El Tribunal Constitucional español pasó a tener una mayoría progresista tras la renovación de cuatro magistrados: María Luisa Segoviano y César Tolosa fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial, mientras que Juan Carlos Campo y Laura Díez fueron nombrados por el Gobierno. El nuevo equilibrio quedó en siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, debido a la vacante de Alfredo Montoya.
La renovación modificó la composición ideológica del tribunal después de más de nueve años de mayoría conservadora y abrió una nueva etapa marcada por importantes asuntos pendientes, entre ellos los recursos contra la ley del aborto de 2010, la ley de eutanasia, la reforma laboral, la legislación de protección a la infancia y la Ley Rider.
Cómo cambió la composición del Tribunal Constitucional
La designación de María Luisa Segoviano y César Tolosa puso punto final al bloqueo que vivía desde hacía seis meses el tribunal de garantías. Con estos nombramientos quedaron elegidos los cuatro nuevos magistrados del Constitucional por sus respectivos órganos y se impuso una mayoría progresista después de nueve años y medio.
Con esta cesión, se desbloqueó la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional, es decir, cuatro magistrados, cuyo mandato había caducado desde el pasado mes de junio. Juan Antonio Xiol, vicepresidente del TC y progresista, y Santiago Martínez-Vares, conservador, fueron sustituidos por María Luisa Segoviano y César Tolosa.
Pedro González-Trevijano, presidente del TC y conservador, y Antonio Narváez, también del ala conservadora, fueron reemplazados por los dos magistrados nombrados por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática de Derecho Constitucional Laura Díez, ambos de tendencia progresista.
| Magistrado saliente | Tendencia | Nuevo magistrado | Órgano de designación |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Xiol | Progresista | María Luisa Segoviano | Consejo General del Poder Judicial |
| Santiago Martínez-Vares | Conservadora | César Tolosa | Consejo General del Poder Judicial |
| Pedro González-Trevijano | Conservadora | Juan Carlos Campo | Gobierno |
| Antonio Narváez | Conservadora | Laura Díez | Gobierno |
El nuevo equilibrio ideológico
La renovación cambió por completo el equilibrio interno del tribunal. Los nombrados por La Moncloa y la magistrada María Luisa Segoviano modificaron las mayorías, que quedaron en siete votos progresistas frente a cuatro conservadores debido a la vacante de un magistrado conservador que se encontraba de baja.
Una vez desbloqueada la renovación en el TC, el equilibrio de fuerzas se invirtió, pasando de seis a cinco votos favorables a los conservadores a siete votos progresistas frente a cuatro conservadores. La composición habría quedado en cinco conservadores cuando se designara al sustituto de Alfredo Montoya.
En estos momentos, en vez de doce los miembros del Constitucional son once, ya que Alfredo Montoya, del bloque conservador, renunció debido a una enfermedad. Su reemplazo corresponde al Senado, que aún no se ha pronunciado sobre si deben ser los populares quienes propongan al nuevo magistrado, que debe contar con tres quintos de los votos de la Cámara Alta.
Por qué la mayoría pasó a ser progresista
La mayoría del Tribunal Constitucional cambia de tendencia cada nueve años, cuando hay que renovar los dos juristas que elige directamente el Gobierno. Los otros diez miembros se eligen siempre con equilibrio, cinco conservadores y cinco progresistas.
Los dos magistrados designados por el Gobierno dependen del Ejecutivo que esté en La Moncloa. Por eso el Constitucional tuvo una mayoría progresista de siete a cinco después de la renovación de 2022, con Pedro Sánchez en el poder. Antes tuvo más de nueve años de mayoría conservadora porque los dos magistrados del Ejecutivo fueron renovados con Mariano Rajoy en La Moncloa.
La designación de los cuatro magistrados permitió corregir el desequilibrio producido por la renovación de 2013. El cambio afectó especialmente a la presidencia del tribunal, porque Pedro González-Trevijano salió del órgano junto con otros magistrados vinculados al sector conservador.
