder socialista se comprometió en Murcia a «desarrollar un verdadero Plan Hidrológico Nacional (PHN) en España, que el PP ha abandonado».
Ante una intervención sobre la necesidad de traer agua a Murcia, Sánchez afirmó que ha habido «mucha politización por parte del PP en el asunto del agua». De ahí que asegurase que hay que «modernizar los regadíos y apostar también por las desalinizadoras que tanto criticó el Gobierno del PP».
Además, Pedro Sánchez afirmó que él cree que las plantas de desalinización «son el futuro».
El programa A.G.U.A. (Actuaciones para la gestión y el uso del agua) puesto en marcha por la ministra Cristina Narbona en época del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se saldó con un estrepitoso fracaso.
Este verano, ante la situación de sequía, el Gobierno tuvo que subvencionar con 8 millones de euros el consumo de agua para regadío procedente de la planta de Torrevieja (cuya construcción costó 350 millones de euros) y la de Valdeventisco.
El coste de la desanilización es tan elevado que los regates no podían pagarlo. A pesar de esto, Pedro Sánchez mantiene intacta su intención de fomentar las desaladoras frente a alternativas como el trasvase del Ebro que contemplaba en su día del Plan Hidrológico Nacional del Gobierno de Aznar.
Las plantas como símbolo de una mala planificación
Las plantas desalinizadoras no están ni a medio construir, necesitan hasta 2.426 millones de euros para quedar terminadas, el precio del agua que producen en un disparate para los agricultores, los grandes proyectos urbanísticos que debían atender ya no existen y en la Unión Europea se preguntan cómo se han empleado los fondos comunitarios destinados a las plantas.
Los datos que maneja el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente perfilan un balance muy negativo que obligará a un rediseño completo del programa de desalinización del agua del mar.
Hay otros proyectos como el de Oropesa que ahora resultan como mínimo prescindibles. Después de gastar 100 millones de euros para abastecer un crecimiento urbanístico de 60.000 viviendas y 5 campos de golf, la zona no lo precisa porque no se ha construido nada y los ayuntamientos no quieren cargar con el coste del convenio pactado en su día con la empresa estatal de las desaladoras, Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
La consecuencia de la planificación basada en una demanda urbanística que no llegó fue una combinación de infraestructuras infrautilizadas, compromisos financieros municipales y costes de mantenimiento sin usuarios suficientes.
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