La renovación de 2013 y el origen de la mayoría conservadora
El 12 de junio de 2013 se renovó por última vez el tercio de magistrados correspondientes al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno, que en aquel momento estaba presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular.
El Ejecutivo eligió a Pedro González-Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y a Enrique López. Por parte del órgano de gobierno de los jueces fueron nombrados Santiago Martínez-Vares, considerado conservador, y el progresista Juan Antonio Xiol Ríos.
La renovación de 2013 terminó con la hegemonía progresista que había existido en el TC durante la década anterior. Los magistrados conservadores pasaron a sumar siete frente a cinco progresistas.
La salida de Enrique López
El nombramiento de Enrique López generó una fuerte polémica por su proximidad al Partido Popular y a sus postulados más reaccionarios, como cuando arremetió, siendo vocal del CGPJ, contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
A López le duró poco el asiento en el TC, concretamente un año. En junio de 2014 presentó su dimisión después de haber dado positivo en un control de alcoholemia tras ser interceptado en el Paseo de la Castellana de Madrid por la Policía por circular en moto sin casco y saltarse un semáforo en rojo.
Enrique López se vio forzado a renunciar como magistrado del TC al ser imputado de un delito contra la seguridad vial. Finalmente, un juzgado le impuso una multa de 1.400 euros y la retirada del carnet de conducir por ocho meses.
Para sustituirlo, el Gobierno de Rajoy eligió al jurista extremeño Antonio Narváez, que tomó posesión el 8 de julio de 2014.
El papel de María Luisa Segoviano y César Tolosa
El bloque progresista cedió finalmente por “sentido institucional”, permitiendo que los conservadores, que eran mayoría con diez a ocho votos, hicieran efectivo su veto al candidato José Manuel Bandrés, magistrado de la Sala Tercera del Supremo.
En el momento de la votación, los vocales progresistas Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Concepción Sáez, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda manifestaron que renunciaban al candidato que habían propuesto por “sentido institucional” y votaron unánimemente por los dos nombres propuestos por los conservadores: María Luisa Segoviano y César Tolosa.
María Luisa Segoviano había sido hasta poco antes presidenta de la Sala Cuarta del Supremo y fue la primera mujer en acceder a la presidencia de una sala del Alto Tribunal. César Tolosa era presidente de la Sala Tercera del Supremo.
Tolosa es de tendencia conservadora, mientras que Segoviano está considerada progresista. Por eso la propuesta del bloque conservador, que la incluyó como candidata junto con César Tolosa, no desagradó a los vocales progresistas, más allá de su resistencia al veto frontal de su candidato, José Manuel Bandrés.
Los vocales conservadores consideraban a Bandrés un candidato “gubernamental”, una valoración que fuentes del CGPJ calificaron de “sin fundamento”. “Alguien tiene que ceder”, señalaron otras fuentes del gobierno de los jueces.
La elección de la presidencia del Tribunal Constitucional
El cambio de mayoría abrió también la disputa por la presidencia del Tribunal Constitucional. La juez andaluza María Luisa Balaguer partía con cierta ventaja en las previsiones frente a su compañero Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado.
La nueva presidencia debía decidirse en una votación de un pleno del TC. La elección se consideraba previsiblemente progresista, aunque la designación final dependía de los apoyos internos y de la composición definitiva del órgano.
Los conservadores sostenían que lo que estaba en juego no era únicamente la actualización del tribunal de garantías, sino quién sería el futuro presidente en sustitución de Pedro González-Trevijano.
Bandrés, según esa interpretación, era un voto seguro y decisivo para llevar a Conde-Pumpido a la presidencia frente a la también progresista María Luisa Balaguer. Los conservadores confiaban en que Pablo Lucas, si era elegido, apoyara su nominación y decantara la balanza a favor de Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional.
La posible recusación de Clara Martínez de Careaga
La estrategia de la derecha judicial y política pasaba por influir en la elección de la presidencia del nuevo Tribunal Constitucional. Esteban González Pons afirmó, sin citar expresamente su nombre, que Clara Martínez de Careaga debería abstenerse de votar a los candidatos por ser la mujer de Cándido Conde-Pumpido.
En caso de que no lo hiciera, vocales conservadores sostenían que ellos no podían recusarla, pero que Pablo Lucas podría hacerlo por tener “interés directo”. Si lo hacía, consideraban que la recusación saldría adelante, lo que facilitaría su llegada al tribunal de garantías.
El bloqueo institucional que precedió a la renovación
La designación de los dos magistrados que correspondían al CGPJ cambió la situación de bloqueo que había afectado durante seis meses al Tribunal Constitucional.
Ocho vocales conservadores habían bloqueado durante los cinco meses anteriores la renovación del tribunal de garantías y forzaron una votación para sus dos candidatos. La propuesta consistía en que César Tolosa, por el lado conservador, y Pablo Lucas, por el progresista, sumaran once votos.
Para lograrlo necesitaban el apoyo, considerado muy complicado, de un vocal tránsfuga del grupo progresista, que ya había elegido a su candidato: José Manuel Bandrés.
El presidente del TC, Pedro González-Trevijano, se oponía a convocar el pleno para dar el visto bueno a los magistrados nombrados por el Gobierno. Alegaba que había que esperar a que el CGPJ designara a sus dos magistrados, tal y como indica la Constitución, que habla de una renovación por tercios, es decir, de cuatro magistrados a la vez.
La designación de María Luisa Segoviano y César Tolosa puso fin automáticamente al rechazo de González-Trevijano a convocar el pleno para dar el visto bueno a los magistrados nombrados por el Ejecutivo. El trámite para examinar a los cuatro nuevos magistrados era simbólico, pero necesario para completar la renovación.
La intervención del Tribunal Constitucional en la reforma de su renovación
La renovación se produjo después de una crisis institucional sin precedentes provocada por la propia intervención cautelarísima del TC, que impidió una votación en el Senado sobre la reforma destinada a desbloquear la renovación de los órganos judiciales.
La mayoría conservadora del Tribunal Constitucional votó a favor de prohibir la tramitación legislativa de la reforma que iba a desbloquear su propia renovación. La decisión paralizó por primera vez una tramitación parlamentaria y convirtió al tribunal en una “tercera cámara” capaz de cambiar el designio político marcado por el poder legislativo.
La crisis no se habría producido, a priori, si el TC hubiera estado renovado cuando correspondía, en junio de ese año. El bloqueo producido en el seno del CGPJ por ocho de los diez vocales conservadores condujo a esta situación inédita.
Aunque cambiaran los rostros y la tendencia de cuatro magistrados, el Constitucional ya había escrito una página negra de su historia con la paralización por primera vez de una tramitación parlamentaria, y ese hecho era irreversible.
Las reacciones políticas
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, denunció el deterioro de las instituciones por la captura de intereses partidistas de la cúpula judicial.
Díaz sostuvo que la suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma de los criterios de renovación significaba que, por primera vez en la historia democrática, los representantes del pueblo habían visto parcialmente suspendida su actividad legislativa.
También afirmó que el hecho era resultado de un proceso de deterioro institucional y de la resistencia del Partido Popular a cumplir la Constitución. Defendió el diálogo, la serenidad y una política constructiva.
Podemos y otros socios del Gobierno calificaron la decisión del Constitucional de “golpe sin precedentes a la democracia”. Ione Belarra afirmó que la derecha política, mediática y judicial había consumado un golpe contra la democracia.
Jaume Asens, portavoz de los comunes y miembro de Unidas Podemos, definió la resolución como un golpe contra el poder del pueblo y la separación de poderes. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, señaló que la corte de garantías había decidido paralizar un pleno del Senado que no le gustaba.
Íñigo Errejón, de Más País, lamentó lo que calificó de “atropello democrático” y anunció el registro de una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y evitar retrasos en la renovación de los magistrados.
Asuntos pendientes del nuevo Tribunal Constitucional
La nueva etapa del Constitucional tiene una serie de asuntos pendientes, algunos de largo recorrido y otros más recientes.
- Los recursos contra la Ley del Aborto de 2010.
- La ley de eutanasia.
- La reforma laboral relacionada con el error del diputado Alberto Casero.
- La ley de protección a la infancia.
- La Ley Rider.
- La ley de educación.
- La retirada del escaño a Alberto Rodríguez.
El recurso contra la Ley del Aborto de 2010
La Ley del Aborto de 2010 llevaba doce años esperando a que los magistrados se pronunciaran sobre si era inconstitucional la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación.
En ese momento estaba en vigor otra norma nueva, aprobada en diciembre. El recurso contra la legislación anterior constituía uno de los asuntos de mayor recorrido pendientes de resolución.
La ley de eutanasia y otras normas del Gobierno de coalición
Casi todas las leyes más importantes del Gobierno de coalición se encontraban recurridas ante el TC por el Partido Popular y Vox, entre ellas la ley de eutanasia y la nueva ley de educación.
También estaban pendientes de evaluación la ley de protección a la infancia y la Ley Rider. La nueva composición del tribunal debía decidir sobre estas normas en un contexto de cambio de mayorías ideológicas.
La reforma laboral y el error de Alberto Casero
Otro recurso pendiente de evaluación era la votación de la reforma laboral, relacionada con el error del diputado Alberto Casero.
El asunto se incorporaba a una lista de recursos en los que el tribunal debía examinar la validez constitucional de decisiones legislativas adoptadas durante la etapa del Gobierno de coalición.
El caso de Alberto Rodríguez
El Constitucional también debía examinar si fue justa la decisión de retirar el escaño a Alberto Rodríguez, diputado por Tenerife por Podemos, después de una condena menor.
La resolución sobre este asunto debía valorar la relación entre la condena, la pérdida del escaño y las garantías que corresponden a un representante parlamentario.
La crisis del Consejo General del Poder Judicial
El desbloqueo del Tribunal Constitucional contrastó con la falta de acuerdo para renovar el Poder Judicial y su máximo organismo, el Consejo General del Poder Judicial.
El CGPJ llevaba cuatro años con el mandato caducado y todos los intentos para pactar su renovación con el Partido Popular habían fracasado. El PP había aprovechado una mayoría ideológica a su medida.
Podemos, partido integrado en la coalición de Gobierno, criticó al PP por el bloqueo y lo comparó con el golpismo en Brasil tras el asalto a la sede gubernamental. El partido interpretó la negativa a renovar las instituciones como un rechazo a acatar el mandato constitucional que insta a mantener el equilibrio electoral.
El bloqueo del CGPJ fue uno de los factores que condujeron a la crisis del Constitucional. Ocho de los diez vocales conservadores habían impedido durante meses que el órgano de gobierno de los jueces designara a sus dos magistrados para el TC.
La renovación del Senado y el posible cambio futuro de mayoría
Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional elegidos por el Senado siempre se habían renovado mediante acuerdos entre el PP y el PSOE, dos para cada partido, de modo que la mayoría no cambiaba con ese tercio.
La mayoría cambiaba de tendencia cada nueve años, cuando se renovaban los dos juristas elegidos directamente por el Gobierno. Los otros diez miembros mantenían un equilibrio de cinco conservadores y cinco progresistas.
El reemplazo de Alfredo Montoya corresponde al Senado y debe ser aprobado por tres quintos de la Cámara Alta. El empecinamiento de los dirigentes de Alberto Núñez Feijóo en no negociar la renovación del CGPJ hacía prever dificultades para que el Senado aprobara un nuevo candidato conservador.
El Partido Popular podría intentar retrasar la renovación de los cuatro magistrados elegidos por el Senado hasta después de las próximas elecciones generales, previstas para 2027. Según la interpretación de los socialistas, los populares confiarían en obtener junto con Vox los tres quintos del Senado necesarios para elegir por sí solos a los cuatro magistrados.
Si esa estrategia tuviera éxito, la derecha podría romper la dinámica histórica de equilibrio y elegir cuatro magistrados conservadores en la Cámara Alta. La mayoría podría consolidarse todavía más en 2031, cuando correspondiera renovar a los magistrados elegidos por el Gobierno.
Se trataba de una posibilidad inédita y difícil, pero el PSOE consideraba que el PP había decidido jugar esa carta. El PP ya había bloqueado la renovación del CGPJ durante cinco años confiando en obtener una mayoría conservadora en el Congreso, que finalmente no consiguió por cuatro escaños en 2023.
La disputa política por el control del tribunal
El PP no parecía dispuesto a pactar con el Gobierno la renovación del Tribunal Constitucional porque, con la composición resultante, no ganaba una mayoría adicional y cualquier acuerdo con el PSOE podía ser utilizado en su contra por Vox.
La situación política del Ejecutivo de Pedro Sánchez, afectado por nuevas detenciones relacionadas con una trama de corrupción conectada con la del exsecretario de organización socialista Santos Cerdán, proporcionó al PP un argumento para rechazar la negociación.
Miguel Tellado afirmó que el Gobierno estaba “volando por los aires” y confirmó que el PP había decidido no sentarse con La Moncloa para pactar el Constitucional. También sostuvo que con ese Gobierno no se podía negociar absolutamente nada.
Tellado rechazó la propuesta que Félix Bolaños le había formulado veinticuatro horas antes para sentarse a negociar la renovación del tribunal de garantías. El secretario general del PP compareció de urgencia en el Congreso por las detenciones relacionadas con la supuesta trama de Leire Díez.
Alberto Núñez Feijóo vinculó la situación política a las perspectivas electorales del PP y afirmó que el partido no tenía techo en Extremadura, mientras que al Gobierno se le había caído el techo.
En ese contexto de crisis, el PP no quería ofrecer una imagen de acuerdo con el principal partido de la oposición, especialmente porque Vox suele atacar al PP por sus pactos con el PSOE.
El procedimiento que quedó retrasado
Antes del último escándalo de corrupción, el PP ya había retrasado el procedimiento para renovar a los cuatro magistrados, lo que indicaba que tampoco le interesaba alcanzar un acuerdo.
El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, no había iniciado el proceso en la Cámara Alta. Ese procedimiento comienza pidiendo a los parlamentos autonómicos que remitan al Senado sus propuestas de magistrados.
Rollán había trasladado a la Mesa del Senado en agosto la carta del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en la que le instaba a activar el proceso, pero desde entonces faltaba el siguiente paso.
Fuentes de la presidencia del Senado informaron de que Rollán llevaría a la siguiente reunión de la Mesa la comunicación a los parlamentos regionales. Sin embargo, Génova decidió bloquear la negociación y los socialistas se mostraron convencidos de que el bloqueo continuaría hasta después de las elecciones.
La continuidad de los magistrados con mandato prorrogado
Si no hubiera renovación, Cándido Conde-Pumpido y los otros tres magistrados seguirían en sus puestos con el mandato prorrogado, sin que ello planteara un problema de legitimidad.
El tribunal continuaría tomando decisiones relevantes, como el amparo a Carles Puigdemont para que pudiera volver a España y la resolución sobre otro amparo que previsiblemente llegaría, el del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
Cualquier reforma importante que aprobara un Gobierno del PP y Vox podría terminar en el Constitucional. Por eso la composición del tribunal resultaba decisiva para la evolución de los principales conflictos políticos y jurídicos del país.
El Tribunal Constitucional como órgano de garantía
Más allá de su trabajo diario, el primer objetivo del Constitucional era volver a un segundo plano después del protagonismo inusitado que había adquirido el 19 de diciembre, cuando actuó como “tercera cámara” para modificar el designio político marcado por el poder legislativo.
La renovación alteró la correlación de fuerzas, pero no borró la controversia institucional provocada por la paralización de una tramitación parlamentaria. El cambio de tendencia del tribunal quedó así vinculado tanto a su nueva mayoría progresista como al debate sobre los límites de su intervención en el procedimiento legislativo.
Las recusaciones de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez perdieron todo el sentido después de que ambos quedaran obligados a abandonar el TC.
¿Qué es el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? (¿Qué funciones tiene?, ¿Quién elige a sus miembros?)
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